PRIMERA PARTE

El accidentado Proyecto de Reforma Procesal Laboral (PRPL) se empezó a tramitar en la Asamblea Legislativa desde 2005 (Exp. Nº 15990). Múltiples han sido las vicisitudes que ha sufrido este proyecto en el tormentoso camino legislativo; hasta que fue aprobado en segundo debate (set./2012) y luego parcialmente vetado por el Gobierno de la República, en materia de huelga en servicios esenciales.

No me voy a referir a esos desafortunados incidentes, los cuales quedaron registrados en otros artículos que anteriormente preparé. En esta oportunidad, resumiré las principales razones jurídicas, sin entrar en cuestiones de peccata minuta procesal, por las cuales no he estado de acuerdo con el contenido sustancial de este proyecto.

1.- El nuevo modelo del proceso ordinario de trabajo: ¿justicia pronta y cumplida o maquila judicial?

Todos estamos de acuerdo con que la Justicia tiene que ser pronta y cumplida, un lírico precepto constitucional (art. 41 C.P.) Pero la tan aspirada prontitud de la justicia, con mayor razón en materia laboral y social, no tiene porque ser a expensa del sacrificio de la calidad de la justicia y detrimento de la tutela judicial efectiva.

El proceso ordinario de trabajo, el más común que se tramita en los Tribunales de la República, lo rediseña el proyecto de ley, en términos muy generales, en línea con el principio de oralidad, avance del proceso por audiencias y un nuevo esquema de la fase recursiva.

El avance por audiencias, que desde el punto de vista técnico-jurídico viene a complejizar el proceso laboral, se puede resumir de la siguiente manera: 1) presentación, contestación de la demanda y otras cuestiones previas, 2) audiencia preliminar, 3) audiencia de juicio y 4) fase revisora (recursiva).

El enfoque de la fase revisora se presenta de esta nueva forma: el juez dicta la sentencia de primera instancia, susceptible del correspondiente recurso impugnativo, ya sea el recurso de apelación o casación.

El esquema recursivo que establece el Código de Trabajo vigente, que contempla tres instancias, lo modifica el PRPL, que elimina, de un solo plumazo, una instancia judicial de debate.[1]

Entonces, tenemos que en este proyecto, el recurso de casación se presenta directamente contra la sentencia del proceso ordinario –de cuantía inestimable o mayor cuantía-, sentencias dictadas en los procesos de protección de fueros especiales y tutela del debido proceso. En estos procesos ordinarios y especiales, de conformidad con las normas de PRPL, ya no existe recurso de apelación contra la sentencia (no hay segunda instancia). En los demás procesos, la sentencia solo se puede impugnar mediante el recurso de apelación.

La principal crítica que merece esta parte del proyecto, empieza justamente con la sentencia de primera instancia, que le compete dictar a un juez unipersonal, que solo puede ser combatida, en aquellos supuestos (sentencia en procesos ordinarios o especiales por fueros especiales y debido proceso), por la vía del recurso de casación; o en su defecto, apelada ante un tribunal.

Dentro de este esquema concentrado, no es pertinente, idóneo ni conveniente, que sea un órgano unipersonal el encargado de dictar la sentencia. Si se está eliminando la segunda instancia –la instancia de apelación- y la sentencia solo puede ser impugnada por la vía del recurso de casación, por lo menos, el órgano competente para dictar el fallo de primera instancia, debió estar integrado de manera colegiada, es decir un tribunal.

¿Por qué razón lo anterior? Porque la integración colegiada del órgano decisor tiene la ventaja que garantiza un análisis más profundo del caso, la deliberación y mayor autocontrol de las decisiones judiciales.

La atribución a un juez unipersonal de esta importantísima decisión, el dictado de la sentencia de fondo, es una de las principales flaquezas que tiene este modelo. Si de alguna manera se pudiera justificar razonablemente la eliminación de la segunda instancia, por lo menos, para compensar este sacrificio, el legislador debió asegurar la integración colegiada del órgano resolutor.

Para defender esta suerte de economía procesal, que suprimió la segunda instancia, se ha argumentado que en otras materias (contencioso administrativo, proyecto de Código Procesal Civil), el legislador estableció un tratamiento similar. Esta justificación es discutible, pero no es menos cierto que en esas otras modernizadas ramas del ordenamiento jurídico, la sentencia de primera instancia la dicta un tribunal colegiado, que ofrece más garantías que una sentencia dictada en su intimidad por un solo juez.

Esa regulación indica que la lógica del modelo fue ahorrar costos y reducir el precio final del producto. Es decir, maquilar el proceso, devaluando la Justicia.

Además, hay otro aspecto que no se ha ponderado y debe llamar a reflexión. El modelo puede provocar, por contrario, una excesiva mora judicial. Si en la actualidad hay un considerable rezago, no obstante que reconocemos los esfuerzos que está haciendo el Tribunal de Casación, no nos podemos imaginar que podría ocurrir si las sentencias de primera instancia se recurren directamente ante la Sala.

2.- Formalismos procesales que desnaturalizan el recurso de casación laboral: denegación de tutela judicial efectiva.

En la actualidad, el recurso de casación laboral no está sujeto a formalismos o ritualidades procesales; se trata simplemente de una “tercera instancia rogada”.

Por contrario, amén que las sentencias dictadas en aquellos procesos no tendrán recurso de apelación, en el PRPL la admisibilidad del recurso de casación queda subordinada al cumplimiento de un conjunto de formalismos procesales, impertinentes en esta materia laboral (artículos 587, 588, 590, 595). La redacción de estas normas procesales tiene una rancia connotación civilista, incompatible con esta materia social.

Estos formalismos desnaturalizan el carácter del recurso de casación laboral, imponiendo obstáculos al acceso de la justicia, irreconciliables con el principio de tutela judicial efectiva. Sin lugar a duda, un notorio retroceso, que permite afirmar: “El Tribunal está cerrado para los pobres” (Ovidio)

3.- Supresión del recurso de casación en materia de riesgo de trabajo.

El proyecto no admite el recurso de casación en esta materia, lo cual no tiene justificación. La exclusión de la materia de riesgos de trabajo, de suma importancia para la clase trabajadora, es arbitraria y representa otro retroceso.

4.- Defensa pública y gratuita: publicidad engañosa.

El PRPL establece que los trabajadores/as que tengan un ingreso inferior al monto de dos salarios bases del auxiliar judicial, tienen derecho a una defensa pública y gratuita. El sistema de defensa pública y costeada por el Estado, es una indiscutible necesidad que tienen los trabajadores, principalmente del sector privado.

No obstante, el último artículo “transitorio” del Proyecto, establece que mientras no esté funcionando el sistema de defensa gratuita, no se exigirá el patrocinio letrado; es decir, el trabajador podrá comparecer por si solo en juicio, sin que sea necesario que lo represente un profesional en derecho.

Este artículo “transitorio” deja completamente en el aire el sistema de defensa gratuita, señal inequívoca de que no existe la menor voluntad política de comprometer recursos presupuestarios para financiar esta defensa. La defensa pública, con este artificio legislativo, se quedará para las calendas griegas.

Tanto que se ha dicho que esta es una de las principales conquistas del proyecto, pero se oculta advertir que no se le procuraron fuentes de financiamiento propias, la cual quedó completamente enervada por esta disposición transitoria.

El Transitorio implica un entierro técnico de la defensa pública y gratuita. Tan es así que para tratar de resucitarla, a finales del año pasado, se presentó un nuevo proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que crea un timbre solidario, para financiar la defensa pública en asuntos laborales y pensiones alimentarias, que está sujeto al ordinario trámite legislativo. La misma motivación de este proyecto reconoce la grave falencia que contiene el PRPL:

“No obstante, estas loables reformas han adolecido de una limitación fundamental: las nuevas funciones de asesoría legal se han venido recargando en la Defensa Pública, pero han carecido de la creación de nuevas fuentes de financiamiento que den contenido económico a estas importantes funciones, sin depender exclusivamente del limitado y comprometido presupuesto ordinario del Poder Judicial.

A través del presente proyecto de ley se pretende corregir esta limitación.” (Exp. Nº 18.568)

Por otra parte, hay que tener absolutamente claro, que el nuevo modelo del proceso ordinario de trabajo está construido en función del principio de oralidad y avance por audiencias (preliminar y de juicio). Esto implica una mayor tecnificación jurídica del proceso laboral.

Este nivel de complejidad jurídica, exige, en orden a la defensa técnica y material, que el trabajador sea asistido necesariamente por un profesional en derecho; de lo contrario, mientras no se establezca la defensa pública y gratuita, en todo el país, veremos a un quijote luchando solo contra las aspas del nuevo proceso.