El abogado Boris Molina, quien representó a las familias afectadas por la prohibición de la técnica, calificó de inconcebible la pretensión de las autoridades costarricenses de mantener un puesto en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, tras burlarse durante dos años de una sentencia de Corte Interamericana, de la que incluso es sede.

El alto tribunal resolvió en diciembre de 2012 que Costa Rica debía promover una ley para restablecer la fecundación in vitro, proscrita por la Sala Constitucional en el año 2000, y tomar las previsiones necesarias para que la técnica sea aplicada por la Caja Costarricense del Seguro Social.

Pese a esta sentencia, de acatamiento obligatorio, la Asamblea Legislativa no ha logrado un acuerdo inter-partidario para aprobar dicha ley, debido sobre todo a las presiones que ejercen las iglesias católica y protestantes, que consideran que dicha técnica atenta contra la vida de los embriones.

Molina dijo que, por el contrario, en los próximos días planteará a la Corte que se declare el incumplimiento de la sentencia y se lleve a Costa Rica, como corresponde, ante la Asamblea General de la OEA.

Por su parte, el Movimiento Diversidad, que agrupa a personas homosexuales y bisexuales, rechazó también que Costa Rica merezca un puesto en un ente internacional de derechos humanos, por su negativa a aprobar una ley que iguale los derechos civiles de las parejas del mismo sexo.