La quema de ranchos y cosecha ha sido una de las muchas formas de violencia contra los indígenas.

La Defensora Catalina Crespo comunicó a Paulo Abräo, secretario ejecutivo de la CIDH, que “los espacios generados hasta ahora por parte del gobierno para un efectivo diálogo no han sido suficientes ni eficaces en lograr resultados concretos en la atención de las prioridades expuestas por los pueblos indígenas y, en general, para la efectiva implementación de la medida cautelar dictada casi cinco años atrás (por la CIDH) a favor de los pueblos indígenas de Salitre y Térraba”, señala un comunicado oficial.

La Defensoría advirtió que el asesinato de Jerhy Rivera la noche del lunes agrava la situación de inseguridad que persiste en los territorios indígenas, donde “la cara visible del Estado sigue siendo la Fuerza Pública” que trabaja con limitados recursos para contener la violencia.

“Estoy haciendo un llamado al Estado para que realmente lidere, de manera inmediata y efectiva, acciones que permitan atender el conflicto por tierra. Igualmente condeno enérgicamente este crimen y exhorto a las autoridades a tomar las medidas necesarias para dar con los responsables de este hecho”, expresó Crespo.

La funcionaria apunto que el reciente cambio del Viceministro de Asuntos Políticos, que encabezaba el proceso de diálogo político, no favorece dicho proceso, porque ahora los pueblos indígenas de recibir un nuevo interlocutor que no está familiarizado con la situación y que debe empezar por generar una relación de confianza con los indígenas

“Una señal de buena fe del Gobierno sería la ejecución de los desalojos administrativos que están pendientes desde hace varios años. En junio del 2019, el Gobierno anunció que había realizado dos desalojos, sin embargo, lo que hizo fue poner en posesión de la Asociación de Desarrollo Integral (ADI) de Salitre dos fincas que habían sido recuperadas previamente por personas indígenas, con sus propios medios y riesgo personal”, explicó la Defensoría.

“Desde ese entonces no se ha ejecutado (ni administrativa ni judicialmente) ningún otro desalojo, ni resuelto proceso agrario pendiente, en detrimento de la confianza y credibilidad en estas vías que deben de ser las utilizadas por excelencia para garantizar el respeto de los derechos de todas las partes”, agregó.

La entidad destacó que el plan del gobierno para la recuperación de tierras indígenas, conocido como Plan RTI, “una tenido una muy lenta implementación” y criticó que no se hayan establecido prioridades en el ánimo de detener las situaciones de violencia.