No más me sumergí en la revisión de algunos datos, cuando comencé a otear un horizonte convulso, una batalla feroz entre las grandes multinacionales de la industria farmacéutica, así como de los gobiernos de los países ricos en donde ellas están domiciliadas.

Esa batalla comercial, acre, con frecuencia sucia y desleal, no presta ninguna atención a las peticiones reiteradas del Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, el cual expresó: “Esta es, sobre todo, una crisis humana que llama a la solidaridad.” E indicó seguidamente que, “…las respuestas a nivel de país no abordan la complejidad global de la pandemia, que afectará principalmente a los países más pobres y a las mujeres, y que en estos momentos hay que dar paso a una serie de políticas coordinadas, decisivas e innovadoras por parte de las economías líderes del mundo.” Expresó además una idea que juzgo medular en este momento: “Si se hace bien -agregó- podemos dirigir la recuperación hacia un camino más sostenible e inclusivo…La solidaridad mundial no sólo es un imperativo moral, sino que redunda en beneficio de todos.” (Discurso en Naciones Unidas, 19 de marzo 2020)

En lugar de eso, ¿qué es lo que han hecho los gobiernos y las principales empresas de la industria farmacéutica de los países desarrollados en los que se produce la vacuna? Los países ricos, han caído en la tentación del proteccionismo comercial y se han envuelto en una espiral de enfrentamientos entre ellos, frente a los países emergentes como China y la India, que buscan producir su propia vacuna y en contra de Cuba el único país subdesarrollado que está en fase III de la investigación de dos de sus vacunas, la “Soberana 2” y “Abdala”. Veamos algunos hechos:

1-La propia OMS ha señalado que el 75% de las vacunas distribuidas y suministradas hasta el momento, han estado concentradas en 10 países ricos del Planeta. “La carrera global por una vacuna contra el COVID ha sido, probablemente, una de las más decisivas y frenéticas de nuestro tiempo” expresó Andrea Taylor, quien dirige un proyecto de investigación de vacunas a nivel global, denominado “Launch and Scale Speedometer”. Al mismo tiempo se afirma que la distribución desigual de vacunas entre países ricos y pobres espoleará que el virus siga propagándose y mutando; así lo verifica este estudio reciente de la Universidad de Duke en Los Estados Unidos, cuyo trabajo asegura que la forma como se distribuyen actualmente las vacunas acarreará otro grave peligro para la salud pública a escala mundial. (Liman, Lioma. BBC, 4 de febrero 2021)

2- A raíz de lo anterior, se constata, un abierto enfrentamiento entre quienes defienden los derechos de propiedad intelectual, en un momento tan apremiante como este, y los países que piden acceso a suministros y fármacos más baratos para salvar vidas.

3- Algunas de las empresas multinacionales importantes de la industria del ramo han comenzado a inflar el costo de los medicamentos, en ocasiones de manera exorbitante; es el caso del remdesivir, cuyo precio fue fijado en $3.000 dólares por paciente, cuando su costo de producción es tan solo de $10 dólares. Poco después se supo que las aseguradoras debían pagar $3.120 dólares, por un tratamiento de cinco días por paciente. Además, se sabe que la empresa no debió incurrir en costo alguno por la investigación médica para probar la eficacia del fármaco contra la COVID-19, ese costo fue asumido por los institutos de salud de Los Estados Unidos. Las investigaciones las había realizado la empresa contra otras enfermedades sin resultados positivos, como la hepatitis C. (Véase Navas María Elena, BBC, 17 de julio del 2020). El fármaco pertenece a la empresa estadounidense Gilead. El propio gobierno ya extinto de Trump incurrió en el delito contra la humanidad de comprar (y acaparar con ello), prácticamente toda la existencia mundial de remdesivir. En Estados Unidos, las empresas farmacéuticas se desenvuelven con entera libertad en el mercado, ellas son las que fijan los precios, pues no existe control alguno (el único control es político), al no haber seguridad social, a diferencia de lo que ocurre en Inglaterra, por ejemplo.

4- Actualmente campea un secretismo grande y grave en torno a la firma de los contratos entre las empresas farmacéuticas productoras de la COVID-19 y los gobiernos de los países ricos que compran las vacunas. El primer contrato disponible para que fuese firmado entre la Unión Europea (UE) y la empresa Alemania CureVac, no contenía el precio de la dosis, faltaba el calendario de entrega, y estaba censurada la cantidad de dinero pagada por adelantado. Ese contrato, dicen Matt Apuzzo y Selam Gebrekidan, se le supone uno de los más transparentes. (The New York Times, 3 de febrero, 2021).

5- La batalla campal entre empresas ha llevado a descalificar las pruebas clínicas de algunas vacunas, como ocurrió, por ejemplo, en el caso de la vacuna de AstraZéneca producida en conjunto con la Universidad de Oxford. Es cierto que los resultados de las pruebas clínicas realizadas en Reino Unido inicialmente sólo habían registrado un 62% de efectividad, y además se difundió que la vacuna podía provocar como efecto secundario trombosis en algunos casos. Pero, por otro lado, el Reino Unido argumentó que la mayor prueba la constituye los más de 17 millones de vacunados entre Reino Unido y países de la UE. Además, aunque luego se hicieron ensayos con una población mayor en Los Estados Unidos, Chile y Perú, que arrojó un porcentaje de efectividad del 79% y 100% en casos de gravedad y se señaló ausencia de peligro en la formación de coágulos de sangre, algunos países europeos, entre otros Alemania, Francia, España e Italia, han continuado rechazando dicha vacuna. A esta altura, tanto la OMS como la Agencia Europea de los Medicamentos (AES), aseguraron que no existe evidencia para poner en duda la vacuna en cuestión. (Ver, BBS News Mundo, actualizado al 18 de marzo 2021)

Concluyo proporcionando las siguientes estimaciones: el 90% de los habitantes de casi 70 países de ingresos bajos, tendrán pocas posibilidades de vacunarse contra la COVID en 2021. De ahí se desprende que el virus seguirá mutando y tornando ineficaces las principales vacunas. Las naciones de ingresos altos tienen el 16% de la población mundial, pero cuentan con un 75% de las dosis vendidas. Las consecuencias podrían ser, de no corregirse el rumbo, devastadoras para los países de ingresos medios y bajos. Una unidad de los gobiernos de estos últimos países en torno a la ONU, sería algo tan complejo, como imprescindible.