“El Estado costarricense, la institucionalidad, la sociedad, y en este caso, la comunidad educativa debe denunciar las situaciones de relaciones impropias, y particularmente, se debe desnaturalizar dichas relaciones, dado que situaciones que se toleraron y hasta fueron válidas ayer, hoy son absolutamente inaceptables y demandan respuestas inmediatas y ejemplarizantes”, manifestó la Defensora, Catalina Crespo.

La Defensoría de los Habitantes exhortó al MEP a reforzar la identificación de casos de abuso, aplicar con rigor los protocolos y adoptar reformas para mejorar la tutela de los derechos y la seguridad de las y los estudiantes en los centros educativos luego de estudiar un caso que se dio en un colegio de la zona norte, que dejó en evidencia serias debilidades en el protocolo de actuación.

Para la Defensoría, urge adecuar el Protocolo de actuación en situaciones de violencia física, psicológica, sexual, acoso y hostigamiento sexual a la nueva ley sobre relaciones impropias, para lo cual se emitió la circular DM-0052-09-2018, el 24 de setiembre de 2018, mediante la cual se realiza una adición a dicho Protocolo con respecto a la denuncia e investigación de faltas de connotación sexual, incluyendo las relaciones impropias.

No obstante, considera la Defensoría, hace falta que el “Ministerio de Educación establezca las tipologías necesarias en los procesos administrativos disciplinarios y en las bases de datos estadísticos que permitan al Ministerio la detección y el seguimiento de las situaciones de hostigamiento sexual, abuso sexual y relaciones impropias en contra de las y los estudiantes”, puntualiza en el oficio que remitió este viernes al MEP.

“Para este ente defensor, el MEP debe, en sede disciplinaria y una vez iniciada la causa, realizar un análisis pormenorizado con el fin de adoptar las medidas cautelares urgentes, necesarias y pertinentes que permitan proteger a las partes denunciantes y/o a las víctimas en aquellos casos en que exista riesgo para la integridad física, psicológica, emocional o sexual de personas menores de edad de las personas denunciantes".

Toda el área que exhortó la Defensoría a reforzar de inmediato son los módulos de capacitación y sensibilización sobre la Ley 9406 (“Fortalecimiento de la protección legal de las niñas y las adolescentes mujeres ante situaciones de violencia de género asociadas a relaciones abusivas) y en particular, llamó a trabajar intensamente la capacitación de los estudiantes sobre los derechos de las niñas, los niños y adolescentes a una vida sin violencias de ningún tipo y en sus derechos humanos particulares, con mayor urgencia “en las zonas de mayor incidencia de relaciones impropias y/o abuso sexual, entre las que se encuentra la zona norte de nuestro país”, manifestó la Defensora de los Habitantes, Catalina Crespo.

Sanciones ejemplarizantes

La información del Departamento de Gestión Disciplinaria del MEP, da cuenta de que en el año 2017 se abrieron cuatro causas disciplinarias por relaciones impropias, de las cuales tres fueron archivadas y una concluyó con un cese de labores sin responsabilidad patronal.

En 2018 tramitaron ocho causas: dos fueron absueltos, dos se archivaron, una está en trámite, una se resolvió con cese sin responsabilidad patronal, otra con gestión de despido ante Servicio Civil y una más con procedimiento administrativo disciplinario suspendido.

“Ante esta realidad, desde la publicación de la Ley, la Defensoría de los Habitantes ha venido dando seguimiento a su implementación y su debida aplicación, dado que esta ley viene a fortalecer la protección de las personas menores de edad y a prevenir situaciones de violencia y abuso físico, sexual, emocional y económico”.

Los resultados de las escasas denuncias que se concretan ante las autoridades, motivó la exhortación de la Defensoría ante el MEP para que en los centros educativos ante la denuncia se aplique con rigor el protocolo de protección a los menores con “respuestas inmediatas” y sanciones “ejemplarizantes”, pidió la Defensora.