Imagen. Foto SINUÉ CHACÓN. Delegaciones de docentes, estudiantes y sindicatos se concentraron este 24 de febrero, frente al Congreso en defensa de la educación superior pública y del Estado Social de Derecho costarricense, piden respeto a la Constitución Política y al ordenamiento jurídico.
La Constitución Política instauró el principio de la autonomía para sacar del vaivén de las influencias políticas y corrientes económicas, varias instituciones estratégicas del Estado Social de Derecho como son las universidades, las municipalidades, la Caja Costarricense del Seguro Social y el Poder Judicial, para garantizar la independencia y seguridad jurídica que requieren para su funcionamiento.
“Por tal motivo, el Consejo Nacional de Rectores hace un llamado a las y los diputados a recordar el juramento de respeto a la Constitución Política, en un país democrático y de derecho como el nuestro” expresó CONARE mediante un comunicado.
“En el ejercicio que asiste a toda persona ciudadana de expresarse de manera libre y pacífica” el CONARE explicó que el objetivo de la concentración es comunicar a las y los costarricenses “una vez más las preocupaciones y el rechazo contundente al proyecto de ley sobre empleo público” que tramita la Comisión legislativa de Gobierno y Administración, indicó Francisco González, presidente de CONARE.
González explicó que hay tres razones fundamentales “que nos asisten: la primera es que no podemos aceptar que este proyecto de ley viole los principios constitucionales que le otorgan a las universidades estatales la potestad de organizarse de acuerdo a los fines y los principios de sus propios estatutos”.
“La segunda es que no podemos de ninguna manera aceptar que el ente rector en materia de empleo no sean las mismas universidades que tienen la experiencia y la potestad de elegir los mejores perfiles, de generar las mejores capacitaciones y de seleccionar a las mejores personas funcionarias para las universidades” de acuerdo a las múltiples especificidades del quehacer universitario.
“En tercer lugar rechazamos todo atropello al Estado Social de derecho que genera este proyecto”.
CONARE resalta que de forma responsable y en ejercicio de la autonomía, las autoridades universitarias han asumido medidas que garantizan el acceso a la educación de calidad, la permanencia de los estudiantes y la sostenibilidad financiera de las instituciones de educación universitaria. Así como la puesta en marcha de un sistema de empleo universitario homologado por las cinco universidades estatales: de Costa Rica (UCR, Nacional (UNA), Estatal a Distancia (UNED), Técnica Nacional (UTN) y el Instituto Tecnológico (ITCR).
“Con la misma responsabilidad debemos defender la Autonomía de las Universidades Públicas, frente a intereses particulares de sectores económicos y políticos” y detractores interesados de la educación superior pública, precisó.
-- El artículo 84 de la Autonomía --
El artículo 84 de la Constitución Política otorga a las universidades públicas independencia en el desempeño de sus funciones y plena capacidad jurídica. Además, les garantiza el derecho a organizarse, administrarse y regularse a sí mismas, sin interferencias de grupos o sectores externos políticos y económicos.
En complemento, la Sala Constitucional se ha manifestado sobre los alcances de la autonomía universitaria. La sentencia de la Sala Constitucional N°1993-01313, (26.03.1993), es clara al establecer que “las Universidades del Estado están dotadas de independencia para el desempeño de sus funciones y de plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, así como para darse su organización y gobierno propios.
Esa autonomía, que ha sido clasificada como especial y completa y por esto, es distinta de la del resto de los entes descentralizados en nuestro ordenamiento jurídico”.
La Sala en el Voto 1313-93, indicó que, dicha autonomía especial:
“…significa, para empezar con una parte de sus aspectos más importantes, que aquellas están fuera de la dirección del Poder Ejecutivo y de su jerarquía, que cuentan con todas las facultades y poderes administrativos necesarios para llevar adelante el fin especial que legítimamente se les ha encomendado; que pueden auto determinarse, en el sentido de que están posibilitadas para establecer sus planes, programas, presupuestos, organización interna y estructurar su gobierno propio. Tienen poder reglamentario (autónomo y de ejecución); pueden auto estructurarse, repartir sus competencias dentro del ámbito interno del ente, desconcentrarse en lo jurídicamente posible y lícito, regular el servicio que prestan, y decidir libremente sobre su personal. (…) Son estas las modalidades administrativas, política, organizativa y financiera de la autonomía que corresponde a las universidades públicas.”
Por tal motivo, el Consejo Nacional de Rectores hace un llamado a las y los diputados a recordar el juramento de respeto a la Constitución Política, en un país democrático y de derecho como el nuestro.
