Estos tratados dan derechos a esas inversiones y en muchos casos, se afecta la potestad del Estado de generar nueva legislación y política. De igual modo, se le da potestad a quienes invierten, de demandar al Estado casi que por cualquier cosa: desde demandas por variación en las reglas del juego (nueva legislación de protección ambiental) hasta por no poder llevar a cabo su actividad (debido por ejemplo a la no aprobación de permisos por solicitudes deficitarias).
El más reciente ejemplo de que el ambiente siempre es el perdedor en relación al libre comercio, nos lo da la demanda de la empresa minera Infinito contra nuestro país. Esta empresa luego de pasar por los tribunales costarricenses competentes, no pudo desarrollar su proyecto minero debido a fallas legales en el otorgamiento de permisos así como a deficiencias graves en la propuesta contenida en el estudio de impacto ambiental. Esta resolución se logró gracias al enorme trabajo de las organizaciones locales de la zona norte y del movimiento ecologista y comunitario del país.
Desde ese momento, la empresa minera ha tratado de revertir la sentencia y ha obtenido la misma suerte en diversas instancias nacionales donde además se han dado claras y fundamentadas razones para mantener esa decisión. A pesar de que optó por dirimir el conflicto en instancias nacionales y ante el rotundo fracaso, la compañía minera optó por demandar al Estado por una enorme suma utilizando el mecanismo de solución de diferencias existente en el tratado de libre comercio entre nuestro país y Canadá. De esta forma, la empresa se sitúa por encima de lo que las instancias jurídicas han decidido en forma libre y fundamentada con el fin de obtener una suma millonaria de dinero.
La respuesta de los funcionarios públicos competentes ha sido la misma: la empresa no tiene derechos, más bien debe indemnizar al país e iremos a esa nueva instancia internacional a defender al país. Si bien los dichos son acordes a lo resuelto a nivel nacional, es importante recordar que esos mismos funcionarios -jerarcas del Ministerio de Ambiente- anteriormente defendían a la empresa minera y al modelo de desarrollo basado en el libre comercio. Varios ecologistas y especialistas como el diputado José María Villalta, el presidente de FECON, Mauricio Alvarez y el abogado Alvaro Sagot, han dicho que el país puede tomar la posición de no ir a esa instancia debido a que el mismo tratado de libre comercio lo faculta ya que permite dirimir la diferencia ante instancias nacionales o internacionales y ya la empresa escogió la nacional. Creemos que esa es la mejor posición a tomar.
El país por lo tanto parece ser que gastará alrededor de dos millones de dólares para defender lo que ya fue resuelto a nivel nacional en forma amplia y contundente.
Ya Costa Rica decidió que la minería metálica es una actividad que no puede desarrollarse en el país. En lugar de gastar esa enorme cantidad de dinero, las autoridades podrían utilizarlo para muchas necesidades más que existen en nuestro país y no legitimar mecanismos de solución de diferencias que a nivel internacional, están siendo cuestionados debido a que atentan contra la soberanía de los países.
