El texto aprobado, como es costumbre, se compone de una parte de considerandos (que suman 11 en total) aludiendo a la situación en Gaza y a la normative internacional que violenta Israel con este tipo de ataques “desproporcionados e indiscriminados” según la expression que se repite en varias partes del texto, y de una parte dispositiva de 15 puntos, en la que el punto 13 precisa que el Consejo de Derechos Humanos: "Decides to urgently dispatch an independent, international commission of inquiry, to be appointed by the President of the Human Rights Council, to investigate all violations of international humanitarian law and international human rights law in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, particularly in the occupied Gaza Strip, in the context of the military operations conducted since 13 June 2014, whether before, during or after, to establish the facts and circumstances of such violations and of the crimes perpetrated and to identify those responsible, to make recommendations, in particular on accountability measures, all with a view to avoiding and ending impunity and ensuring that those responsible are held accountable, and on ways and means to protect civilians against any further assaults, and to report to the Council at its twenty-eighth session".

Palestina: un Estado desde el 2012

Cabe recordar que desde el 29 de noviembre del 2012, Palestina ostenta formalmente, y gracias a una aplastante mayoría obtenida en la Asamblea General de Naciones Unidas, el estatuto de Estado No Miembro Observador (remitimos al lector a una modesta nota al respecto explicando las razones de este estatuto peculiar obtenido y a una más extensa en francés publicada en la Sentinelle de la Sociéte Française pour le Droit International (SFDI), numéro 329 de janvier 2013).

Desde el punto de visto estríctamente jurídico, este estatuto permite a las autoridades palestinas subsanar una limitante que encontraban con anterioridad, al poder de ahora en adelante exigir (como cualquier Estado) el respeto a las reglas que imperan entre Estados entre sí y suscribir (como cualquier Estado), tratados internacionales y más particularmente tratados en materia de derechos humanos, de derecho internacional humanitario y de derecho penal internacional. En realidad, desde noviembre del 2012, es todo el derecho internacional público el que se abre a Palestina, y esta vez como sujeto pleno de este peculiar ordenamiento jurídico.  En mayo del 2014, cinco de los ocho tratados suscritos por Palestina como Estado entraron en vigor para Palestina (ver nota de prensa).

Recordemos que el establecimiento por parte de Costa Rica de relaciones oficiales de Estado a Estado con Palestina en febrero del 2008 fue posteriormente seguido de similares gestos hacia Palestina de los siguientes Estados de América Latina: Venezuela (abril del 2009), República Dominicana (julio del 2009), Bolivia, Brasil, Ecuador y Paraguay (diciembre del 2010), Perú y Chile (enero del 2011), Argentina (febrero del 2011), Uruguay (marzo del 2011), El Salvador y Honduras (agosto del 2011). A ello hay que sumar los reconocimientos previos hechos por Cuba (1988) y Nicaragua (1988), así como de México el cual alberga una representación de Palestina desde 1975 sin reconocer oficialmente a Palestina como Estado.

En un artículo publicado en su columna semanal en el rotativo La República (Costa Rica) en diciembre del 2012, el ex Ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica (2006-2010), Bruno Stagno, a quién le correspondió llevar adelante la apertura de Costa Rica hacia el mundo árabe así como el establecimiento de relaciones de Estado a Estado con Palestina (2008), y quién fungió como Presidente de la Asamblea de Estados Parte de la Corte Penal Internacional durante el período 2005-2008, escribía: “Más allá de la importancia que tiene esta decisión sobre la autodeterminación de Palestina, tiene importantes efectos jurídicos y políticos sobre las eventuales negociaciones de paz en el Medio Oriente. En primer lugar, por primera vez en su historia, Palestina ahora podrá suscribir tratados internacionales, incluyendo en particular el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. De acceder a dicho tratado, aquellos excesos susceptibles de caer bajo la jurisdicción del Estatuto perpetrados por Israel o grupos extremistas o terroristas en territorio palestino, podrían ser investigados o juzgados por la Corte” (Nota 1).

El derecho penal internacional: temores de Israel y de Estados Unidos

Ya habíamos hecho ver en un artículo publicado hace unos años en Elpais.cr (ver nuestro breve artículo) que Estados Unidos e Israel comparten preocupaciones comunes con relación a una entidad encargada de juzgar penalmente a responsables de cometer crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, genocidio y actos de agresión: la Corte Penal Internacional (CPI), establecida en 1998. El primer acuerdo bilateral de inmunidad (los famosos “ABI” que buscan impedir de forma bilateral el traslado de personal militar o civil norteamericano a la CPI) suscrito en el 2002 por Estados Unidos fue precisamente con Israel. Las presiones de diversa índole ejercidas por Estados Unidos sobre Costa Rica para que suscribiera un ABI (incluyendo un intento de evitar la Asamblea Legislativa para su aprobación según artículo de La Nación del 11/3/2011) llevaron a su canciller a expresar que: “For the love of God, this is not the way to treat a country that is your friend” (ver cable confidencial del 9/09/2005 reproducido por Wikileaks).

El primer Estado en imitar a  Estados Unidos “retirando” la firma del Estatuto  de Roma – una figura jurídica desconocida hasta entonces por el derecho internacional público -  es también Israel, seguido unos años después por Sudán. Si remontamos un poco más el péndulo del tiempo, la oposición frontal de la delegación de los Estados Unidos durante las negociaciones previas a la adopción del Estatuto de Roma en el mes de julio de 1998 tampoco fueron ajenas a su aliado israelí. Algunas de las infidencias del jefe de delegación norteamericana, David Scheffer, posteriores a julio de 1998, son bastante aleccionadoras: se lee en una tesis doctoral publicada en Francia sobre el tema que « En ce qui concerne Israël enfin, David Scheffer reconnut après Rome que la délégation américaine avait endossé la crainte d´Israël d´être victime d´accusations devant la future Cour en raison de sa politique dans les territoires occupés» (Nota 2). “Endosar” temores de otro Estado en la negociación internacional de un texto como el Estatuto de Roma constituye un ejercicio poco usual para una superpotencia (y una excelente estrategia del Estado temeroso).

Los esfuerzos de Palestina ante la CPI

El 21 de enero del 2009 Palestina depositó una declaración de aceptación de la jurisdicción de la CPI, que precisaba que: «the Government of Palestine recognizes the jurisdiction of the Court for the purpose of identifying, prosecuting and judging the authors and accomplices of acts commitied on the territory of Palestine since July 2002» (ver texto en pp. 392-393 del estudio del professor Alain Pellet). Esta iniciativa de las autoridades de Palestina fue antecedida por la campaña realizada por Israel en la franja de Gaza en diciembre del año 2008 en el marco de la operación “Plomo Fundido” (con más de 1400 víctimas mortales palestinas y 14 víctimas israelíes). La gestión de Palestina ante la CPI fue considerada por el servicio jurídico del ejército israelí como una nueva forma de terrorismo: el «terrorismo legal» (Note 3). Más allá de las valoraciones de los asesores legales del ejército de Israel, en el 2012, el Fiscal de la CPI desestimaría la petición de Palestina, remitiéndose a los órganos de Naciones Unidas para determinar si Palestina constituye o no un Estado (ver nota de la BBC): el Estado es la única entidad habilitada, según el Estatuto de Roma que establece la CPI,  a reconocer la competencia de esta jurisdicción.  La decisión de abril del 2012 del Fiscal de la CPI con relación a investigar lo que ocurre en Palestina desde la perspectiva del derecho penal internacional se mantiene, pese a que Palestina logró su reconocimiento como Estado No Miembro Observador en noviembre del 2012. Desde el punto de vista formal, Palestina aún no ha adherido al Estatuto de Roma que crea la CPI (pese a diversos llamados a hacerlo, como por ejemplo el de Amnistía Internacional en su comunicado de diciembre del 2013).

La justicia internacional ante un muro:

El pasado 9 de julio, se celebraron de manera un tanto discreta, los 10 años de la Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre las consecuencias de la construcción de un Muro en territorios palestinos por parte de Israel (Nota 4). En una misiva dirigida al Secretario General de Naciones Unidas (ver texto) por parte de distintas personalidades y organizaciones, se lee que: “El fracaso de las Naciones Unidas y los Estados miembros en el cumplimento de su obligaciones vinculantes para defender el derecho internacional y el orden mundial en este caso menoscaba al sistema internacional y la credibilidad en el derecho internacional. Diez años después de la decisión de la Corte Internacional de Justica, instamos a las Naciones Unidas, sus Estados miembros y órganos, a cumplir con su obligaciones y adoptar las medias permitidas por la ley para garantizar la eliminación del muro israelí del territorio palestino ocupado y el régimen conexo de las colonias, la discriminación institucionalizada y la anexión. Par ello es necesario aplicar las lecciones de conflagraciones pasadas, combatir las violaciones relacionadas por cada una y todas las partes, y reparar integralmente a las víctimas ahora por los costos, pérdidas y daños resultantes de acuerdo con el marco de reparaciones que la Asamblea General ha aprobado por aclamación”.

Pese a la discreción con la que se celebró esta décima primavera  de la opinión jurídica de la Corte de La Haya, esta no pasó del todo desapercibida: es precisamente objeto de una mención en uno de los considerandos del texto adoptado por el Consejo de Derechos Humanos. La referencia es hecha en los siguientes términos, y constituye en nuestra modesta opinion, un llamado sin ambigüedades: "Noting that 9 July 2014 marked the tenth anniversary of the adoption of the advisory opinion by the International Court of Justice on the legal consequences of the construction of a wall in the Occupied Palestinian Territory and that no progress has been made on its implementation, and affirming the urgent need to respect and ensure respect for international humanitarian law and international human rights law in this regard".

Recordemos para  el lector poco familiarizado con el sistema de Naciones Unidas, que cada vez que un Estado ha intentado solicitar al Consejo de Seguridad intervenir en los territorios ocupados de Palestina, la delegación norteamericana veta la decisión. Recientemente incluso, la delegación norteamericana innovó en la materia, con la noción de “veto implícito” detectada por los colegas franceses del boletín especializado “Sentinelle”.

Discusión y votación en Ginebra:

La propuesta de texto votado el 23 de julio del 2014 dio lugar a un debate por más de ocho horas antecedido de la presentación de varios representantes de agencias de las Naciones Unidas   (ver resumen de posiciones oficiales de los Estados que participaron al debate). Puesto finalmente a votación, el texto obtuvo 29 votos a favor, 17 abstenciones y un voto en contra (el de la delegación de Estados Unidos).

El detalle del voto indica que votaron a favor: Argelia, Arabia Saudí, Argentina, Brasil, Chile, China, Congo, Costa Rica, Costa de Marfil, Cuba, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, Filipinas, India, Indonesia, Kazajistán, Kenia, Kuwait, Maldivas, Marruecos, México, Namibia, Pakistán, Perú, Rusia, Sierra Leona, Sudáfrica, Venezuela y Vietnam.

Por su parte, los siguiente Estados se abstuvieron: Alemania, Austria, Benín, Botswana, Burkina Faso, Corea del Sur, Estonia, Francia, Gabón, Irlanda, Italia, Japón, Macedonia, Montenegro, Reino Unido, República Checa y Rumanía.

A diferencia de los Estados de África y de Asia, los Estados de América Latina que son actualmente miembros del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (a saber Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, Perú y Venezuela) votaron todos a favor de dicha resolución. De igual modo los Estados que pertenecen al denominado grupo de BRICS. Se reproduce al final de este artículo la versión en inglés (única disponible al momento de redactar esta nota).

Nota 1: Véase STAGNO B., “Palestina y la CPI”, La República (Costa Rica) con fecha del 3/12/2012. Con relación a lo que le significó a Costa Rica defender la integridad del Estatuto de Roma ante la arremetida inédita de la administración de G.W. Bush, a partir del 2002 remitimos al lector a un estudio del mismo Bruno Stagno, editado por la Universidad para la Paz en el 2012, disponible aquí. De igual manera remitimos a un modesto artículo sobre la política de EEUU tendiente a torpedear a la CPI, publicado con ocasión de los 10 años de la entrada en vigor del Estatuto de Roma y disponible aquí.

Nota 2: Véase FERNANDEZ J., La politique juridique extérieure des Etats-Unis à l´égard de la Cour Pénale Internationales, Paris, Pedone, 2010, p. 172 así como la nota 614, p. 179. Se leerá con similar interés la frustrada maniobra de Estados Unidos de excluir de la definición de crimen de guerra el traslado por un Estado de parte de su propia población a un territorio que ocupa (en francés en el texto « transfert par un Etat d´une partie de sa population dans un territoire qu´elle occupe ») en las pp. 171-172.

Nota 3: Véase FERNANDEZ J.op.cit., p. 325.

Nota 4: El texto completo de esta opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia está disponible en español en este enlace.

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24 July 2014

Original: English

Human Rights Council

Twenty-first special session 23 July 2014

Resolution adopted by the Human Rights Council S-21/1

Ensuring respect for international law in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem

The Human Rights Council,

Guided by the purposes and principles of the Charter of the United Nations and the Universal Declaration of Human Rights.

Recalling General Assembly resolution 60/251 of 15 March 2006 and Human Rights Council resolutions 5/1 and 5/2 of 18 June 2007.

Reaffirming the right to self-determination of the Palestinian people and the inadmissibility of the acquisition of land by the use of force, as enshrined in the Charter.

Affirming the applicability of international human rights law and international humanitarian law, in particular the Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War, of 12 August 1949, to the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem.

Reaffirming that all High Contracting Parties to the Fourth Geneva Convention1 are under the obligation to respect and ensure respect for the obligations arising from the said Convention in relation to the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, and reaffirming their obligations under articles 146, 147 and 148 with regard to penal sanctions, grave breaches and the responsibilities of the High Contracting Parties, Gravely concerned at the lack of implementation of the recommendations contained in the report of the United Nations Fact-Finding Mission on the Gaza Conflict of 2009, and convinced that lack of accountability for violations of international law reinforces a culture of impunity, leading to a recurrence of violations and seriously endangering the maintenance of international peace.

Noting that 9 July 2014 marked the tenth anniversary of the adoption of the advisory opinion by the International Court of Justice on the legal consequences of the construction of a wall in the Occupied Palestinian Territory and that no progress has been made on its implementation, and affirming the urgent need to respect and ensure respect for international humanitarian law and international human rights law in this regard.

Firmly convinced that justice and respect for the rule of law are the indispensable bases for peace, and stressing that prevailing long-standing and systemic impunity for international law violations has created a justice crisis in the Occupied Palestinian Territory that warrants action, including accountability for international crimes.

Noting the systematic failure by Israel to carry out genuine investigations in an impartial, independent, prompt and effective way, as required by international law, on violence and offences carried out against Palestinians by the occupying forces and settlers and to establish judicial accountability over its military actions in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem.

Emphasizing the obligations of Israel as the occupying Power to ensure the welfare and safety of the Palestinian civilian population under its occupation in the West Bank, including East Jerusalem, and in the Gaza Strip, and noting Israel’s wilful abdication and rejection of its obligations in this regard, Noting that the deliberate targeting of civilians and other protected persons and the perpetration of systematic, flagrant and widespread violations of applicable international humanitarian law and international human rights law in situations of armed conflict constitute grave breaches and a threat to international peace and security.

Deploring the massive Israeli military operations in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, since 13 June 2014, which have involved disproportionate and indiscriminate attacks and resulted in grave violations of the human rights of the Palestinian civilian population, including through the most recent Israeli military assault on the occupied Gaza Strip, the latest in a series of military aggressions by Israel, and actions of mass closure, mass arrest and the killing of civilians in the occupied West Bank.

Expressing grave concern at the critical humanitarian situation in the Gaza Strip, including in particular the forced displacement of tens of thousands of Palestinian civilians, the crisis in access to adequate water and sanitation services affecting nearly 1 million people, and the extensive damage to electricity infrastructure resulting in 80 per cent of the population receiving electricity only four hours a day, and underlining the importance of providing emergency humanitarian assistance to them and other victims.

Welcoming the establishment of the Palestinian national consensus Government on 2 July 2014 as an important step towards Palestinian reconciliation, which is crucial for achieving a two-State solution based on the pre-1967 borders and lasting peace, and emphasizing that the situation of the occupied Gaza Strip is unsustainable as long as it remains geographically, politically and economically separated from the West Bank.

1. Strongly condemns the failure of Israel, the occupying Power, to end its prolonged occupation of the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, in accordance with international law and relevant United Nations resolutions.

2. Condemns in the strongest terms the widespread, systematic and gross violations of international human rights and fundamental freedoms arising from the Israeli military operations carried out in the Occupied Palestinian Territory since 13 June 2014, particularly the latest Israeli military assault on the occupied Gaza Strip, by air, land and sea, which has involved disproportionate and indiscriminate attacks, including aerial bombardment of civilian areas, the targeting of civilians and civilian properties in collective punishment contrary to international law, and other actions, including the targeting of medical and humanitarian personnel, that may amount to international crimes, directly resulting in the killing of more than 650 Palestinians, most of them civilians and more than 170 of whom are children, the injury of more than 4,000 people and the wanton destruction of homes, vital infrastructure and public properties.

3. Condemns all violence against civilians wherever it occurs, including the killing of two Israeli civilians as a result of rocket fire, and urges all parties concerned to respect their obligations under international humanitarian law and international human rights law.

4. Calls for an immediate cessation of Israeli military assaults throughout the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, and an end to attacks against all civilians, including Israeli civilians;

5. Welcomes the initiative of Egypt, supported by the League of Arab States, and calls for all regional and international actors to support this initiative in view of securing a comprehensive ceasefire;

6. Demands that Israel, the occupying Power, immediately and fully end its illegal closure of the occupied Gaza Strip, which in itself amounts to collective punishment of the Palestinian civilian population, including through the immediate, sustained and unconditional opening of the crossings for the flow of humanitarian aid, commercial goods and persons to and from the Gaza Strip, in compliance with its obligations under international humanitarian law;

7. Calls upon the international community, including the States Members of the United Nations, international financial institutions and intergovernmental and non-governmental organizations, as well as regional and interregional organizations, to provide urgently needed humanitarian assistance and services to the Palestinian people in the Gaza Strip, including by supporting the emergency appeal launched by the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East on 17 July 2014;

8. Expresses grave concern at the rising number of incidents of violence, destruction, harassment, provocation and incitement by extremist Israeli settlers illegally transferred to the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, against Palestinian civilians, including children, and their properties, and condemns in the strongest terms the resulting perpetration of hate crimes;

9. Expresses deep concern at the condition of Palestinian prisoners and detainees in Israeli jails and detention centres, in particular following the arrest by Israel of more than 1,000 Palestinians since 13 June 2014, and calls upon Israel, the occupying Power, to immediately release all Palestinian prisoners whose detention is not in accordance with international law, including all children and all members of the Palestinian Legislative Council;

10. Underlines the importance of ensuring the protection of all civilians, emphasizes the continued failure of Israel to protect the Palestinian civilian population under its occupation as demanded by international law, and in this context calls for immediate international protection for the Palestinian people in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, in accordance with the relevant provisions of the Charter of the United Nations, international humanitarian law and international human rights law;

11. Recommends that the Government of Switzerland, in its capacity as depositary of the Fourth Geneva Convention,1 promptly reconvene the conference of High Contracting Parties to the Convention on measures to enforce the Convention in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, and to ensure its respect in accordance with article 1 common to the four Geneva Conventions, bearing in mind the statement adopted by the Conference of the High Contracting Parties on 15 July 1999, and the Declaration adopted by the Conference on 5 December 2001;

12. Requests all relevant special procedures mandate holders to urgently seek and gather information on all human rights violations in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, according to their respective mandates, and to include their observations in their annual reports to the Human Rights Council;

13. Decides to urgently dispatch an independent, international commission of inquiry, to be appointed by the President of the Human Rights Council, to investigate all violations of international humanitarian law and international human rights law in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, particularly in the occupied Gaza Strip, in the context of the military operations conducted since 13 June 2014, whether before, during or after, to establish the facts and circumstances of such violations and of the crimes perpetrated and to identify those responsible, to make recommendations, in particular on accountability measures, all with a view to avoiding and ending impunity and ensuring that those responsible are held accountable, and on ways and means to protect civilians against any further assaults, and to report to the Council at its twenty-eighth session;

14. Requests the cooperation, as appropriate, of other relevant United Nations bodies with the commission of inquiry to carry out its mission, and requests the assistance of the Secretary-General and the United Nations High Commissioner for Human Rights in this regard, including in the provision of all administrative, technical and logistical assistance required to enable the commission of inquiry and special procedures mandate holders to fulfil their mandates promptly and efficiently;

15. Requests the High Commissioner to report on the implementation of the present resolution, including on measures taken with regard to ensuring accountability for the serious violations of international humanitarian law and human rights in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, to the Human Rights Council at its twenty-seventh session;

16. Decides to remain seized of the matter.

[Adopted by a recorded vote of 29 to 1, with 17 abstentions. The voting was as follows: In favour: Algeria, Argentina, Brazil, Chile, China, Congo, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Cuba, Ethiopia, India, Indonesia, Kazakhstan, Kenya, Kuwait, Maldives, Mexico, Morocco, Namibia, Pakistan, Peru, Philippines, Russian Federation, Saudi Arabia, Sierra Leone, South Africa, United Arab Emirates, Venezuela (Bolivarian Republic of), Viet Nam Against: United States of America. Abstaining: Austria, Benin, Botswana, Burkina Faso, Czech Republic, Estonia, France, Gabon, Germany, Ireland, Italy, Japan, Montenegro, Republic of Korea, Romania, the former Yugoslav Republic of Macedonia, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland].

(*Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica)

Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, UCR.
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