El ministro de Obras Públicas y Transporte, Carlos Villalta, afirmó el domingo en cadena de radio y televisión, que la administración Solís recibió el proyecto con un camino provisional trazado por el anterior gobierno, de la ex presidenta Laura Chinchilla, que tenía dicho desface.

Corregir dicho fallo implicaba iniciar un complicado proceso para obtener permisos ambientales. Y la consecuencia de ello era incumplir el plazo establecido en el contrato con APM Terminals –que construye el puerto- para la terminación de la obra.

“El gobierno se vio obligado a sacar una licitación con el punto de conexión provisional porque era el que tenía los permisos y estaba apegado a la legalidad. Además, la empresa concesionaria APM Terminals advirtió que no aceptaba ninguna solución que invadiera su área de concesión”, aseguró el ministro.

El incumplimiento del plazo representaba para el país perder un descuento de 1.000 millones de dólares para los 30 años de la concesión, que depende del cumplimiento de los plazos, agregó Villalta.

Según el ministro, una vez que APM cedió parte de los terrenos concesionados y se firmó un convenio entre CNC, CONAVI y APM, la habilitación ambiental para realizar la conexión definitiva se consolidó en febrero del 2017.

 

Investigación judicial

A raíz de denuncias de prensa y de partidos de la oposición, la Fiscalía abrió una investigación sobre el caso.

La diputada Maureen Clarke, del Partido Liberación Nacional, una de las personas que pidió la intervención del Ministerio Público, aseguró que “la conducta de los funcionarios del MOPT sugiere la posible comisión de varios delitos contra la Hacienda Pública”.

La semana pasada, en comparecencia ante una comisión legislativa, el ministro Villalta admitió que la obra se contrató con plena conciencia de que había un fallo de 80 metros en el trazado y de que eso tendría un  costo adicional. Sin embargo, explicó que la decisión fue forzada por las circunstancias.

“Si nos hubiéramos esperado hasta obtener esos permisos para sacar la licitación, hubiera sido imposible cumplir con el plazo y se hubiera perdido el descuento proyectado. De no haber actuado de manera diligente, transparente y con la mira puesta en la solución, las críticas al Gobierno serían por esta razón”, apuntó Villalta.

El ministro dijo que las obras de “este que será el viaducto más moderno de Costa Rica avanzan a tiempo”.

El tramo carreterero tiene una longitud de 2,1 kilómetros con una primera sección a nivel que luego se eleva a 6 metros de altura, incluye 450 pilotes; tendrá cuatro carriles, asfaltado, señalización, aceras, ciclovias y pasos para la protección de fauna.