En Costa Rica, según cifras oficiales, existen alrededor de 50.000 hectáreas de cultivo de piña tipo Golden para la exportación. El comercio de esta fruta se encuentra en manos de las empresas transnacionales Chiquita Brands y Del Monte, teniendo como principal mercado Europa y Estados Unidos. Desde 1986 comienza la exportación de la fruta, con 11.000 hectáreas sembradas que para el año 2000 se habían incrementado en un 400% con resultados que posicionan a Costa Rica como “el mayor exportador de piña en el mundo”.

El uso intensivo de agroquímicos como el Bromacil, Tradimefón y el Diurón en las plantaciones de piña ha generado grandes problemas de contaminación de las fuentes de agua para el consumo humano y animal, en las comunidades aledañas a las plantaciones. Otra característica de la industria piñera es el uso intensivo del suelo y la remoción total de la cobertura vegetal antes y durante su cultivo, razón por la cual es una de las causas más importantes de deforestación en la última década en nuestro país.

Esta actividad agroindustrial cuenta además con el apoyo estatal ya que ha sido uno de los sectores beneficiarios con exenciones de impuestos de materias primas e incentivos para la exportación. Y además, es de los sectores que ha presionado para la aprobación de tratados de libre comercio y de protección de inversiones.

En octubre de 2010 inicia la iniciativa público-privada de la Plataforma de la Piña Responsable impulsada por el gobierno de Laura Chinchilla Miranda, en alianza con los rectores agroindustriales en reacción al escándalo de los impactos de 15 años de expansión descontrolada del cultivo.

La Plataforma es liderada por la vice-Presidencia de la República con participación de diferentes entidades, como los ministerios de Salud; Agricultura y Ganadería; Ambiente y Energía, La Secretaría Técnica Nacional Ambiental, Instituto de Innovación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria, universidades públicas y privadas, empresas privadas como Walmart, la certificadora Rain Forest Aliance, Del Monte, Banacol, con el apoyo del Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y las cámaras empresariales agrícolas, como la Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña (CANAPEP).

Esta iniciativa ha sido señalada como falsa por comunidades afectadas por la expansión piñera en la provincia de Limón. Tal es el caso emblemático de las comunidades de El Cairo, la Francia y Milano que llevan más de 10 años luchando contra la expansión del monocultivo,  el que entre otros impactos ambientales tienen en su haber la contaminación de las fuentes de agua para consumo humano, con agroquímicos.

Desde el 22 de agosto del 2007 la comunidad de Milano, que está rodeada completamente de plantaciones de la fruta, recibe agua potable cada dos días mediante camiones cisterna. Este año 2013 se cumplieron seis años desde que se descubrió que el agua servida por la cañería está muy contaminada por agroquímicos.

Para Briceño esta realidad se esconde, ya que el costo de este servicio es cubierto por el Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados, ente estatal que invierte parte de su presupuesto en atender los impactos provocados por los empresarios de la piña, en lugar de exigirle a las empresas la construcción de un nuevo acueducto.

En cuanto a la participación dentro de la Plataforma de la Piña Responsable de la población afectada Briseño señala que: “pese a que está estipulada la participación de la población, esto no es tan cierto, ya que los plazos y las acciones son decididas La Plataforma sin respetar las preocupaciones de las comunidades afectadas”.

No hay voluntad política “porque mientras análisis de agua que hace el AyA señalan que hay niveles bajos de contaminación con agroquímicos, otros estudios (generados en el 2007 por el Instituto Regional de Estudio de Sustancias Tóxicas) revelan que el Bromacil el Tradimefón y el Diurón persisten en el agua. Por eso no hay voluntad política ni del Estado ni de las empresas transnacionales, denunció la encargada de la ASADA de Milano.

¿Cuál es el trasfondo de esto?, ¿qué se esconde detrás de que no se estén dando soluciones concretas? pregunta Xinia cuando habla de la Plataforma de la Piña Responsable, ella misma se responde: “el poderío económico de las transnacionales y lo poco que hace el gobierno para defender a las comunidades afectadas está en el fondo de este asunto. Acá no se está muriendo la gente como en Siria, que se mueren el mismo día, pero nos están matando poco a poco con químicos, nos están provocando enfermedades congénitas, abortos espontáneos y enfermedades cancerígenas”.

Por último Briceño apunta que: “es una falsedad decir que no existe expansión piñera, siguen sembrando plantaciones sin Estudios de Impactos Ambientales, talando árboles y enterrando bosques. Pese a que existen moratorias comunitarias a la expansión piñera” puntualizó.