“La Reforma Procesal Laboral que sellamos hoy como un gran acuerdo nacional, es la herencia que con responsabilidad proyectamos para que las generaciones de hoy y de mañana tengan mejor garantizados sus derechos laborales”, afirmó Solís durante el acto.

Tanto Solís como el ministro de Trabajo, Víctor Morales, destacaron que esta nueva legislación, que fortalece los derechos de la población trabajadora, es el mayor avance en materia laboral desde la promulgación del Código de trabajo en 1943.

“Hemos esperado mucho tiempo para ver hecha realidad una Ley que desde hace varias décadas era imprescindible para un país de derecho como el nuestro. Felicito y agradezco a los diputados y diputadas de la República por el esfuerzo hecho, así como a los representantes del sector sindical y patronal en su apertura al diálogo y en el compromiso por brindar a nuestra fuerza laboral una Ley acorde con las características actuales del mercado laboral”, expresó Morales.

La Reforma Procesal Laboral, que esperó largos años para su aprobación y que había sido vetada por al ex presidenta Laura Chinchilla, fue ratificada por la Asamblea Legislativa el 14 de marzo de 2015.

La normativa contiene una serie de cambios importantes en los procesos judiciales laborales, como la oralidad de los juicios, en virtud de lo cual su duración podría bajar de dos y tres años a solo unos pocos meses desde el momento en que se plantea una denuncia.

Aquellos trabajadores cuyo salario no supere los 902 mil colones (dos salarios del auxiliar judicial administrativo), tendrán derecho a una defensa laboral gratuita, similar a la que el Estado proporciona a los acusados en los procesos penales.

En caso de despido, el empleador o la empleadora solo podrá alegar como hechos justificantes de la destitución los indicados en la carta de despido entregada a la persona trabajadora, es decir, en ningún caso el patrono podrá alegar situaciones diferentes a las expresadas en la carta de despido dentro del proceso.

Además, se introdujo al Código un capítulo especial en contra de la discriminación. Por ejemplo, las personas trabajadoras que desempeñen en iguales condiciones un trabajo igual gozarán de los mismos derechos en cuanto a jornada laboral y remuneración, sin discriminación alguna.

La Reforma Procesal Laboral entrará en vigencia 18 meses después de su publicación.

El presidente Solís resaltó el acuerdo de carácter nacional que hizo posible la reforma procesal laboral para insistir en la necesidad de que el país alcance acuerdos similares en materia fiscal.

“Es imperativo este acuerdo (fiscal) para garantizar una sociedad que tenga la fuerza necesaria para seguir impulsando bienestar, desarrollo, educación, salud, seguridad, vivienda; que tenga las condiciones para generar empleo de calidad y reducción de la pobreza”, subrayó.