Marcos Castillo, presidente de la agrupación explicó que existen numerosas partidas específicas para diócesis, colegios católicos y parroquias que suman unos 8.000 millones de colones los cuales el gobierno entrega “a ojos cerrados”, sin ejercer ningún control ni pedir cuentas.

La contribución del Estado a la iglesia católica “riñe groseramente” con el déficit fiscal que mantiene al país en vilo y es una negación de los principios de austeridad que deben privar en el gasto público, afirmó el dirigente del organismo que defiende los derechos de la población homosexual y  bisexual.

“Se sabe que la iglesia católica es una de las organizaciones más ricas de la Tierra, que a nivel nacional tiene acciones en empresas fuertes financieramente, que recibe contribuciones de sus fieles y que cuenta con exenciones fiscales por importaciones y de impuestos territoriales. Consideramos que esas exenciones son ya suficientes, no debe gastarse más en mantenerla”, afirmó Castillo.

El presidente Luis Guillermo Solís y el Partido Acción Ciudadana (PAC), que lo llevó al poder, se han pronunciado en favor de un estado laico, lo que implicaría eliminar el artículo constitucional que define la religión católica como la oficial del Estado.

Esa misma norma de la Constitución establece la obligación del gobierno de contribuir al sostenimiento económico de la iglesia.