El presidente Alvarado recibió este lunes a la defensora Catalina Crespo.

Crespo explicó que en la reunión con el mandatario hablaron de la metodología del trabajo, que iría dirigido a responder a cinco preguntas básicas: ¿Quién tiene la información? ¿Cómo se obtuvo esa información? ¿Qué se ha hecho con esa información? ¿Qué información sensible tiene (la Presidencia) de los y las habitantes?  Y ¿con qué propósito?

Una avalancha de reacciones se produjo en días recientes, tras la publicación de un decreto que crea la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), a raíz sobre todo del artículo 7, que a juicio de los expertos y según ha venido a reconocer el gobierno, no excluye ni pone límites al acceso de datos personales. (Ver texto del artículo 7

El viernes pasado el presidente Carlos Alvarado anuló el decreto y la noche del domingo detuvo el trabajo que los técnicos venían realizando en el acopio de información, con el objetivo de facilitar la labor indagatoria que ha iniciado la Defensoría de los Habitantes y que vaya a realizar en el futuro cualquier otra instancia, como la Fiscalía, aseguró el ministro Morales.

 

Equipo técnico

La defensora Catalina Crespo explicó que, a partir de esta tarde, un equipo técnico de la institución que encabeza empezará a trabajar con el equipo de la Presidencia involucrado en la UPAD con el propósito de aclarar dudas.

“Tenemos muchas dudas y por eso es que necesitamos un peritaje técnico, para que ustedes tengan las respuestas técnicas necesarias. Ellos tienen los expertos informáticos y pueden decirnos qué informaciones están, que conexiones hay a otras instituciones, eso es más técnico”.

Posteriormente, explicó la funcionaria, se trabajará intensamente en el análisis de la información que les brinden los funcionarios de la Presidencia, para tener un primer informe que brindar a la ciudadanía.

Por su parte, Morales reconoció que el artículo 7 del decreto contiene un error de fondo y que él personalmente ni ningún otro jerarca de la Presidencia detectaron. “Es un mea culpa”, expresó.

Sin embargo insistió en que la recolección de datos para tomar decisiones es un objetivo planteado por la Organización para el Desarrollo Económico y Social (OCDE), a la que Costa Rica aspira a ingresar a corto plazo.

“Nada se está haciendo al margen de la legalidad y nada se hace en secreto, de otro modo no hubiéramos publicado en decreto. Por eso, no solo estamos anuentes a la investigación de la Fiscalía sino que la pedimos”, acotó.

 

Sin secretismo

Por su parte, el ministro de la Presidencia declaró a los periodistas que la idea de la UPAD ha sido “recoger, sistematizar y convertir en conocimiento” los datos dispersos de diversas instituciones, saber qué información se tiene y cuál hace falta, a efecto de orientar la formulación de política pública.

Según dijo, los datos hasta ahora recopilados han sido útiles para tomar decisiones en materia pública.

Más tarde, la viceministra de la Presidencia, Silvia Lara, hizo una exposición a los periodistas en la que aclaró la naturaleza de los datos recogidos y el uso que se les está dando.

“El problema no es tener datos, es cómo tomo la información, la proceso, la interpreto, la convierto en toma de decisiones y esa toma de decisiones la implemento, y no de manera desarticulada sino vista en conjunto”, apuntó

“Por ejemplo, en materia de empleo, realmente estamos haciendo un esfuerzo muy importante para precisar muy bien cuáles son las actividades del empleo, porque el chiste no es nada más que haya reactivación económica per se, porque los últimos diez años lo que nos demostraron es que aún habiendo crecimiento económico, no se convertía en empleo”, señaló la asesora.

Explicó que el gobierno quiere saber qué actividades se pueden impulsar en cada región para promover el empleo en general, pero especialmente el de las mujeres, que en cifras mayoritarias llevan la carga de las familias porque, “en un contexto de desigualdad, las oportunidades tienden a distribuirse desigualmente”.

Para tener claro este panorama, hubo que juntar bases de datos del INEC de hace 15 años.

“La aguja que queremos mover es la aguja del empleo”, señaló Lara, una reconocida socióloga que ha trabajado en los últimos años en proyectos de desarrollo social y derechos humanos.