Tres décadas después de que llegó al poder con un golpe de Estado, el ex dictador Efraín Ríos Montt, quien gobernó con mano de hierro Guatemala durante 16 meses, se sentará en el banco de los acusados por crímenes de genocidio, en un hecho sin precedentes en ese país.

En un país donde ningún dictador ha sido juzgado por crímenes cometidos durante 36 años de cruenta guerra civil (1960-1996), una jueza decidió el jueves llevar a juicio al general retirado, de 85 años, tras una larga audiencia convocada para que rindiera declaración.

La Fiscalía lo acusa de haber ordenado durante su régimen de facto, casi un centenar de graves actos de violación a los derechos humanos, como masacres a la población civil indefensa, en las que fueron asesinados más de 1.700 indígenas, en Quiché, a unos 250 km al noroeste de la capital.

El departamento de Quiché fue uno de los principales escenarios de la guerra que ensangrentó a Guatemala y que dejó unos 250.000 muertos y 50.000 desaparecidos.

La represión militar, según la acusación, llevó al desplazamiento de unas 30.000 personas, la mayoría de las cuales se refugiaron en territorio de México, fronterizo con Guatemala.

Durante los 16 meses que gobernó, las paramilitares "Patrullas de Autodefensa Civil" (PAC) combatieron por cualquier medio a los opositores, intimidaban y reprimían a la población.

Según el diario Prensa Libre, la jueza Patricia Flores explicó que si fuera condenado deberá encarar una pena de hasta 30 años de cárcel, aunque -señaló- podría burlarla argumentando la avanzada edad.

La jueza no aceptó la solicitud de la Fiscalía de prisión preventiva, por estimar que no existe riesgo de fuga, pero ordenó su arresto domiciliario y el pago de una fianza de 500.000 quetzales (unos 65.000 dólares).

Según la prensa guatemalteca, el ex dictador guatemalteco se negó a declarar y sólo dijo que el objetivo de comparecer en la audiencia no debía ser la "venganza".

El general retirado gozaba de inmunidad por su condición de diputado, pero dejó su escaño hace 12 días, cuando inició la nueva legislatura del Congreso y un nuevo gobierno en Guatemala, presidido por el general retirado Otto Pérez.

Ríos Montt es acusado desde 2000 junto con su alto mando por la Asociación Justicia y Reconciliación (AJR) de haber ordenado masacres en poblaciones indígenas durante la pasada guerra.

En un comunicado enviado a Informatico.com, la AJR calificó de "histórico" que Ríos Montt acudiera ante un juez y que los sobrevivientes vieran de frente a quien ordenó se cometiera la "barbarie".

De su lado, la Premio Nobel de la Paz 1992, la líder indígena Rigoberta Menchú, demandó en 1999 a Ríos Montt ante la Audiencia Nacional de España, en una denuncia que también incluyó al presidente Romeo Lucas García (1978-1982, ya fallecido) y al ex dictador Óscar Mejía (1983-1986).

A fines del año pasado, el caso contra Mejía quedó suspendido porque la jueza, tras un dictamen de forenses, determinó que no tiene las facultades físicas ni mentales para enfrentar un proceso de juicio.

Grupos de derechos humanos lamentaron lo que calificaron de un hecho más de impunidad, que en este país alcanza niveles de más de un 95% de casos, según la ONU.

Los gobiernos de facto de Mejía y Ríos Montt son considerados los más cruentos de la guerra civil.

Cientos de activistas de derechos humanos, incluidos familiares de víctimas, se concentraron para celebrar en las afueras del Juzgado Primero de Alto Riesgo, que emitió la histórica decisión.