Por David Chavarría Hernández *

La participación de un magistrado suplente en el escándalo por la filtración del borrador de sentencia de la Sala I sobre el caso de la mina Las Crucitas revela el tinglado de relaciones entre funcionarios, prominentes bufetes, figuras políticas y miembros del más alto nivel del Poder Judicial.

Diputados de oposición y figuras políticas sostienen que el hecho de que se filtre información trascendental que todavía no puede ser de dominio público, de un poder de la República,  no es nuevo; la novedad es que el hecho haya sido denunciado públicamente y por un funcionario de la misma empresa, Industrias Infinito, testigo del trasiego de la información.

En opinión del excandidato presidencial del Partido Liberación Nacional (PLN) José Miguel Corrales, todos estos casos tuvieron su clímax en la época de discusión del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, cuando un magistrado suplente de la Sala Constitucional trabaja en Casa Presidencial; “ya ese es el colmo de los colmos”, expresó Corrales.

“El TLC se logró dictaminar que no era inconstitucional gracias a los magistrados políticos de la Sala Cuarta”, aseguró Jorge Gamboa, diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), quien también afirmó que posibilitar la reelección presidencial fue “manosear” la labor de esa sala de la Corte Suprema de Justicia, logrado solamente gracias a lo que tildó “poderío económico”.

Y es que en este caso pese a que la actividad minera no cuenta con apoyo popular, 86% en contra del proyecto Crucitas, según una encuesta realizada por el Instituto de Estudios Sociales en Población de la Universidad Nacional (IDESPO-UNA), figuras políticas no han dudado en apoyar el proyecto de Industrias Infinito, por lo que esto hace dudar sobre posibles “intereses ocultos” tras esta iniciativa.

En este caso, el nombre del exmagistrado Moisés Fachler viene acompañado de una larga trayectoria de altos cargos como representante y dentro de la estructura del PLN.

Fachler figura dentro de las personas citadas por el exvocero de la empresa minera, William Méndez, por haber filtrado el documento en una reunión en la que estuvieron dos abogados y dos representantes de la empresa canadiense y a la vez destaca como una especie de contacto a quien debía “llamar de vez en cuando para ver cómo iban las cosas en la Sala Primera” (Diario Extra, 19 de noviembre), debido a que el gerente de Industrias Infinito, Juan Carlos Obando, descuenta una condena por cohecho impropio en la modalidad de penalidad del corruptor al alcalde de Aserrí, Mario Morales.

Esta lista de figuras políticas defensoras o vinculadas en algún momento al proyecto minero Crucitas, incluyen desde un expresidente, exministros, exmagistrados, y abogados militantes del mismo PLN, quienes se han casado con la idea de la transnacional. (Ver cuadro “Los tentáculos de una concesión”)

Esta intervención de personajes políticos alrededor de las gestiones de esta transnacional despierta suspicacias sobre la transparencia de los procesos. “Nadie puede decir que dieron dinero o que alguien es accionista, pero algo debe tener el agua cuando la bendicen”, cuestionó el político José Miguel Corrales.

Afirmó que la declaratoria de interés público y conveniencia nacional, realizada en el 2008 a favor de una empresa transnacional, es tan solo un indicio de lo que está en juego, “el oro es mucha riqueza”, afirmó. Se estima que por cada onza de oro se pagarían hasta $2000 y el proyecto pretendía una extracción de un millón de onzas.

Por lo que la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda  “desencadenó toda una maquinaria” para impedir que se confirme un “fallo que condena a los Arias”, según la opinión del legislador del Frente Amplio, José María Villalta.

Así que la participación de un magistrado suplente en este caso confirma las sospechas de algunos otros legisladores sobre la filtración de magistrados que responden a intereses políticos: “Este hecho es producto de un acto delictivo realizado por un infiltrado de esa misma Sala, que estaba sirviendo no a la justicia sino a una empresa con la que tiene vínculos directos”, señaló  Villalta.

Otros diputados de oposición sostienen que lo sucedido en el caso Crucitas debe trascender más allá de un “escándalo de un día”, y así sentar un precedente que no deje portillos abiertos para que no se repita la historia.

Los legisladores concuerdan que gran parte de la responsabilidad en este caso recae sobre el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Luis Paulino Mora, quien en primera instancia forma parte de los que elaboran la lista de los magistrados elegibles.

Otro punto de consenso entre diputados es que la manera de elegir a los magistrados debe cambiarse;  es por esto que sostienen que no aprobarán la lista enviada por la Corte para nombrar a los ocho suplentes que hacen falta, hasta que no se revisen los procedimientos, para evitar que los que asciendan a este Poder de la República lo utilicen como un medio político.

Juan Carlos Obando, exgerente de relaciones comerciales de Industrias Infinito que realizó aportes a la campaña de Liberación Nacional.

Allegados a Industrias Infinito aportes a campaña de Liberación Nacional

Dos de los apoderados especiales y el gerente de relaciones corporativas de Industrias Infinito figuran como donantes de campaña del Partido Liberación Nacional (PLN).

Por ejemplo, Rubén Hernández Valle, quien entre otras cosas fue abogado coadyuvante del proceso para permitir la reelección de Óscar Arias, donó a la campaña del expresidente Óscar Arias  ¢3.386.000.

Asimismo, Juan Carlos Hernández aportó a esta contienda electoral de Liberación ¢2.228.000.

Otros de los que aparece en los registros del Tribunal Supremo de Elecciones es el gerente de relaciones corporativas de la empresa canadiense, Juan Carlos Obando, quien financió a la campaña de Arias con ¢5.800.000.

Mientras que Moisés Fachler registra aportes aun incluso meses antes de ser elegido  como magistrado suplente de la Sala Primera en el 2010, para un total donado de ¢3.938.907.

Asocrucitas presiona a la Universidad de Costa Rica

La Asociación Solidarista de Trabajadores de Crucitas (Asocrucitas) solicitó a la Vicerrectoría de Acción Social de la Universidad de Costa Rica “cuantificar los montos de los dineros y recursos dispuestos” para la elaboración de programas de información sobre las implicaciones del proyecto minero.

En una carta enviada el pasado 30 de agosto a la Vicerrectora de Acción Social, María Pérez Yglesias, la Asociación entre otras cosas cuestiona los proyectos desarrollados por el programa de Kioscos Ambientales, así como la elaboración de producciones audiovisuales como “El Oro de los Tontos”, realizada por Pablo Ortega,  exfuncionario de la Unidad de Producción Audiovisual.

También se menciona a la agrupación “Llamado Urgente por el País”, que agrupa a especialistas universitarios de diversas áreas como Biología, Geografía, Geología y Derecho, y que a través del Consejo Universitario emitieron un pronunciamiento en el cual se demandaba la derogación del decreto de conveniencia nacional e interés público.

La Vicerrectoría en su respuesta invocó el artículo 4 del Estatuto Orgánico de la UCR, en el cual se faculta a la institución a fomentar el mejoramiento de las relaciones ser humano-ambiente, asimismo se indica que los gastos incurridos están plenamente justificados.

Asocrucitas representa al menos 40 trabajadores de la empresa Industrias Infinito y durante el juicio en el Tribunal Contencioso estuvo representada por el ex-Defensor de los Habitantes y exdiputado del Partido Unión Nacional, José Manuel Echandi.

Se intentó conocer la opinión de la Vicerrectora pero se informó que se encontraba fuera del país.