El Sindicato de Trabajadores portuarios de JAPDEVA (Sintrajap) se opuso, desde el primer momento, a la concesión de la nueva terminal portuaria a una empresa privada, mediante un contrato que excluyó a JAPDEVA de participar en este proyecto y la cesión a la consecionaria APM Terminal del monopolio de la carga y descarga de contenedores –roll on roll of- que representa el 80% de la actividad portuaria.

Solís publicó la noche de jueves un pronunciamiento en que advierte que “hoy el país enfrenta una huelga, otra más, convocada por el Sindicato de Trabajadores de JAPDEVA. Invocan como justificación a esa huelga la presunta amoralidad (ética y política) de un inciso de un contrato con una empresa convocada para construir una terminal de contenedores en el puerto de Moín”.

“Sobre el contrato –puntualiza el Mandatario- negociado y firmado en otra administración, tanto la Contraloría General de la República como la Sala Constitucional y la Sala I lo han refrendado y sólo espera la resolución de la SETENA para ponerse en ejecución. Es decir, está a derecho y por lo tanto debe defenderse en salvaguarda de la seguridad jurídica, factor de determinante importancia para los intereses nacionales tanto en el orden interno como, en particular, en el plano internacional”.

Para Solís, desconocer, o no respetar ese contrato firmado podría atentar contra la seguridad jurídica y la credibilidad necesaria para atraer inversiones. “

“Perderá así su actual prestigio como nación seria y responsable, respetuosa de los compromisos suscritos con las empresas que han estado o están dispuestas a venir al país a generar empleo y bienestar a miles de trabajadores. Peor aún, pondrá en tela de juicio la voluntad y capacidad del Poder Ejecutivo -de éste pero de cualquier otro en el futuro- de hacer valer el Estado de Derecho, piedra angular que sostiene a los regímenes democráticos modernos”.

El pronunciamiento presidencial se da después de que este jueves, se reunió con los representantes sindicales que se trasladaron hasta Casa Presidencial, Liroy Pérez y José Luis Castillo, y el diputado limonense Gerardo Vargas (Frente Amplio) en un nuevo intento por llegar a acuerdos antes de que sea muy tarde, expresaron los sindicalistas que apelan a la ilegalidad de la cláusula 9.1 del contrato de concesión firmado entre el gobierno y la empresa holandesa.

Esta cláusula (la 9.1) lo otorga a la APM Terminal la exclusividad de la carga y descarga por el sistema roll on roll off que representa actualmente más del 80% de la actividad portuaria de los muelles del Caribe costarricense.

Pérez y Castillo, dijeron en una rueda de prensa en Limón, a su regreso de San José, que “fue decepcionante el encuentro con el presidente Solís y funcionarios de la Presidencia”.

Siete organizaciones sindicales, la Municipalidad de Limón, empresas privadas y varias organizaciones sociales y ambientales le dieron el apoyo a Sintrajap.

Otro tanto ocurrió en San José, un manifiesto en apoyo a la lucha de Sintrajap, fue distribuido este viernes suscrito por la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), el Frente Interno de Trabajadores del ICE (FIT), el Sindicato de Trabajadores Petroleros, Químicos y afines (Sitrapequia), la Unión de Empleados del Instituto Nacional de Seguros (INS) y el Sindicato Nacional de Enfermería (SINAES).

Además de condenar la violencia policial contra los trabajadores portuarios, ocurridos la noche de este miércoles durante la toma de los muelles de Moín y Limón por la agentes de la Fuerza Pública y de cualquier otro hecho de violencia contra los limonenses, anunciaron que emprenderán acciones de solidaridad con Sintrajap.