La ley busca ejercer un control objetivo de las armas en poder de personas particulares.

En esencia, los cambios hechos a la normativa buscan que las autoridades tengan un mayor control sobre las armas en posesión de ciudadanos y los cambios de propiedad que se vayan produciendo. Esto permitirá, según el criterio del Ministerio de Seguridad, reducir las posibilidades de que las armas acaban en manos de los delincuentes.
Estudios realizados en años recientes demuestran que más del 60% de los homicidios registrados en el país son cometidos con armas de fuego, de lo cual se deriva la importancia de ejercer un mayor control.
La nueva ley apuesta a endurecer las sanciones para quienes incumplan las normas establecidas para ejercer dicho control.

Armas prohibidas

El criterio principal para determinar si un arma es prohibida es que dispare en ráfaga. Aquellas que disparan tiro a tiro podrían ser permitidas aunque su diseño y tecnología sean muy avanzados.
La ley establece una pena de 4 a 8 años de cárcel a quien adquiera, comercialice, transporte, almacene, introduzca al territorio nacional o exporte o utilice armas prohibidas, sus partes y componentes.

Además, se aumenta el tiempo de condena de cárcel de 3 a 5 años a quien tenga un arma de forma legítima y no la haya inscrito.   

Transacciones


Toda persona o empresa que venda un arma está obligada a informar de la transacción al Departamento de Armas y Explosivos del Ministerio de seguridad Pública.
De incumplir este deber, el vendedor se expone a una sanción económica y, eventualmente, al cierre de su negocio.
Las casas de empeño tienen prohibido recibir recibir armas, municiones o explosivos en garantía de préstamo prendario. El incumplimiento de dicha norma tendrá una sanción de 5 salarios base.


Robo o extravío

Las reformas aprobadas influyen también sanciones económicas para quienes no reporten o denuncien la pérdida o sustracción de un arma en un plazo máximo de 5 días con multas que van de 10 a 60 días. 

En tanto, las empresas de seguridad privada están obligadas a entregar sus armas a Seguridad Pública en caso de reportar el cierre de operaciones, con el objetivo de impedir que éstas terminen en manos de la delincuencia.