El 28 de septiembre del 2018, 23 países firmaron el Acuerdo Regional Sobre El Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, inaugurando así el camino de ratificaciones por parte de los Estados.
Cumplido el período de dos años, el 28 de septiembre del 2020, el Acuerdo entró en vigor, con una “sorpresa”: Costa Rica aún no lo había ratificado.
Es un Acuerdo regional vinculante sobre derechos humanos y medio ambiente, que tiene como centro el cumplimiento del principio 10 de la declaración de Río, para garantizar en América Latina y el Caribe los derechos de acceso a la información ambiental, la participación pública en la toma de decisiones ambientales y el acceso a la justicia en asuntos ambientales.
Resulta inquietante al menos que un país como Costa Rica, que ha tratado de caracterizarse como un país defensor de los derechos humanos y el ambiente, tuviera como pendiente la ratificación de un Acuerdo que lleva en su conformación la defensa de ambos pilares de la política exterior costarricense.
Algunas implicaciones de este acuerdo podrían explicar la demora, ya que viene a garantizar derechos que han sido obviados durante décadas, acceso oportuno a la información en temas ambientales, mecanismos de participación y protección jurídica a esas personas defienden el ambiente y han sido expuestas a presiones de intereses económicos muy fuertes que terminan desgastando sus vidas personales y familiares.
Esta oposición procura justificar esta negativa al acuerdo argumentando que Impide el acceso a nuevas tecnologías, a la inversión en infraestructura, también señalan que es una amenaza a la confidencialidad de la información empresarial, que provoca altos costos al Estado relacionados a la protección de los y las defensores ambientales o por último que nos expondría como sociedad a interminables procesos de consulta. En definitiva, argumentos que no explican la no idoneidad del acuerdo, sino que invitan a pensar ¿Qué tipo de democracia aspiran estos sectores?
¿Qué nos dice esto sobre la posición interna de Costa Rica con respecto a las y los defensores ambientales? ¿Qué relación tiene este lento camino y los procesos de criminalización de la protesta social vividos en los últimos años? ¿Cuáles intereses están en juego a partir de las dimensiones del Acuerdo? ¿Qué visión de participación política se está imponiendo? ¿Cuáles deudas socioambientales Costa Rica sigue teniendo abiertas?
Estas preguntas y más son parte de la información que procura problematizar este boletín, para que sea una herramienta que enriquezca el análisis de todas las personas interesadas y permita comprender el contexto que atraviesa nuestro país en torno a la temática socioambiental; ¿de dónde partimos?, los intereses en conflicto, las ausencias y los desafíos que encaramos como sociedad.
El Observatorio de Bienes Comunes: Agua y Tierra es un esfuerzo más de articulación entre el Programa Kioscos Socioambientales y el Centro de Investigaciones y Estudios Políticos de la UCR (CIEP) que tiene como propósito contribuir en la problematización del con-texto que nos interpela a todos y todas desde esta perspectiva, a través de la generación de información y espacios de diálogo sobre las dimensiones y relaciones presentes en los conflictos socioambientales relacionados al origen, propiedad y gestión de los bienes comunes.
Pretende a través de monitoreos, campañas, talleres en comunidades, articulación con proyectos similares de acción social e investigación, generar información oportuna y vínculos de articulación para evidenciar el estado de los bienes comunes en Costa Rica, y favorecer una mayor conciencia sobre los desafíos que representa la gestión democrática de estos bienes para nuestra sociedad.
