Durante su gestión al frente de Hacienda, Aguilar enfrentó al repudio popular y la presión sindical mientras impulsó en el Congreso la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, o combo fiscal que sigue siendo muy impopular, un proceso que acarreó huelgas, bloqueos y protestas en todo el país por parte de la clase trabajadora y productores, en especial del sector agropecuario, que se verían muy afectados con los controles fiscales que ya entraron en vigencia. El combo fiscal dividió al país.

Su obstinación porque la Asamblea Legislativa aprobara la polémica ley de empleo público también le generó un ambiente adverso y conflictivo, que parecía no afectar a Aguilar.

Entre las medidas de apriete fiscal, la ahora ex ministra promovió y logró una amnistía fiscal que favoreció a los grandes evasores, que ella llama “grandes contribuyentes”, por una suma de dinero de un monto que ella no permitió que fuera revelada a pesar de los muchos intentos, incluidos recursos de amparo que se presentaron ante la Sala IV.

Aguilar desde su lugar como ministra de Hacienda, tomó medida que perjudicaron a los sectores medios, principalmente, al mismo tiempo que favorecía a poderosos grupos económicos.

Su renuncia es considerada por los sindicatos, como la ANEP, una decisión tardía que al fin llegó, otros consideran que libera de algunas ataduras neoliberales al gobierno PAC de Carlos Alvarado, como sectores académicos, y lamentan su salida del gobierno los sectores favorecidos como lo expresó la Unión de Cámaras de la Empresa Privada (UCCAEP).

Su renuncia fue sorpresiva y abre la interrogante sobre quien ocupará su lugar y si el sucesor continuará las líneas de acción y mano de dura en el control y manejo del gasto y la inversión estatal de Aguilar.