Imagen: AFP. Luis Arce, candidato del MAS -el partido de Evo Morales- y preferido según todas las encuestas, en conferencia de prensa en La Paz, Bolivia. 

Estados Unidos superó esta semana los siete millones de casos y las 200 mil muertes, cifra que Donald Trump citó como límite superior al que se podía llegar con un buen manejo de la pandemia. Los muertos pueden oscilar entre 100 mil y 200 mil, dijo a fines de marzo. “Si nos quedamos en los 100 mil muertos –y es una cifra horrible–, habremos hecho un gran trabajo”. Y agregó: “es muy probable que el pico de la enfermedad pueda producirse en dos semanas”.

Casi seis meses después, todas esas cifras se han superado y, al promedio actual, Estados Unidos llegaría a las elecciones del martes 3 de noviembre con cerca de 250 mil muertos por este coronavirus.

La India sigue acercándose lentamente a las cifras de los Estados Unidos. Ya supera los 5,5 millones de casos y se aproxima a los 90 mil muertos; seguida por Brasil, con más de 4,5 millones de casos y cerca de 140 mil muertes.

Perú sigue encabezando el número de muertos por millón de habitantes en el mundo, con 942 (solo detrás del mini estado de San Marino), seguido de Bolivia, Brasil, Chile y Ecuador, en ese orden, todos entre los diez primeros de esa trágica lista en el mundo.

RETORNO AL MODELO NEOLIBERAL

La Covid-19 ha alterado el calendario electoral en América Latina, obligando a postergar las elecciones generales en Bolivia para septiembre –previstas originalmente para mayo– y, finalmente, para el 18 de octubre, fecha que se supone definitiva. Se trata de comicios convocados luego del golpe de Estado de octubre del año pasado –que desconoció el resultado de las elecciones con el apoyo de un amañado informe de una comisión de observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA)–, desató la violencia en el país y obligó al presidente Evo Morales a exiliarse.

También en Chile se postergó la celebración de un plebiscito sobre la reforma a una constitución heredada del régimen que encabezó el general Augusto Pinochet, fijado finalmente para el 25 de octubre, una semana después de las elecciones en Bolivia.

Luis Arce, economista, candidato del Movimiento al Socialismo (MAS), exministro del gobierno de Morales, encabeza prácticamente todas las encuestas en Bolivia, con más de diez puntos de ventaja sobre su principal rival, el expresidente Carlos Mesa, en una elección en la que participan otros cinco candidatos. La actual presidente de facto del país, Jeanine Áñez, renunció a su candidatura la semana pasada, para apoyar a Mesa.

Habrá que ver si, en todo caso, podrá Arce triunfar en primera vuelta.

En una encuesta de “tuvotocuenta”, difundida el viernes pasado, a la pregunta de “Si el próximo domingo fueran las elecciones, ¿por quién votaría Ud.?”, Arce obtuvo, entre los votos válidos, 40,3%. Mesa, 26,2%. Muy justo, pero suficiente para ganar en primera vuelta. En una segunda vuelta, con el apoyo del resto de los sectores que participaron del golpe contra Evo Morales, probablemente le sería difícil mantener esa ventaja.

“Lo que nos ofrece la derecha es el retorno al modelo neoliberal, con racismo y sometimiento a los intereses transnacionales”, afirmó Arce, en la inauguración de la Cumbre 2020 de la Internacional Progresista, organizada el viernes pasado.

La reunión virtual, inaugurada por el exministro de Economía griego Yanis Varoufakis, celebró luego tres mesas redondas, la última dedicada a “la lucha por la democracia en América Latina” y la aplicación del “lawfare” o la judicialización de la política. Es el nuevo modelo con que los sectores conservadores han venido expulsando del poder a gobernantes de signo contrario e impidiendo, mediante acusaciones legales, que luego puedan postularse como candidatos. Fue el caso de Brasil, con la expresidente Dilma Rousseff y con el expresidente Lula, casos que se repitieron en Bolivia, con Evo Morales, y en Ecuador, con Rafael Correa, ambos impedidos de presentarse a los comicios y exiliados.

En Bolivia, el ministerio de Gobierno, en alianza con fuerzas extranjeras, ha desatado una persecución a dirigentes políticos opositores, denunció Arce. “Estamos viviendo en una dictadura muy disimulada, sin tanques en las calles. Pero somos objeto de acoso y persecución política”.

La coalición de derecha no tiene siquiera un programa común, afirmó.  Su único objetivo es evitar que el MAS sea gobierno. El MAS es el único partido que garantiza que los recursos naturales de Bolivia –litio, hierro, etc.– no vayan a caer en manos de transnacionales, agregó.

En la cita de la Internacional Progresista hablaron también el candidato presidencial ecuatoriano Andrés Aráuz, el senador colombiano Gustavo Petro y la diplomática argentina Alicia Castro.

Aráuz, también economista, afirmó que “nos quieren robar la democracia. Lo que describió Luis Arce en Bolivia está ocurriendo también en Ecuador. Eliminaron el partido que nos patrocinó y nos tuvimos que aliar a otro para poder competir. Han sacado una sentencia aceleradísima para impedir participación de Rafael Correa en las elecciones y están tratando también de eliminar nuestra candidatura.

Nuestras democracias están amenazadas por la judicialización de la política, el lawfare, el uso del poder judicial para excluir a los representantes progresistas”, afirmó.

UN RENOVADO PLAN CÓNDOR

El senador colombiano Gustavo Petro, pidió una coordinación de fuerzas políticas a escala global en torno al cambio climático. “El cambio climático nos puede eliminar del planeta, puede extinguir la especie humana”. Hay que cambiar la lógica del capital, esa forma de producción que nos ha conducido a una experiencia civilizatoria como nunca ha vivido la especie humana, dijo Petro.

La diplomática argentina Alicia Castro advirtió que, en América Latina, estamos viviendo un renovado “Plan Cóndor”, referencia al que pusieron en práctica las dictaduras del cono sur para desaparecer, torturar y asesinar a dirigentes populares luego de los golpes militares en los años 70.

La pandemia ha rasgado el velo sobre el fracaso rotundo del actual sistema. La potencia más grande del mundo, los Estados Unidos, no puede curar a sus enfermos, ni enterrar a sus muertos. Por otro lado está la violencia de la desigualdad. No empezó con la pandemia, dijo Castro, pero, con ella, quedó en evidencia en su total crudeza.

La nuestra –agregó– “es la región más desigual del planeta; las diferencias son obscenas” y pidió un programa que incluya impuestos para las grandes fortunas y para las actividades financieras, un impuesto extraordinario para quienes han obtenido ganancias extraordinarias –como el sector tecnológico, o las farmacéuticas–, además de un jubileo de la deuda, entre otras medidas.

Los sectores progresistas habían avanzado en América Latina, rechazado el ALCA en 2005, creado la UNASUR. “Con esa unidad regional logramos objetivos estratégicos. Pero luego vino la revancha. No habíamos imaginado la potencia del lawfare”.

“Primero dieron el golpe a Dilma Rousseff; después el juicio a Lula, secuestrado electoralmente. Esto fue el laboratorio. Luego se secuestró a Evo Morales y se está secuestrando electoralmente a Rafael Correa en Ecuador”, agregó.

Castro recordó que el Secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo estaba en la frontera entre Brasil y Venezuela “en actitud amenazante”. “La matriz que emplean es la misma que emplearon en Libia: demonizar al mandatario, crear luchas internas, promover un linchamiento mediático. Organizan gobiernos paralelos –mamarrachos como Guaidó y Áñez–, crean un gran malestar interno y, finalmente, reúnen una cantidad de excusas para intervenir militarmente, lo que amenaza a toda América Latina”, enfatizó.

Destacó también la situación del periodista Julian Assange, preso en una cárcel de alta seguridad en Londres y amenazado con un juicio de extradición a Estados Unidos “por decir la verdad de lo que sucede en ese país”.

Cruel paradoja de nuestro tiempo, agregó, en el que es muy importante “tener medios de comunicación populares a nuestra disposición para enfrentar la feroz maquinaria de los medios a disposición de los intereses transnacionales”.

PERSONA NON GRATA

–Señor presidente, al mismo tiempo en que lo saludo quiero expresarle mi profundo desagrado por la manera poco respetuosa e irresponsable como el ministro de Relaciones Exteriores, Ernesto Araújo, trata los intereses brasileños y de Roraima en nuestras relaciones con Venezuela.

Roraima, al norte de Manaus, es un estado enclavado entre Guyana y Venezuela, escenario del que nos habla Alejo Carpentier en su novela “Los Pasos Perdidos”, entre la fronteriza ciudad venezolana de Santa Elena de Uairén y Boa Vista, capital de Roraima, en el extremo norte de Brasil, separadas por poco más de 200 km.

La carta al presidente de Brasil es del senador por Roraima, Telmário Mota, del Partido Republicano de Orden Social. “La invasión del suelo de mi Roraima por el Secretario de Estado de los Estados Unidos, el exdirector de la CIA Mike Pompeo acompañado por el canciller Ernesto Araújo, para promover actos de provocación contra un país vecino y amigo, es un acto indigno, hostil, innecesario, sin cualquier vínculo con el interés nacional. Se trata de otro acto mediático orientado a promover los intereses electorales del Partido Republicano en vísperas de las elecciones en ese país”, afirmó Mota, en su carta a Bolsonaro.

¿A quién interesa tensiones en nuestras fronteras?, se pregunta el senador. “Actos hostiles gratuitos contra gobiernos de países vecinos no responden al interés nacional”. Somos pueblos hermanos, no necesitamos una guerra, afirmó. El día siguiente puso en su cuenta de twitter: –No acepto su invitación a cenar, Mr. Mike Pompeo. ¡Go home! ¿Qué viene a hacer Ud. aquí?

Mota recordó que, como resultado de sus gestiones para reabrir la frontera con Venezuela, las exportaciones brasileñas pasaron de 6,9 millones de dólares, en junio del año pasado, a 14,3 millones en la actualidad, con un saldo favorable para Brasil de 40,2 millones en el primer semestre de este año.

La inusual gira de Pompeo se inició en Guyana y Surinam, dos países con escasa presencia en el escenario internacional pero que atraen creciente atención luego del anuncio de que tienen enormes reservas de hidrocarburos.

La gira siguió en Brasil, donde Pompeo hizo, el viernes, en Roraima, un discurso renovando las amenazas de derrocar por cualquier medio al presidente Nicolás Maduro, al que acusó de ser “traficante de drogas” y por cuya cabeza Washington ha puesto precio. Roraima, un estado con poco más de 600 mil habitantes, abriga el mayor campo de refugiados venezolanos del continente, con casi ocho mil personas, recordó el reconocido columnista brasileño Ricardo Noblat en su blog, el sábado pasado.

Noblat destacó las declaraciones del presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, del conservador partido Demócrata, aliado de Bolsonaro: “Brasil debe preservar la estabilidad de las fronteras y la convivencia pacífica con los países vecinos”. La visita del Secretario de Estado “no es compatible con la buena práctica diplomática internacional y contradice las tradiciones de autonomía e independencia de nuestras políticas externa y de defensa”, dijo Maia.

La gira de Pompeo concluyó en Colombia, el más estrecho aliado de Washington en la región.

AL OTRO LADO DEL MUNDO 

Pero las tensiones mayores se generaron al otro lado del mundo, con la visita de Subsecretario de Estado norteamericano para el Crecimiento Económico, Energía y Ambiente, Keith Krach, a Taiwán, la semana pasada.

La visita se enmarca en las tensiones entre China y Estados Unidos en los más diversos escenarios, desde el económico hasta el político, en el Mar del Sur de China, en Hong Kong o en Taiwán.

Probablemente ninguno es tan sensible –y con menos margen para negociaciones– que el de Taiwán, que Beijing considera una provincia rebelde y parte de su territorio.

A principios de septiembre el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, acusó a Estados Unidos de intervenir en los problemas marítimos y territoriales en la región, desplegando medios militares y alimentando la militarización del Mar del Sur de China.

“Los Estados Unidos y la isla de Taiwán continúan a adoptar la ‘táctica del salami’ para ampliar sus relaciones, incrementando la venta de armas estadounidenses a la isla y tratando de obligar a China continental a tragarse esta tendencia. Siguen tirando piedras en las aguas del estrecho de Taiwán. Pero si van demasiado lejos las piedras pueden volverse torpedos, incrementando la incertidumbre en toda la región, así como los riesgos de cambios drásticos en el estrecho de Taiwán”, dijo, el 16 de septiembre pasado, en su editorial, el periódico Global Times, cuyas opiniones se consideran como una posición oficiosa de Beijing.

Taiwán nunca será un Estado soberano, afirma el periódico. La ley internacional establece claramente que Taiwán no es un país. Una vez que el Ejército Popular de Liberación envíe tropas para reunificar la isla de Taiwán, el armamento que Estados Unidos les ha vendido “no será más que un adorno”, afirma.

Para académicos chinos la movida de Washington responde a intereses electorales del presidente Trump. Pero esa política de tratar de hacer retroceder la posición china es peligrosa, asegura Yuan Zheng, miembro senior del Instituto de Estudios Americanos de la Academia China de Ciencias Sociales, citado por el Global Times. Washington puede subestimar la decisión de Beijing al escalar su política de acercamiento a Taiwán.

El viernes 18, cuando Krach tenía previsto reunirse en la isla con la presidente Tsai Ing-wen, el Ejército Popular de Liberación inició maniobras militares cerca del estrecho de Taiwán. “La cuestión de Taiwán es un asunto puramente interno de China. No podemos permitir que las potencias extranjeras interfieran”, dijo el vocero de la Cancillería china, Wang Wenbin. Pero, para evitar por ahora una confrontación armada, la respuesta podría ser sanciones económicas contra empresas involucradas en esas negociaciones.

ENTRE UNO Y OTRO

Entre estos dos extremos geográficos, entre América del Sur y Asia, a su regreso de Suramérica Pompeo anunció el restablecimiento, a partir de 20 de septiembre, de prácticamente todas las sanciones a Irán, que habían sido revocadas luego del acuerdo nuclear del 2015, al que habían llegado, con la participación de la administración Obama, todas las partes interesadas.

Una decisión que va, además, en contra de la decisión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que rechazó, en agosto pasado, la propuesta de Estados Unidos de restablecer estas sanciones, incluyendo un embargo de armas.

Si los Estados miembros de las Naciones Unidas no cumplen con sus obligaciones de implementar estas sanciones, Estados Unidos está listo para usar sus autoridades nacionales para imponerlas, como consecuencia de las violaciones a los acuerdos, y garantizar que Irán no se beneficiará de actividades prohibidas por las Naciones Unidas, dijo el comunicado del Departamento de Estado.

Se trata de una medida que no cuenta siquiera con el apoyo de aliados de Washington, como Inglaterra, Francia o Alemania, que enviaron una carta al presidente del Consejo de Seguridad afirmando que la propuesta de Estados Unidos no tiene efecto legal alguno y que fue rechazada también por China y Rusia.

(* Historiador, Periodista, Escritor, gilberto.lopes@ucr.ac.cr)