Esta reforma afecta al artículo 4 de la Ley de la Defensoría (Nº 7319, noviembre, 1992 y sus reformas) que desde ahora impide a las personas que “ejerzan o hayan ejercido el cargo de diputado o diputada durante el mismo período constitucional en el que se realice el nombramiento” postularse para Defensor o Defensor adjunto de los Habitantes.

La reforma también señala que: “Quién ejerza éste cargo, debe tener la mayor independencia política que sea posible, respecto a partidos políticos y en relación a los distintos poderes del Estado. Esta independencia es esencial, porque la función principal de la Defensoría es proteger a los y las habitantes  frente a los abusos de poder de los gobernantes y funcionarios públicos”. Este texto aprobado por el Congreso fue presentado por el ex legislador José María Villalta, del Frente Amplio.

En los fundamentos de la reforma a esta Ley señala que “desde que se instituyó la Defensoría de los Habitantes, es evidente que el cargo se ha ocupado con una clara vinculación política, ya que tres de los cinco Defensores, han pasado de la Asamblea a la Defensoría o de ésta al Parlamento”.

Para el diputado del FA, Edgardo Araya, la reforma cierra un portillo para que se siga usando a la Defensoría con fines partidarios: “el objetivo de esta iniciativa es mantener la independencia política de este cargo, al tiempo que aseguramos que se respete el criterio de igualdad para el resto de personas que concursen” añadió.

Ambos puestos se encuentran vacantes, desde que a finales de junio renunciara la ex Defensora Ofelia Taitelbaum y en el caso del ex Defensor adjunto, Luis Fallas, debido a que su nombramiento venció en enero pasado y la Asamblea Legislativa no ha nombrado al sucesor.

La modificación aprobada incluyó el mismo requisito para el nombramiento del  Defensor Adjunto que se escoge mediante una terna propuesta por la persona electa como Defensor o Defensora al Plenario Legislativo.

El artículo 4 establece que “Podrá ser nombrada Defensor o Defensora de los Habitantes de la República, la persona costarricense que se encuentre en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos; que sea mayor de treinta años, con solvencia moral y profesional de prestigio reconocido”.

Añade el artículo 4 que la Asamblea Legislativa debe designar una Comisión Especial para analizar los atestados de las personas que opten por el puesto de Defensor o Defensora de los Habitantes de la República “de conformidad con lo que prescriba el Reglamento de Orden, Dirección y Disciplina Interior de la Asamblea Legislativa”.

Estas funciones le corresponden a la Comisión de Nombramientos señaló la diputada Maureen Clack (del PLN), días atrás, cuando se anunció que el plazo para la recepción de postulaciones cierra la primera semana de agosto.

“Los miembros de la Comisión tomamos el acuerdo de sesionar horas extra para acelerar el proceso de selección de los aspirantes que cumplen los requisitos y formarán parte de la terna que se presentará al Plenario para la elección del futuro Defensor y Defensora de los Habitantes” dijo Clark.