Dicho acuerdo se refiere a la creación de un registro de accionistas de las sociedades anónimas y de los beneficiarios finales, un tema que mantenía entraba la agenda en la Comisión de Asuntos Hacendarios del Congreso.

La principal preocupación de los diputados ha sido cómo mantener la privacidad de los datos, ya que la divulgación de los mismos podría generar situaciones de inseguridad personal o lesiones comerciales a los ciudadanos.

Para subsanar las diferencias, el Ministerio de Hacienda y la bancada socialcristiana concordaron en que al registro solo tendrán acceso la Dirección de Tributación Directa y el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD).

Además, acordaron incluir en la ley la creación de un juez de garantías que pudiera dictar sanciones contra quienes vulneren la privacidad de los accionistas indagando sin justificación en sus datos o haciéndolos públicos.

El gobierno avanza acuerdos similares con otros partidos de oposición como el Frente Amplio y el Partido Liberación Nacional, que en general se han mostrado más anuentes a agilizar las leyes tendientes a mejorar la difícil situación fiscal que enfrenta el país.

La administración Solís espera que los diputados también aprueben reformas al impuesto sobre la renta y la transformación del impuesto de ventas por un tributo al valor agregado, con lo que se pueda atenuar el déficit fiscal, actualmente cercano al 6% del Producto Interno Bruto (PIB).