El gobierno de Costa Rica temía un escalamiento del conflicto con Nicaragua, tras la invasión del ejército de ese país a Isla Calero, por lo que urgía construir una ruta de acceso terrestre a lo largo de la frontera, ya que ninguna otra vía era suficientemente segura.

 

Este es, en esencia, el argumento con que las autoridades respondieron a un reportaje publicado el jueves por el diario La Nación, en el que se asegura que ningún estudio de impacto ambiental antecedió a la construcción de la trocha 1856 y que efectivamente se causaron importantes lesiones al equilibrio natural de la zona.

 

“Costa Rica asumió la defensa de la soberanía nacional e integridad territorial como consecuencia de los actos realizados por Nicaragua en la zona fronteriza norte. Fue aquel país quien invadió militarmente el territorio costarricense y que por meses nos ha mantenido amenazados con escalar el conflicto”, afirma un comunicado oficial.

“Nuestros policías no tenían entonces acceso a la zona en conflicto por tierra, no lo podían hacer por agua, y era muy difícil hacerlo por aire.  Ello obligó a que se tomaran acciones urgentes e inmediatas para permitirles el acceso a esa zona.  Además, el riesgo de un escalamiento del conflicto podía resultar en el desplazamiento de comunidades fronterizas, lo que requería una vía terrestre que facilitara acciones de evacuación civil, movilización y defensa”, agrega el documento.

Las amenazas

Según la Presidencia, el gobierno de Daniel Ortega había formulado amenazas concretas de escalamiento del conflicto, tales como el derribamiento de aeronaves costarricenses, incursionar en el río Colorado y realizar actos de hostigamientos contra los ciudadanos de este país que navegaran por el río San Juan.

Además, Ortega aseguró que Guanacaste es de Nicaragua y que los guanacastecos son nicaragüenses, “actos y manifestaciones que ameritaban obras civiles inmediatas para la protección del territorio nacional y de los costarricense”.

En virtud de tales hechos es que el gobierno decreta el estado de emergencia y dispone una serie de medidas, entre las cuales está la construcción de una vía terrestre que diera acceso a las autoridades a la zona fronteriza.

Además, la sentencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de marzo de 2011, ordenaba a Costa Rica responsabilidades en materia de seguridad y de protección ambiental, aseguró el gobierno.

Impacto ambiental

“En el contexto de un país invadido y amenazado, era incompatible realizar estudios de impacto ambiental como condición para llevar a cabo esas obras, dado el estado de urgencia, pues ello hubiera retrasado cualquier acción de defensa por meses, sino años, en medio de la incertidumbre”, se defendió el gobierno.

Sin embargo, aseguró, El Ministerio del Ambiente no ha descuidado su papel de supervisión y desde hace algún tiempo se viene realizando una evaluación ambiental avalada por expertos independientes internacionales, la cual ya está concluida y sus recomendaciones se están ejecutando.

Además, señala, “Costa Rica sostiene firmemente que Nicaragua no ha sufrido los impactos ambientales que  afirma tener.  Los impactos generados en el territorio de Costa Rica están focalizados, y han sido ya objeto de estudio por parte del personal del MINAET y atendidos a través del Plan de Gestión Ambiental”.

“Compartimos la molestia y el repudio prevaleciente ante los posibles actos de corrupción denunciados por el propio Gobierno, y esperamos que todo el peso de la ley recaiga sobre los responsables, pero eso no debe, bajo ninguna circunstancia, demeritar la lucha por la defensa de la soberanía nacional y la integridad territorial”, concluye la declaración del gobierno.