El mandatario aseguró que en las tres situaciones señaladas lo que ocurrió fueron errores administrativos, que ocurren con alguna frecuencia, pero que al descubrirse han sido enmendados y las funcionarias han devuelto las sumas recibidas de más.

“Esta Administración ha actuado siempre apegada de manera estricta a los principios de transparencia y legalidad. Cuando hemos detectado que puede haber un error en el pago que  han percibido algunas funcionarias, las personas aludidas han renunciado al beneficio cuestionado y reintegrado los recursos de acuerdo con lo que establece la ley”, manifestó Solís en una declaración emitida esta mañana.

”Ningún jerarca (en esta administración) se ha apropiado de fondos públicos ni ha cometido acto alguno de corrupción y tampoco existe algún procedimiento judicial que así lo indique”, aseguró Solís.

“Esto es necesario recalcarlo porque en las últimas semanas han arreciado los intentos fallidos de diferentes personas para señalar actos de corrupción donde no los hay. Han arremetido contra mi familia, mis hijos, mis hermanos, sin que se pueda encontrar ninguna acción indebida”, apuntó el gobernante.

“Han intentado cuestionar  a prácticamente todo mi gabinete, sin que haya una sola acusación fundamentada. Han intentado manchar nuestro honor sin que haya una sola mácula de corrupción, en un gabinete donde incluso hay jerarcas que no cobran su salario, o que han aceptado su puesto renunciando a posiciones mejor remuneradas”.

“Sabemos que están desesperados y que seguirán intentando señalar trochas de corrupción donde solo hay puentes de amor por el país”, afirmó Solís con  un juego de palabras con que aludió de manera bastante directa a un sector de oposición.

Las viceministras de Gobernación, Carmen Muñoz, y de Vivienda, Ana Cristina Trejos estuvieron recibiendo durante varios meses un incentivo salarial al que no tenían derecho por no cumplir todos los requisitos académicos, pero en ambos casos se estableció que la situación se originó en errores de las respectivas oficinas de recursos humanos.

Ambas renunciaron al incentivo y devolvieron el dinero recibido en tractos según establece la legislación para esos casos.

El tercer caso es el de la viceministra de la Presidencia, Ana Gabriel Zúñiga, quien  recibe un plus por prohibición equivalente al 65% de su salario base.  Según el criterio de una procuradora, la funcionaria solo tendría derecho a un 40% de incentivo por no estar incorporada al colegio profesional respectivo, pese a ser egresada de la carrera.

Zúñiga asegura que la opinión de la procuradora es equivocada y afirma que demostrará su punto de vista, pero de igual manera decidió renunciar a ese 20% en controversia mientras se da un pronunciamiento oficial. En caso de que sea contrario a su criterio, devolvería el dinero recibido de más, anunció Solís.