“Esto no es algo sacado de la manga, es resultado de un proceso muy largo que inició en el 2006, con base en una investigación hecha por la misma Contraloría; hay una orden del Tribunal Contencioso Administrativo, que estamos obligados a cumplir”, señaló Acosta en breves declaraciones a una radioemisora nacional.
La Contralora afirmó que las personas han ejercido su derecho de defensa y aún tienen abiertas otras vías para seguir ejerciendo su defensa.
La sanción decretada por el órgano contralor está relacionada con la aprobación de un traspaso de tierras a varios campesinos, autorizado en 2004 por la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA, hoy Instituto de Desarrollo Rural, INDER) de la cual formaban parte Céspedes (entonces presidente ejecutivo) y Carabaguías como director.
Según el Tribunal Contencioso Administrativo, que ordenó a la Contraloría imponer la sanción, esas tierras no podían ser traspasadas a personas privadas. Posteriormente, los beneficiarios vendieron los terrenos a una empresa privada que desarrolló en el sitio un proyecto turístico.
Otro tribunal, en vía penal, sobreseyó a los funcionarios, pero esta decisión no afecta el desarrollo del proceso en la vía administrativa.
“Puedo dar garantía de que nuestra resolución es jurídica, es objetiva y apegada al marco legal”, puntualizó la Contralora General.
