Alegando que la propuesta podía dar lugar a confusiones, en el sentido de hacer extensiva la norma a otras elecciones secretas, los legisladores cristianos pusieron su voto para mantener las votaciones sobre elección de magistrados en el secretismo.
En total, 14 diputados del PRN y de PNR votaron en contra de la reforma al reglamento legislativo, junto a uno del Partido Liberación Nacional, otro del Partido Unidad Socialcristiana y un independiente, frente a 34 de las demás fracciones que se pronunciaron a favor. La reforma requería de mayoría calificada, es decir, 38 votos.
En los últimos años, grupos de diputados han intentado “castigar” a los magistrados por sus fallos, tratando de impedir su reelección cuando cumplen un periodo de 8 años, lo que ha sido interpretado como una amenaza latente a la independencia del Poder Judicial.
La Constitución Política establece que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia son nombrados por la Asamblea Legislativa por un periodo de 8 años y pueden reelegirse por iguales periodos sucesivos, a no ser que al menos dos tercios de los diputados se pronuncien justificadamente en contra de su reelección.
El último caso, en junio pasado, fue el del magistrado Paul Rueda a quien cinco de los siete integrantes de la comisión de nombramientos del Congreso recomendó no reelegir, pese a que el informe era explícito en que no había encontrado ninguna causa para separarlo de su cargo.
Los que así se pronunciaron fueron precisamente los diputados evangélicos Carlos Avendaño y Xiomara Ramírez de Restauración Nacional, Dragos Donalescu del Partido Republicano Socialcristiano (PRSC); Rodolfo Peña del Partido Unidad Socialcristiana y Luis Fernando Chacón de Liberación Nacional.
Este informe fue motivo de una intensa polémica y finalmente la votación en plenario ratificó al magistrado. Fue a raíz de estos hechos que surgió la propuesta de reformar el reglamento para hacer el voto público para este tipo denombramientos.
