Principalmente, lo que se acordó en el punto de justicia fue crear una jurisdicción especial para la paz, que contará con salas de justicia y con un Tribunal Especial. Éstos estarán integrados especialmente por magistrados colombianos y una participación, minoritaria de juristas extranjeros.

La función de estos dos mecanismos será, según el acuerdo “acabar con la impunidad, obtener verdad, contribuir a la reparación de las víctimas y juzgar e imponer sanciones a los responsables de los graves delitos cometidos durante el conflicto armado, particularmente los más graves y representativos, garantizando la no repetición”.

En declaraciones entregadas desde La Habana, el Jefe de Estado y el máximo cabecilla de las Farc se explicó que el componente de justicia prevé que a la terminación de las hostilidades, el Estado otorgará la amnistía más amplia posible por delitos políticos y conexos. Una ley de amnistía precisará el alcance de la conexidad.

En todo caso no serán objeto amnistía o indulto las conductas tipificadas en la legislación nacional que correspondan con delitos de lesa humanidad, el genocidio y crímenes de guerra, como la toma de rehenes, secuestro, tortura desplazamiento forzado, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales y violencia sexual.

La jurisdicción especial para la paz tendrá competencia para juzgar no sólo a los miembros de la guerrilla sino a todos los agentes del Estado por los delitos cometidos en el contexto de la guerra y contempla dos tipos de procedimientos, uno para quienes reconocen verdad y responsabilidad y otro para quienes no lo hacen o lo hacen tardíamente.

Para quienes reconozcan delitos de lesa humanidad se establecen penas que van desde los 5 a los 8 años, de restricción efectiva de libertad en condiciones ordinarias. De querer acceder a una pena alternativa, el beneficiario deberá comprometerse con su resocialización a través del trabajo, capacitación o estudio durante el tiempo que permanezca privado de la libertad.

Quienes no reconozcan la responsabilidad en delitos graves y resulten culpables tras las investigaciones debidas incurrirán en una pena de prisión de hasta 20 años en condiciones ordinarias.

Fundamentalmente, el acuerdo señala que todo tratamiento especial está condicionado a la verdad plena, la reparación de las víctimas y la garantía de la no repetición de los delitos cometidos.

Se hace claridad de que la participación en ese sistema de justicia por parte de las Farc está sujeta a la dejación de las armas a más tardar a los 60 días de la firma del acuerdo final.

Por último, se reconoce en la declaración conjunta del presidente Juan Manuel Santos y de alias ‘Timochenko’, que la transformación de las Farc en un movimiento político legal es un objetivo compartido y tendrá apoyo del Gobierno.

(Fuente: El Espectador)