(Imagen ilustrativa del Hogar de Ancianos Carlos María Ulloa).

Esta normativa no contempla los reajustes necesarios a las nuevas condiciones que trae consigo la pandemia. No se protegen ni hacen efectivos los derechos de las personas adultas mayores que residen en esos hogares ni se previene el riesgo emocional, depresión y estrés que generan las medidas sanitarias y la suspensión de visitas.

De igual forma de la lectura de las acciones del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM), en el marco de la Emergencia Nacional COVID 19 y requerimientos urgentes (abril 2020), surgen dudas sobre la existencia de recomendaciones para satisfacer las necesidades particulares de este grupo.

No se establecen acciones para reducir la brecha digital mediante la adquisición de equipos que permitan la conexión y comunicación sin discriminación de ningún tipo. Faltan recomendaciones sobre dinámicas de entretenimiento individual o en grupo, adquisición de libros para fomento de lecturas, juegos de mesa, acciones de terapia ocupacional, ejercicios físicos y espacios de terapia individual, grupal entre otros.

La Resolución Nº 1/2020 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la Pandemia y Derechos Humanos en las Américas ( Abril 2020), en el apartado de Personas Adultas Mayores, pide a los Estados : “ …45. Considerar en la implementación de medidas de contingencia el balance que debe existir entre la protección ante el COVID-19 y la necesidad particular de las personas mayores de conexión con sus familiares, para quienes se encuentran solos o en residencias de largo plazo, facilitando medios alternativos de contacto familiar como comunicación telefónica o por internet, teniendo en cuenta la necesidad de remediar la brecha digital…”

El abordaje interinstitucional (Ministerio de Salud, CONAPAM, CNE, Defensoría de los Habitantes, CCSS, gobiernos locales, entre otros) se hace necesario para garantizar instrumentos de comunicación y protocolos durante la situación excepcional. Es indispensable dar seguimiento al buen trato y prevenir la violencia y el maltrato así como recolectar información de cómo se sienten estas personas en aislamiento. Es importante la opinión de sus familias y de los propios trabajadores y cuáles son sus necesidades de comunicación y entretenimiento.

Como política de salud pública, debería valorarse por parte de las autoridades competentes, fortalecer a estos hogares de manera temporal durante la emergencia con profesionales en Psicología y Trabajo Social, que brinden acompañamiento emocional y den contención.

¿Qué acontece a lo interno de los hogares de larga estancia? ¿De qué manera se han organizado y reforzado los espacios de reunión virtual para mitigar el impacto de la pandemia? ¿Ofrece el hogar entretenimiento individual y los medios de distracción suficientes para apaciguar sentimientos de angustia? ¿Cuáles mecanismos de denuncia han sido dispuestos para esta población? ¿Cómo se les garantiza el acceso a la justicia y una tutela efectiva en tiempos de pandemia?

La lista de inquietudes planteadas es interminable, son realidades que deben ser abordadas como problemas de Salud Pública, en un escenario de desigualdades y desafíos no resueltos a favor de la población adulta mayor.