En esta imagen se muestran una planta de marihuana (derecha) y otra de cáñamo, en la que se aprecian las semejanzas y diferencias entre ambas.

“Tras un análisis exhaustivo del texto, el Poder Ejecutivo apoya su potencial para la reactivación económica y sus efectos positivos en la salud. No obstante, durante este análisis, los equipos de las instituciones han encontrado aspectos que generarían efectos perjudiciales para la salud pública y la seguridad ciudadana. Por fortuna, estos problemas se pueden solventar y queremos que así sea para la firma y vigencia de la ley“, aseguró en conferencia de prensa la ministra de la Presidencia Geannina Dinarte.

Por su parte, el ministro de Agricultura, Renato Alvarado, señalo que la industrialización del cáñamo y del cannabis medicinal representa una gran oportunidad para los productores nacionales. Sin embargo, expresó, para que la producción de estos productos sea exitosa es necesario que se haga con estrictos controles en materia de salud, seguridad y vigilancia fitosanitaria.

 Uno de los aspectos que objetan las autoridades administrativas es que el texto de la ley aprobada en primer debate trata la planta como un medicamento, sin que se cumpla con los parámetros científicos y médicos para darle tal categoría.

“Ello, resulta altamente riesgoso para la salud pública, ya que se asume que la planta por sí misma, sin importar cómo sea consumida por la persona, tiene efectos terapéuticos o medicinales, y eso no es así“, afirmó el ministro de Salud, Daniel Salas.

Adicionalmente, añadió, no hay mecanismos efectivos de trazabilidad, lo que resultaría en un control casi inexistente.

Por otra parte, la poca regulación del autocultivo, como se plantea en el proyecto, le hace prácticamente imposible el control a las autoridades de salud y seguridad, ya que cualquier persona podría encubrir el cultivo de marihuana como si fuera cáñamo.

El ministro de Seguridad, Michael Soto, explicó que “si el cultivo y desarrollo del medicamento es dirigido por profesionales y científicos expertos, no existe tanto riesgo y su regulación es completamente viable, pero el autocultivo y el autoconsumo generarían una proliferación de cultivos que dificultaría las acciones contra el tráfico ilícito de estupefacientes y contra el crimen organizado”.

Otro aspecto señalado por los jerarcas es que el texto aprobado admite una concentración del componente psicoactivo de los productos de cañamo, el THC, de 1%. Esto es cinco veces mayor al máximo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y los países europeos, de 0,2%.

Con lo aprobado, dichos productos deberían considerarse prácticamente como drogas blandas.  

El director del Instituto Contra las Drogas (ICD), Sergio Rodríguez, aseguró que el texto choca con normativas internacionales suscritas por Costa Tica, tales como la Convención Única sobre Estupefacientes de las Naciones Unidas, el Convenio de Viena sobre Sustancias Psicotrópicas y la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas.

Los funcionarios destacaron que estas observaciones ya habían sido enviadas a la comisión legislativa que dictaminó el texto, pero que no fueron tomadas en cuenta por los diputados. No obstante, reiteraron que los problemas encontrados son corregibles y que compartirán las soluciones con la Asamblea Legislativa para su respectivo trámite.