Para la elaboración de la encuesta se aplicaron 720 entrevistas a personas mayores de 18 años, los días 13, 14 y 16 de agosto, por medio de teléfonos celulares. Los resultados tienen un nivel de confianza del 95%, señala la ficha técnica del estudio.
Según la subdirectora del CIEP, María José Cascante, aunque el artículo 21 del Código Penal de Costa Rica establece que las mujeres gestantes pueden tener acceso a la protección de su salud y vida mediante la interrupción del embarazo, se carece de un protocolo que establezca los términos de aplicación de esta normativa.
La académica señala que la falta de claridad respecto al procedimiento deja a criterio de los médicos y enfermeras obstétricas la valoración respecto a los riesgos en la salud de las embarazadas y permite que muchas veces el personal de salud tome decisiones mediadas por valoraciones de tipo religioso.
Las personas que expresaron su apoyo al aborto terapéutico están entre los 18 y 34 años de edad, cuentan con estudios universitarios, residen en el área central del país y tienen poco o ningún apego a la religión.
En contraste, el 45% que se opone a esta opción son personas mayores de 35 años, con estudios primarios y secundarios, residentes en las provincias costeras y fronterizas y son muy apegados a a la religión.
En este grupo predominan los electores que apoyaron al Partido Restauración Nacional (PRN) en las recién pasadas elecciones, mientras que los que apoyan la opción del aborto terapéutico pertenecen a una amplia gama de otros partidos políticos no confesionales.
Cascante considera que las críticas respecto al tema son favorecidas por la carencia de información veraz, científica y laica, lo cual también explica que la población con estudios universitarios tenga una posición favorable como resultado de un mayor acceso al conocimiento científico.
“Las críticas vienen por falta de información y generan una sociedad mal informada, donde los mediadores no son personas que están basándose en ciencia, sino muchísimas veces en sus creencias, en su moral y sus opiniones respecto a la maternidad y a mandatos sociales que reprimen a la población” enfatizó Cascante.
Agregó que, la presencia de la mayor cantidad de opositores en las zonas costeras podría estar asociada con la influencia de mediadores de opinión pública que replican información que no es veraz, para “contener a la población desde un espectro de desinformación respecto a la salud sexual y reproductiva”
“Después de las elecciones del 2018 hay una fractura entre el Valle Central y las provincias costeras, respecto a todo lo que son los derechos humanos, derechos sexuales y reproductivos” agregó.
La subdirectora del CIEP enfatizó la importancia de que se divulguen este tipo de estudios y resultados, pues permiten evidenciar que en muchos procesos de toma de decisiones existen actores que de forma errónea se abocan tener la voz del pueblo, aunque en realidad no la representan.
“Aquí queda claro que hay una gran mayoría que está a favor de que ya se salga de esta deuda que tiene el estado costarricense con la vida y la salud de las mujeres. Debemos escuchar a la población en el proceso de toma de decisiones y no a estos actores políticos que se abocan la labor de comunicar lo que piensa el pueblo” concluyó.
