El frente sindical Patria Justa, que reúne a siete organizaciones del sector público, responsabilizó directamente al presidente Luis Guillermo Solís de la golpiza que propinó la policía a algunos trabajadores de Japdeva y de la detención masiva de sindicalistas, aunque éstos fueron liberados la mañana del jueves.

“La actitud presidencial merece nuestra más enérgica condena, tanto como condenamos las órdenes de ejecución represiva en el plano operativo, impartidas por el Ministro de Seguridad, señor Celso Gamboa Sánchez y su inmediato en la máxima jerarquía de la Fuerza Pública, señor Juan José Andrade Morales”, señala el comunicado.

Patria Justa la integran la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), el Sindicato de Trabajadores de RECOPE (Sitrapequia), el Frente Interno de Trabajadores del ICE (que nuclea varios sindicatos de la institución), el Sindicato Nacional de Enfermería (SINAE) y la Unión de Empleados del Instituto Nacional de Seguros (UPINS).

“La ‘eficiente’ acción presidencial represiva nunca fue vista ni en las peores situaciones de similares con ocasión de los tradicionales gobiernos del bipartidismo PLUSC. Este es un dato digno de tomar en cuenta acerca del poderío corporativo-empresarial que se asoma ya en Zapote”, agrega la declaración.

El coordinador de Patria Justa, Albino Vargas, dijo que en la actuación del gobierno se nota la mano de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP)” y estimó que bajo esas condiciones es muy difícil que la dirigencia sindical se sienta confiada en acudir a un diálogo con las autoridades de la administración Solís.

“El presidente Solís parece haberse decidido por los intereses corporativos-empresariales y no vemos la posibilidad de dialogar con un presidente que ha caído rehén de la UCCAEP”, agregó.

Una cláusula de piedra

Los trabajadores portuarios, encabezados por su sindicato Sintrajap, se oponen a una cláusula del contrato firmado por el anterior gobierno con la empresa APM Terminals para la construcción de una nueva terminal portuaria, en la cual se le concede a esa empresa la exclusividad para el manejo de carga y descarga de mercancías.

Los sindicatos argumentan que esta situación generará desempleo a la provincia, pues al menos 600 trabajadores de Japdeva quedarían cesantes, además de que el costo de las tarifas portuarios se elevaría en un 300%, ocasionando un incremento en los costos de operación de exportadores e importadores, así como un incremento en el costo de la vida para toda la población.

Según supo Informa-tico.com de personas cercanas al gobierno, la administración ha intentado negociar con la empresa esta cláusula monopólica pero es precisamente el aspecto en que  AMPT se ha mostrado totalmente intransigente, precisamente porque toca el corazón de su negocio en Costa Rica, que es el  manejo exclusivo de la carga y descarga del comercio internacional del país.

El sindicato exige al gobierno que se mantenga firme en este punto, pero eso implicaría una violación al contrato, que ya fue refrendado por el Tribunal Contencioso Administrativo, la Sala Constitucional y la Sala I de la Corte Suprema de Justicia. El efecto inmediato de un desconocimiento de la cláusula 9.1 podría ser que la empresa de por roto el contrato y demande al país por una suma multimillonaria.

En ese contexto, Solís ha sido claro en que no fue su gobierno el que negoció el contrato, sino el de la ex presidenta Laura Chinchilla, pero que el Estado como tal está obligado a respetar el acuerdo  o disponerse afrontar consecuencias económicas muy graves para el país.