Los mapas fueron entregados a las municipalidades de Santa Ana, Escazú, Desamparados, Aserrí y Alajuelita este lunes en las oficinas de IFAM, con el propósito de que cuenten con herramientas que les permitan ordenar el uso de sus territorios de acuerdo con las probabilidades de ocurrencia de desastres.

La información fue generada por investigaciones científicas que ponen en evidencia la exposición a diferentes amenazas de muchas poblaciones y obras de infraestructura de estas municipalidades, indicó la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).

Desde noviembre del año 2011, la CNE había emitido medidas vinculantes dirigidas a todos los gobiernos locales sobre el procedimiento que debe seguirse en caso de asentamientos existentes o permisos de nuevos asentamientos en zonas de reconocido riesgo.

Más recientemente, la Contraloría General de la República llamó la atención a estas municipalidades para que las obras y criterios de carácter preventivo y de mitigación estén integradas a los planes de ordenamiento del territorio y en políticas permanentes de ordenamiento urbano, instándolos a respetar las zonas peligrosas no aptas para fines habitacionales.

La Contraloría avaló a estas municipalidades por sus avances en materia de prevención, acciones de mitigación y obras de control, “pero aún quedan muchas tareas pendientes orientadas a incidir directamente en la gestión territorial y el uso del suelo” señaló.

Las municipalidades tienen ahora 6 meses para elaborar un plan de emergencia en el que deben tomar en cuenta los instrumentos legales y técnicos, los criterios del Plan Nacional de Gestión del Riesgo y las recomendaciones emitidas por la CNE, como herramientas indispensables para incorporar la prevención y mitigación del riesgo en sus procesos de desarrollo.