El fallo, votado el 21 de marzo pasado, corresponde a un recurso de amparo planteado por el ciudadano Alejandro Fernández Sanabria contra la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).

Sanabria solicitó a la CCSS información relativa al salario de sus funcionarios entre 1990 y 2013, a lo cual las autoridades de la institución accedieron a condición de que se cree una “rutina informática” particular, debido al volumen de la información.

Ante esta respuesta, Sanabria acudió a la Sala IV que declaró con lugar el recurso y dio un plazo a la CCSS para que informe al recurrente cuánto tiempo requerirá construir la rutina informática, el plazo para atender su solicitud y el costo aproximado que deberá asumir el amparado.

“La Sala declaró que cuando una información es pública, el ciudadano no está obligado a justificar ante la Administración las razones por las que requiere acceder a tal dato. Por el contrario, el Estado tiene el deber de informar al administrado acerca de sus actuaciones y progresivamente hacer accesible la información que se encuentre en su poder mediante los medios tecnológicos de que disponga”, señala el fallo judicial.

“En el caso particular de los salarios de los funcionarios públicos, el principio de publicidad administrativa prevalece sobre el derecho a la intimidad, toda vez que tales sueldos son pagados con fondos públicos, por lo que se justifica su divulgación en virtud de los principios de transparencia y del control de las finanzas de la Administración”, agregó la Sala Constitucional.

Los magistrados estimaron que el salario de los funcionarios públicos no puede ser catalogado como un dato personal de acceso restringido, pues este tipo de información “trasciende los intereses de su titular”, pues es de interés de todo ciudadano conocer el destino preciso y velar por el correcto uso de los fondos públicos, “a los que se encuentra obligado a contribuir”.

La Sala advirtió que no importa la amplitud de la petición planteada, la institución no puede descuidar otros aspectos esenciales del servicio público que brinda a la población en general.