Durante su gestión al frente de Hacienda, Aguilar enfrentó el repudio de sectores populares, en particular de los sindicatos, por el impulso que dio en el Congreso a la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, o combo fiscal, un proceso que acarreó huelgas, bloqueos y protestas en todo el país por parte de la clase trabajadora y productores, especialmente del sector agropecuario, que se verían muy afectados con los controles fiscales que ya entraron en vigencia. El combo fiscal dividió al país.

Entre las medidas más criticadas a la ahora ex ministra está la aprobación de una amnistía fiscal que favoreció a los “grandes contribuyentes”, a quienes los opositores describen como "grandes evasores". Aguilar defendió la medida como un recurso transitorio para lograr arreglos de pago que permitieran al gobierno recuperar de inmediato sumas importantes que no obtendría abriendo juicios a los morosos. 

La renuncia de Aguilar fue aplaudida por los sindicatos. La Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP) calificó ésta como una decisión tardía, a la vez  que  fue deplorada por sectores empresariales, como la Unión de Cámaras de la Empresa Privada (UCCAEP).

 

Renuncia irrevocable

La recomendación de la Contraloría General de sancionar a Rocío Aguilar se dio a conocer hacia el mediodía de este miércoles. La ministra presentó de inmediato la renuncia ante el presidente Alvarado y la hizo pública antes de que éste pudiera pronunciarse al respecto

El caso tiene que ver con pagos de la deuda pública que la exministra autorizó pese a que no había contenido presupuestario para este gasto, ya que el anterior gobierno había dejado desfinanciados unos 600.000 millones del presupuesto debido a que no tuvo tiempo de colocar bonos que servirían para ese propósito, según han explicado las autoridades de la administración Solís Rivera.

Sin embargo, la situación de Aguilar ya se veía complicada luego de que el presidente Alvarado negoció con las universidades públicas un arreglo al conflicto presupuestario en ausencia de la titular de Hacienda, quien había sostenido que las universidades debían destinar 70.000 millones de colones a obras de infraestructura, disposición que afectaba el funcionamiento de las actividades docentes, de investigación y de acción social de estas entidades.

Esto generó una estalllido de protestas de los universitarios, que culminaron el martes con una marcha multitudinaria y la posterior negociación con el gobierno.