El Plenario legislativo aprobó el Expediente 21.478 “Ley para el Aprovechamiento Sostenible de la Pesca de Camarón”, con 28 votos a favor y 18 en contra, este jueves, que permitiría la reactivación de la pesca semi industrial de camarón con redes de arrastre, en las costas y mares territoriales costarricenses.

"Lamentamos que la Asamblea Legislativa haya aprobado este proyecto, pese a todos los argumentos técnicos, científicos y jurídicos que se presentaron en contra. Este proyecto no resolverá la crisis socioeconómica de nuestras comunidades costeras y más bien contribuirá al deterioro de los sectores pesqueros y turísticos que dependen de la sostenibilidad de los recursos marinos”, recalcó Jorge Jiménez, director de la Fundación MarViva.

La iniciativa de ley condiciona el otorgamiento de licencias de arrastre a los resultados de los estudios científicos y técnicos que debe realizar el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA), en un plazo improrrogable de un año, a partir de la entrada en vigencia de la norma.

Sin embargo, alertan los defensores de los mares, “desde octubre de 2019, trascendió que la licitación para la contratación de seis embarcaciones camaroneras necesarias para realizar los estudios fue declarada infructuosa, ya que únicamente se habría presentado una oferta que no cumplía con los aspectos de admisibilidad y elegibilidad.

Además, contrario a lo aprobado por los legisladores, el INCOPESCA también ha reiterado que los estudios requieren, como mínimo, de un período de dos años para su ejecución, el doble de lo aprobado por 28 diputados y diputadas.

"Este proyecto de ley generará inseguridad jurídica, ya que tal y como lo reiteró la Sala Constitucional en su reciente voto, el eventual otorgamiento de licencias dependerá de que el INCOPESCA pueda realizar, en el plazo de un año, los estudios científicos pendientes”.

Pero los criterios técnico-científicos señalan que se requieren dos años para realizarlos.

Según el reciente voto que contradice una resolución anterior del mismo Tribunal Constitucional, “Esos estudios deben confirmar la viabilidad social, económica y ambiental de esta actividad. Sin embargo, a la fecha no hay certeza ni de la realización de esos estudios, ni del financiamiento necesario para ejecutarlo. Es decir, se está aprobando una ley que va a seguir postergando la generación de empleo digno y calificado en las zonas costeras", aseguró Jiménez.

En las gestiones para impedir la aprobación de la ley favorable a la depredación de los mares nacionales, se han involucrado activamente las organizaciones de la sociedad civil, las municipalidades de Guanacaste, las intendencias de Colorado de Abangares y Lepanto de Puntarenas, a las 9 cámaras turísticas y a las 25 organizaciones pesqueras de Guanacaste y Puntarenas que se sumaron a la lucha en contra de la pesca de arrastre.

MarViva agradeció el apoyo de las diputadas y los diputados “que mostraron su compromiso con un desarrollo sostenible democrático, al votar en contra de esta iniciativa”.

La Fundación MarViva adelantó que seguirá atenta la tramitación de esta iniciativa en Casa Presidencial. “Hemos instado al señor Presidente de la República sobre la pertinencia de vetar este proyecto, lo cual es necesario para procurar el bienestar socioeconómico de los sectores artesanales y turísticos, cuyas economías dependen de la salud de nuestros mares y sus ecosistemas", agregó Jiménez.