La demanda resuelta por la Sala III a favor del Poder Ejecutivo, el miércoles anterior, tuvo su origen en el decreto ejecutivo que ordenó la intervención de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (JUDESUR) basado en estudios que demostraron la mala administración de los recursos e ineficiencia en las gestiones, directriz emitida con la rúbrica del presidente Solís, el Ministro de Hacienda, Helio Fallas y la Ministra de Planificación Nacional, Olga Marta Sánchez.

La solicitud a la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia para que se desestimara la denuncia interpuesta por el diputado Gerardo Vargas Rojas contra los decretos ejecutivos que llevaron a la intervención de JUDESUR, fue presentada por el Ministerio Público.

JUDESUR está intervenida desde octubre de 2014, a raíz de los hallazgo de un estudio que reveló una serie de irregularidades en la ejecución de los cuantiosos recursos que le habían sido presupuestados, por la falta de controles en la gestión de becas y de los proyectos emprendidos y un notable deterioro de las instalaciones del Depósito Libre de Golfito, cuya administración y mantenimiento están a cargo de JUDESUR.

“Esta serie de hechos determinaron que existía un incumplimiento sostenido del fin público confiado a la administración”, señaló el gobierno en un comunicado, en el que agrega que la Junta Interventora ha revertido todas “las irregularidades señaladas y ha sentado las bases necesarias para que en el futuro JUDESUR opere con la eficiencia y probidad administrativas”.

Con la demanda, el diputado Vargas Rojas pretendió que se juzgara por el delito de prevaricato al Presidente y los Ministros con el “argumento de que las acciones realizadas para resguardar el fin público que debe cumplir JUDESUR, eran contrarias al bloque de legalidad vigente”.

Contrario a las pretensiones de Vargas Rojas, la Sala Tercera en su resolución (N° 2016-00506) de el 22 de junio, resolvió: “…considera esta Cámara que las actuaciones de los acusados responden a un eficaz ejercicio del deber de probidad que rige la función pública al pretender, mediante la creación de la Junta Interventora de JUDESUR, un mejor funcionamiento de dicha entidad”.

El ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro Salas, dijo “el Gobierno de la República celebra la decisión de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, la cual, además de resaltar que se actuó en forma responsable y apegada al deber de probidad, respalda la legalidad de las acciones desplegadas desde el Poder Ejecutivo, con el fin de proteger los cuantiosos recursos de JUDESUR, que deben estar destinados al desarrollo de la Zona Sur”.