La mayoría apoya la huelga, considera el problema fiscal muy grave (85%), y el 76% ve en la negociación la salida a la crisis
La mayoría apoya la huelga, considera el problema fiscal muy grave (85%), y el 76% ve en la negociación la salida a la crisis

La huelga regionalizada en contra el proyecto de ley de Fortalecimiento de las Finanzas Pública 20.580 llegó al día 15 este lunes con un amplio apoyo del sector público, organizaciones sociales y pequeños empresarios. Los esfuerzos por llegar a acuerdos entre el gobierno y los sindicatos sumaron 40 horas de trabajo la semana anterior y esta semana continúan. 

El Centro de Investigación y Estudios Políticos y la Escuela de Ciencias Políticas (CIEP) con apoyo de la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa Rica (UCR) realizaron, los días 18 y 19 de este mes, una encuesta telefónica para conocer la opinión de las y los costarricenses sobre la coyuntura nacional con respecto al plan fiscal. La consulta se hizo vía celulares (98% de cobertura) a 723 personas de todo el país y tiene un margen de error de ± 3.6 puntos porcentuales.

Actitudes ante la huelga y posibles soluciones

Los resultados de la medición evidencian que el movimiento de protesta contra el plan fiscal posee apoyo popular, el 52% de la población encuestada apoya la huelga, mientras que solo un 26% la desaprueba y otro 21% no tiene una posición definida.

Al consultar sobre los métodos utilizados en la protesta, ese apoyo cambia. Un 72% de la ciudadanía está en contra de los bloqueos, un 93% desaprueba suspender servicios médicos, un 78% no está de acuerdo con suspender clases en escuelas y colegios y un 82% se opone a obstaculizar la distribución de combustibles, mientras que las marchas cuentan con un 76% de apoyo.

En cuanto a las acciones del gobierno contra al movimiento de protesta, el 68% de ciudadanía consultada está en contra del uso de la fuerza para dispersar los bloqueos y el 73% no está de acuerdo con que se solicite la ilegalidad de la huelga.

Ante este panorama el 65% de las personas prefiere que se pause el trámite legislativo del proyecto para renegociarlo, tal y como está el 21% lo rechaza y el 14% lo aprueba. ​La mayoría ​de las y los entrevistados considera que cualquier solución debe contemplar medidas de contención del gasto público, así como la aprobación de nuevos impuestos y controles a la evasión para las personas de más ingresos.

El apoyo a la huelga es mayor entre las personas con nivel educativo de primaria o menos, entre las más jóvenes (18-34 años) y quienes viven en Guanacaste, Puntarenas y Limón.

Evaluación de actores

La falta de respaldo a los métodos y objetivos de la lucha del movimiento social no se traduce en una buena imagen del gobierno ni de los líderes de la protesta, quienes por el contrario obtienen una calificación negativa.

En una escala de 1 a 10, en la que 10 es la mejor nota, el presidente Carlos Alvarado recibió una calificación de 4,3, que corresponde a la misma nota que obtiene el líder sindical Albino Vargas.

El ministro de la Presidencia Rodolfo Piza obtuvo en esta misma medición una nota de 3,9; la ministra de Hacienda Rocío Aguilar un 4,6 y el ministro de Seguridad Michael Soto un 5,6; mientras que los sindicados en general obtuvieron una calificación de 5,5.

Información ciudadana

La medición evidencia que la ciudadanía se informa a través de la televisión y las redes sociales. En la actual coyuntura, 62% de las y los consultados se informa sobre la discusión de la reforma fiscal a través de los noticieros televisivos y el 16% recurre a las noticias periodísticas en redes sociales.

Población apoya negociación

El director del CIEP, Felipe Alpízar, al interpretar los resultados de la medición resaltó que “evidencian que existe apoyo popular respecto a la protesta social, pero no así respecto a los métodos empleados ni para los objetivos de la huelga”.

“Aunque se reivindica el derecho de los manifestantes a protestar, se condenan los métodos que restringen las libertades civiles y, al mismo tiempo, se rechaza abiertamente el uso de la fuerza por parte del gobierno para dispersar las protestas” afirmó.

Alpízar añadió que la ciudadanía percibe la crisis fiscal como muy grave y está consciente de que no es posible postergar las decisiones en esta materia, por lo que se inclina por una salida negociada a la crisis que combine recortes de gasto público y nuevos impuestos, a los sectores de mayores ingresos.