Es como si la CCSS fuera una persona diabética a la que acaban de entregar exámenes con datos preocupantes, los sustituye por alguna opinión optimista y sale inmediatamente a comerse todos los chocolates de la tienda. Lo que pase después, ya se verá.

Así, conocedores del estado crítico de sus finanzas internas y sin basarse en estudios de pertinencia ni sostenibilidad que desmintieran los números rojos de los informes actuariales, el cuerpo directivo y gerencial de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) avaló -en 2009- la política de incrementar 10.003 plazas, el aumento al tope de cesantía a 20 años y alzas salariales que provocaron un grave desequilibrio en la institución icónica nacional a cargo de todos los hospitales y clínicas del país.

Al menos tres informes de auditoría emitidos en el año 2012, pero hasta ahora escondidos entre la maraña burocrática interna, señalan el conocimiento que las autoridades directivas y gerenciales tenían sobre el peligro financiero institucional que existía a finales del gobierno de Óscar Arias (2006-2010).

A pesar de ello tomaron decisiones que, a la postre, elevaron el presupuesto que la CCSS dedica a remuneraciones y redujeron el dinero para la operación normal e inversiones en los centros de salud. De tal manera, las remuneraciones crecieron ocho puntos porcentuales en relación con el gasto total, según las liquidaciones presupuestarias el 2014 (ver gráfico).

Un cálculo preliminar del costo incremental en remuneraciones se acerca a los $900 millones (alrededor de ¢486.000 millones al cambio actual), con lo que se podría cubrir los costos de construcción y equipamiento de tres hospitales nacionales como el de Alajuela, Heredia y el que se planea en Cartago, según calcula el economista Daniel Muñoz, exjefe del Área de Investigación Económica de la Dirección Actuarial).

Por este y otros casos, el funcionario tiene presentada en el Ministerio Público desde el 2012 una denuncia penal contra más de una docena de jerarcas de la Caja, que siguen intactos en altos cargos manejando la institución, e incluso seis de ellos figuran en la lista de funcionarios cuya destitución recomendó la comisión legislativa que investigó la CCSS ese año.

El manejo financiero de la CCSS (que cobija operaciones superiores al 11% del PIB) desde el gobierno de Arias es objeto de un nuevo impulso de investigación en la Asamblea Legislativa en estos primeros meses del 2016.

La comisión de Ingreso y Gasto Público revisa información que en parte está contenida en los informes de la auditoría interna, que señalan incluso a la más alta autoridad de entonces, el presidente ejecutivo Eduardo Doryan, en tiempos en que el gobierno impulsaba el “Plan escudo” como respuesta a la crisis internacional que amenazaba con elevar el desempleo en el país.

El informe de Auditoría ASAAI-191-2012, entregado a la presidencia ejecutiva el 22 de agosto del 2012 (durante la administración de Laura Chinchilla), lo dice así: “El Dr. Eduardo Doryan Garrón tenía conocimiento de la situación financiera de la institución y de los problemas de liquidez; además (…) se le advirtió que en el rubro de gastos las partidas de mayor peso eran las de “servicios personales”; sin embargo, no se evidenció la incorporación de estos elementos dentro de la toma de decisiones en el otorgamiento de beneficios económicos a los funcionarios”.

Otro informe (ASAAI-187-2012), relativo al aumento en tope de cesantías, cuyo gasto subió un 121% entre 2008 y 2011, también señala a la mayor jerarquía institucional, pues a Doryan fue dirigido el informe ASF-067-R-2008 sobre la notable superioridad que en los años previos al 2008 se venía presentando en el incremento de gastos del Seguro de Salud frente al de los ingresos.

Un tercer estudio de auditoría (ASAAI-271-C-2012), también lo menciona. “Presuntamente (Doryan) tenía conocimiento de la situación deficitaria del Seguro de Salud, sobre lo cual la Auditoría Interna le informó mediante copia de oficios 27913 relativo a la “Gestión de la situación financiero contable Institucional” y AD-ASF-47792 “Oficio de advertencia en relación con la liquidez que enfrenta el Seguro de Salud”.

Este último decía a Doryan y al resto de directivos lo siguiente: “Esta Auditoría Interna previene y advierte sobre la situación expuesta, de manera que se tomen las acciones procedentes en torno al desbalance entre ingresos y egresos del régimen de salud, procurando la generación de recursos que permitan alcanzar el equilibrio y además garantizar el fortalecimiento y sostenibilidad en dicho seguro”.

ADVERTENCIAS

La CCSS, que ahora tiene 50.000 empleados y carece de posibilidad legal de revertir los beneficios otorgados, dejó de lado las advertencias previas y en octubre del 2009 (cuando comenzaba la campaña para las elecciones de febrero de 2010), a propuesta del cuerpo gerencial y jefaturas integrados en el consejo financiero presupuestario, aprobó en su seno directivo la política de remuneraciones y nuevas plazas. Uno de sus miembros, el economista Pablo Sauma, sí criticó la decisión.

Las autoridades se basaron en un escueto informe referido en el oficio DFC 2.615, que señala que la propuesta de alza en salarios y porcentajes de anualidades, así como elevación del tope de cesantía, “no conduce a una situación de desequilibrio o insostenibilidad financiera” en la relación ingresos versus gastos.

Ese escueto informe lo firmaron Iván Guardia (director financiero contable), Sara González (directora de Presupuesto) y Luis Guillermo López (director actuarial).

Guardia y González firmaron ese documento el 26 de octubre, cuatro meses después de que en otro oficio 27913 (15 de julio) habían señalado que “el comportamiento presupuestario de los ingresos y gastos de los últimos tres años (2006, 2007 y 2008) evidencia un enorme riesgo en la estabilidad financiera del Régimen de Salud”.

La nota de octubre también ignoró lo que reportaba el oficio DA-577 suscrito por Daniel Muñoz Corea, quien como jefe del departamento de estudios económicos había recibido el encargo de estudiar la sostenibilidad de la institución ante una nueva política salarial, como lo había pedido la Junta Directiva en la sesión 8253 del 29 de mayo del 2008.

Muñoz pasó seis meses con un equipo multisectorial elaborando un informe que concluyó lo siguiente: “Los hallazgos preliminares del estudio apuntan a una existencia de desequilibrio de índole interna y externa e materia de retribución salarial”. Esa conclusión resultó correcta al cotejarla con las liquidaciones de los presupuestos posteriores, pero ese informe nunca llegó a tramitarse por las vías formales.

Muñoz asegura haber entregado el informe de 95 páginas a Manuel Ugarte, gerente financiero, pero este lo rechazó y optó por presentar unos cuantos folios a la Junta Directiva, donde después hubo reprimendas del directivo Sauma por la pobreza documental, pero la molestia no pasó de ahí.

Estos estudios “carecieron de una metodología que permitiera calcular y contemplar los criterios de sostenibilidad financiera, actuariales y legales de las propuestas presentadas (de aumento en remuneraciones)”, dice el informe de la Auditoría.

El resultado fue una hinchazón de la planilla de la CCSS y 30 mejorías de salario mediante diversas modalidades. En el 2010, la CCSS recortó una tajada de ocho puntos porcentuales del presupuesto de operación e inversión para dedicarlo a remuneraciones.

A finales del 2010 incluso hubo faltante de dinero para pagar a proveedores por un monto cercano a los ¢90.000 millones, hueco que se tapó con la venta de bonos al fondo de pensiones del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), perteneciente a los asegurados.

Esta transacción se realizó sin la puja normal del mercado de títulos valores para obtener el mejor precio y rendimiento posibles de la inversión, operación que fue avalada por el Comité de Inversiones del IVM que coordinaba la gerente de Pensiones en ese entonces, Dinorah Garro, actual gerente de Logística.

Para Daniel Muñoz, quien formó parte del comité de inversiones como representante de la dirección actuarial, eso fue una manera de subsidiar las operaciones de salud usando el ahorro de pensiones de los costarricenses.