La solicitud de medida cautelar fue presentada el viernes anterior por el abogado Edgardo Araya y el Tribunal tiene tres días hábiles para resolverla, durante los cuales, la orden de desalojo debería quedar suspendida hasta que se que se pronuncie, a favor o en contra, lo que tendrá que esperar hasta que concluya el feriado judicial de fin de año, el próximo 4 de enero, y corran los tres días de rigor.

Sin embargo hasta la mañana de este miércoles, ninguna autoridad de gobierno ni judicial se había pronunciado sobre si la medida cautelar que suspende la orden de desalojo va a respetarse o si la Fuerza Pública, a cargo del operativo, va a cumplir la resolución de la jueza Montes de Oca, que atiende la causa.

Araya, también diputado del Frente Amplio, afirmó que a través de la solicitud de medida cautelar tramitada por el Tribunal Contencioso, “el Estado fue notificado para que se pronuncie y tiene tres días de plazo, los que no están corriendo pues los Tribunales están de vacaciones” y agregó que “esto, a nuestro juicio, suspende temporalmente el acto de desalojo, pues ¿qué pasa si lo hacen y en enero nos dan la razón? Ya el daño estaría hecho”.

Para Araya, y en esto coincide con reiterados llamados de la Asociación Costarricense de Derechos Humanos (ACODEHU) y el Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ-CR), la situación que se vive entre las familias campesinas requiere de la intervención del Poder Ejecutivo para que ordene a la Fuerza Pública no actuar.

“En este momento el gobierno de Luis Guillermo Solís y el Ministerio de Seguridad deberían suspender el desalojo hasta tanto no se solucione la medida cautelar, para que la población de Chánguina tenga tranquilidad en esta fechas y se encuentre una solución a su problema de tierras y de trabajo”, puntualizó Araya.

En la búsqueda de soluciones y un plan de trabajo de corto y mediano plazo que busca atender la emergencia de los campesinos sin tierra en el sur de nuestro país, están trabajando varias instituciones públicas como el Instituto de Desarrollo Rural (INDER), el IMAS, el Ministerio de la Presidencia con el acompañamiento de la Universidad Nacional (UNA) y representantes de las familias campesinas que viven desde hace más de diez años en Finca Chánguina y el Cuadrante Sur.