La legislación tiene el objetivo de garantizar la permanencia y sostenibilidad del programa más allá del 8 de mayo, cuando asuma un nuevo gobierno.

“La  nueva ley procura que la prestación de servicios en el marco de la Red promueva la autonomía personal y económica de las mujeres, liberando su tiempo para que puedan estudiar, capacitarse e insertarse al mercado laboral”, señala un comunicado de la Presidencia.

También busca “incidir en el desarrollo infantil integral, con importantes impactos para el país y las personas menores de edad que forman parte del programa”, agrega el comunicado.

En el acto, en que participaron unas 15 personas entre diputados, funcionarios y beneficiarios, varias mujeres ofrecieron su testimonio de la forma en que la atención de sus hijos en los centros de la red les ayudó a conseguir trabajo y a mejorar las condiciones de vida de su familia , o bien a continuar sus estudios.

“Con la aprobación y ratificación de la Ley 9220, sentamos las bases de un programa que pretende llegar a cubrir a toda la población infantil del país, proporcionándoles las herramientas para su óptimo desarrollo biosicosocial, lo que a futuro ayudará a eliminar la brechas económicas y sociales que actualmente persisten en el país”, señaló el ministro de Bienestar Social, Fernando Marín.

“Estoy convencida de que aquí se ha matriculado un enorme ejército de personas: hombres, mujeres, niños, adultos mayores que han creído en el programa y nos ayudaron a sacarlos adelante, expresó la mandataria en un breve discurso.

Chinchilla dijo que este es el “tercer gran pilar” de los programas sociales que han hecho la diferencia en el país: educación, salud y ahora “la universalización de la atención de la infancia”.