El presidente colombiano, Juan Manuel Santos (I), y el jefe de la FARC, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, estrechan la mano durante la segunda firma del acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y el grupo guerrillero, en el Teatro Colón en Bogota, Colombia, el 24 de noviembre de 2016 LUIS ROBAYO AFP

Colombia conmemora este miércoles 24 de noviembre el quinto aniversario del Acuerdo de Paz entre el Gobierno colombiano –entonces liderado por el expresidente, Juan Manuel Santos– y la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – FARC. Cinco años de paz fragmentada, con una débil implementación de los puntos surgidos en los acuerdos y el principal éxito, la desmovilización y paso a la vida política de las mayores y más antiguas guerrillas de América Latina.

Con los acuerdos entre el Estado y las FARC, más de 13.000 guerrilleros optaron por desmovilizarse. Sin embargo, según datos de la ONU, tan solo poco más de la mitad, el 54 %, han podido acogerse a planes productivos colectivos e individuales. Pese a la falta de oportunidades, según el observatorio Indepaz, el 95 % de los desmovilizados está cumpliendo con los acuerdos.

Para la mayoría, en especial los más afectados por una guerra interna que se prolongó durante más de 50 años y dejó al menos 262.197 muertos, según el Observatorio de Memoria y Conflicto del CNHM, la paz avanza, pero a pasos lentos.

"Hay una revolución de conciencia a favor de la paz, en contra de la guerra, y esto marca muchísimo a pesar de que la paz no se ha construido de manera completa, que se han encontrado muchas dificultades para la transición, para la implementación de los acuerdos, para que el Gobierno esté a la altura de lo que necesita el país", dijo a France 24 Camilo González Posso, presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

En muchos territorios colombianos, sumidos en un fuerte abandono estatal, el conflicto sigue haciendo mella a las comunidades más vulnerables: los campesinos, indígenas o afrodescendientes.

Desde la firma de los acuerdos, al menos 1.270 líderes sociales, defensores de la tierra, de los derechos humanos e indígenas han sido asesinados, según la organización Indepaz. La guerra se ensañó especialmente con las mujeres y el postconflicto perpetúa esta forma de violencia de género, con al menos 178 lideresas y defensoras asesinadas desde la firma en 2016.

Según datos de la Unidad de Víctimas derivada de los acuerdos, más de 4,4 millones de mujeres fueron víctimas del conflicto; más de 28.000 han denunciado violencia sexual, aunque los datos reales serían mucho más altos. "Se sigue negando la violencia contra las mujeres en el conflicto", dijo desde El Salado a France 24, Yirley Velasco, sobreviviente y víctima de esta violencia en una de las peores masacres de la historia reciente de Colombia perpetrada por paramilitares.

Colombia es, por segundo año consecutivo, el país más peligroso para los defensores del medioambiente, entre ellos los líderes indígenas, según el último informe de la ONG Global Witness.

"En la mayoría de la geografía de los territorios han estado afectados por las dinámicas de la guerra: desplazamiento, ejecuciones extrajudiciales, falsos positivos, reclutamiento forzado para la población infante, pero también asesinatos de líderes sociales", lamentó a France 24 el líder indígena misak Pedro Velazco, quien señala que, en el departamento del Cauca, donde está el resguardo misak de Guambía, uno de los más violentados, "no hay una familia que no haya sido tocada por el conflicto armado en Colombia".

Este recrudecimiento de los asesinatos tiene que ver según los expertos, con el incumplimiento de lo pactado por el actual Gobierno del presidente conservador Iván Duque. "Se requiere la voluntad real de implementación", destaca Gónzalez Posso, apuntando a las "fallas" y los "obstáculos" de algunos actores para la transición a la paz.

Este miércoles, con la visita del Secretario General de Naciones Unidas, António Guterres, se realizaron varios actos de conmemoración del quinto aniversario del Acuerdo de Paz. Guterres señaló que el programa para la paz fue diseñado para un horizonte de 15 años, por lo que aún faltan diez, apuntando a que "los desafíos son parte de los procesos de paz".

En la sede de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) distintos personajes claves en las negociaciones para la paz hablaron para hacer un balance de estos años. Desde víctimas, hasta el expresidente Santos, el actual mandatario Duque o el último líder de la cúpula de las FARC, Rodrigo Londoño alias 'Timochenko', así como los directores de la JEP, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), estos últimos, organismos surgidos con los acuerdos.

LA JUSTICIA PARA LA PAZ, EPICENTRO DE LOS ACUERDOS DE PAZ

Eduardo Cifuentes, presidente del tribunal o JEP, creado para juzgar crímenes de guerra y lesa humanidad, defendió el papel de esta justicia transicional, uno de los puntos más polémicos del acuerdo. "Una jurisdicción que descansa sobre los aportes genuinos y espontáneos de verdad arriesga a marchitarse si el temor se erige en obstáculo para el acceso a la justicia y la construcción de la paz", dijo.

Cifuentes destacó también la importancia de buscar una reparación y verdad para las familias de los 6.402 'falsos positivos', como se conoce a las víctimas de ejecuciones extrajudiciales a manos de integrantes de la fuerza pública colombiana durante el conflicto.

La desaparición forzada fue una de las más reiteradas tácticas de guerra que sufrió la población colombiana durante el conflicto. Más de 100.000 personas siguen desaparecidas, según la Comisión de la Verdad, en lo que constituye un crimen de lesa humanidad. "Vivir con la ausencia es morir en silencio", señaló a France 24 Yaritza Paniagua, excombatiente de las FARC y directora de la Comisión de Búsqueda de Desaparecidos componente FARC en el oriente de Colombia.

En su discurso, la presidenta de la UBPD, Luz Marina Monzón, apuntó a la implementación como el camino hacia la no repetición: "La implementación completa del Acuerdo representa la generación de un entorno favorable para impactar de manera efectiva las situaciones que han mantenido el conflicto y así caminar de manera certera hacia la no repetición".

Más crítico con la institucionalidad se mostró el director de la Comisión de la Verdad, el padre Francisco de Roux: "No era una paz para las FARC, era la posibilidad de la paz grande de los colombianos, la paz que tenía que ponerse en marcha desde ese momento, generosamente. La transformación ética, política y estructural de este país", añadiendo que esa "paz grande", pese a que el país vio una tranquilidad y un cambio tras el acuerdo, no ha llegado la población: "no hubo entre nosotros grandeza humana para tanto, no supimos unirnos".

De Roux nombró algunas de las principales problemáticas del país, que se sufren especialmente en los territorios colombianos donde la ausencia del Estado es aún patente y que, "permitió que la guerra de la coca y la minería ilegal penetrara en las comunidades y los territorios que dejó las FARC, que volvieran las minas antipersonas a la cuenca de los ríos, la destrucción de la naturaleza y el terror de las comunidades".

"LAS MINAS QUE ANTES PONÍAMOS, AHORA LAS QUITAMOS"

Luego de cinco décadas de conflicto, hubo más de 12.000 víctimas –de las cuales 2.000 fueron mortales– por minas antipersona, el 40 % de los afectados fueron civiles.  "Las minas que antes poníamos, ahora las quitamos", afirmó hace unos días a France 24 Germán Balanta, excombatiente de la guerrilla, antes de añadir que el principal objetivo es "reparar a las comunidades que estuvieron en medio del conflicto" a través de Humanicemos DH, primera organización de desminado formada íntegramente por excombatientes.

Débora Barros, víctima del conflicto armado recordó que "desde los territorios seguimos y confiamos en el proceso de paz. Necesitamos que la paz no solo sea la firma del Acuerdo, sino que se vea en realidades, en la mejora de la economía para las víctimas". El punto primero del Acuerdo de Paz es la Reforma Rural Integral y quizás engloba todas las problemáticas del país, puesto que el 75,5% de los municipios son rurales, pese a que apenas el 32% de la población los habita.

El incumplimiento de este punto, del que nace el Fondo de Tierras, con solo el 33% cumplido, ha generado un fuerte malestar entre la ruralidad colombiana y en especial entre aquellos campesinos excocaleros que se acogieron a otro de los puntos surgidos del pacto, la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito. "El Gobierno actual ha sido contrario a los Acuerdos de Paz (…) las crecientes desigualdades han afectado más al campesino, cuando el campesino es el que sostiene las ciudades", dijo a France 24 el excocalero Luis Eduardo Vaca, desde Calamar, en el departamento del Guaviare. 

El 98% de los campesinos que se acogieron al programa han cumplido en la erradicación voluntaria, pero –cuando se cumple un tercio del plazo de quince años para la implementación completa del programa– muchos campesinos repiten lo mismo: "fue una total mentira". Mientras que, en el último año, los cultivos de uso ilícito como la coca han aumentado un 8 %, según el Instituto Kroc.

Cinco años después de un plebiscito fallido y la firma definitiva de los acuerdos el 24 de noviembre de 2016 en el Teatro Colón de Bogotá, los desafíos que afronta Colombia para la implementación de la paz siguen siendo grandes.

La ONU aboga porque se garantice la paz. "Después de más de cinco décadas de conflicto y conscientes del sufrimiento que causó (...) tenemos la obligación moral de garantizar que este proceso de paz tenga éxito", manifestó Guterres. Pese a todos los obstáculos, entre los colombianos todavía abunda el anhelo de un país sin guerra.

En Colombia, he sido testigo de los esfuerzos de excombatientes para construir nuevas vidas de paz y avanzar en su reincorporación socioeconómica.

Es de suma importancia redoblar esfuerzos de protección para asegurar que puedan tener esta segunda oportunidad en la vida.