El viceministro de Hacienda, Fernando Rodríguez, informó que varias instituciones ya coordinan acciones para determinar la legalidad o ilegalidad de estas pensiones así como la posibilidad de ponerle tope a los pagos millonarios que se aprobaron a algunos ex jerarcas de la administración pública en gobierno anteriores.

El anuncio lo hizo el Viceministro Rodríguez en el programa de Amelia Rueda, en el que recordó que las pensiones para los servidores públicos tienen un tope máximo de 10 salarios mínimos y sobre esta base se realiza el análisis jurídico.

Las instituciones que iniciaron el cruce de información con Hacienda son la Procuraduría General de la República (PGR) y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con el fin de establecer los aspectos jurídicos que permitirían fijar el límite legal de estas 1.745 pensiones de privilegio que se pagan con cargo al Presupuesto Nacional, ya que, señaló Rodríguez, la mayoría pertenecen a regímenes de pensiones cerrados, como por ejemplo Hacienda y pensiones de guerra.

Hacienda reveló que el Estado paga al 2,5 % de personas con pensiones de lujo unos ¢90 millones anuales, lo que equivale al 15%  de los ¢600 millones presupuestados en este rubro, mientras que un 18 % de los pensionados del estado recibe solo ¢200 mil de pensión al mes.

Rodríguez afirmó que el nuevo gobierno hará lo que sea necesario para terminar con “esta disparidad” y que en caso de no encontrar los fundamentos legales para frenar privilegios se tomarán otro tipo de medidas de las que se informará en los próximos días.