Imagen. Foto archivo. Sergio Rojas Ortiz, del pueblo bribri fue líder y defensor de los derechos humanos de los pueblos indígenas costarricenses, acribillado en su casa, en Salitre el 19. de marzo de 2019.

El abogado Oscar Retana, representante de la familia Rojas Lázaro en la causa penal por el asesinato de Rojas Ortiz, denunció que “los pasados días 21 y 22 de enero circularon notas de prensa en el medio digital CRHoy.com, referentes a un informe del Organismo de Investigación Judicial dentro del expediente penal 19-000178-0990-PE, causa judicial que investiga el homicidio del líder indígena Sergio Rojas Ortiz, defensor de derechos humanos de Pueblos Indígenas de Costa Rica, asesinado impunemente el 19 de marzo de 2019”.

Retana llama la atención sobre el hecho de que “los artículos se publican a pocos días de que el Juzgado Penal de Buenos Aires rechazara la solicitud de desestimación del caso gestionada por la Fiscalía contra el Narcotráfico y Delitos Conexos” instancia que atiende el proceso judicial en Buenos Aires.

Retana señaló como hechos graves que se viola el secreto de sumario y confidencialidad de la información del proceso en la etapa de preparación del juicio.

Considera más grave aún la delación que revela la identidad de testigos exponiéndolos a presiones, amenazas o agresiones “en un territorio indígena que no ha encontrado respuesta a los múltiples reclamos sostenidos y fundamentados, de la deficiente actuación del Poder Judicial, con antecedentes de denuncias por agresiones, amenazas y daños, sin que a la fecha existan personas condenadas por delitos abiertamente racistas”.

Agrega que “la filtración a la prensa supone una violación por parte de las autoridades judiciales de la normativa procesal penal vigente”.

Para ilustrar mejor, Retana cita lo siguiente, “el artículo 295 del Código Procesal Penal, refiere la confidencialidad de las actuaciones penales:

“Privacidad de las actuaciones. El procedimiento preparatorio no será público para terceros. Las actuaciones sólo podrán ser examinadas por las partes, directamente o por medio de sus representantes. Los abogados que invoquen un interés legítimo serán informados por el Ministerio Público sobre el hecho que se investiga y sobre los imputados o detenidos que existan, con el fin de que decidan si aceptan participar en el caso. Las partes, los funcionarios que participen de la investigación y las demás personas que, por cualquier motivo, tengan conocimiento de las actuaciones cumplidas, tendrán la obligación de guardar secreto. El incumplimiento de esta obligación será considerado falta grave.” (El resaltado no es del original).

Por tanto, agrega el representante legal de la familia Ortiz Lázaro, “es absolutamente reprochable que dicha información confidencial sea de conocimiento de la prensa, presumiendo que la filtración provenga de una instancia judicial, lo cual supone una violación por parte de las autoridades judiciales de la normativa procesal penal vigente”.

“A partir de este hecho, se revelan datos aportados por testigos y evidencia recopilada, lo que afecta la investigación, pero aún más grave es la posibilidad de que los testigos sean perturbados, amenazados o agredidos en un territorio indígena que no ha encontrado respuesta a los múltiples reclamos sostenidos y fundamentados de la deficiente actuación del Poder Judicial, con antecedentes de denuncias por agresiones, amenazas y daños, sin que a la fecha existan personas condenadas por delitos abiertamente racistas” afirma.

Retana apunta en su denuncia que todo lo anterior “es del conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, petición realizada por los pueblos Indígenas Bribri de Salitre y Brörán de Térraba, que actualmente está en etapa de supervisión ante dicho organismo, y que cuentan con las medidas cautelares 321-12 del 30 de abril de 2015”.

Este martes, (26.01.21) agrega el abogado, “se realizaron las denuncias respectivas ante la Inspección Judicial y la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, para la investigación de estos hechos, los cuales constituyen delito y responsabilidad disciplinaria de los involucrados”.

La denuncia de Retana, se agrega a la reciente pretensión de la Fiscalía que solicitó el archivo del caso por el asesinato de Rojas Ortiz, aduciendo falta de pruebas entre otras razones, revela la intención de un grupo con acceso a la sede del Poder Judicial de Buenos Aires de Puntarenas, para que este asesinato quede en la impunidad. Solicitud que el Tribunal Penal de Buenos Aires rechazó en una resolución emitida este mes de enero.

El 15 de enero pasado, el Tribunal Penal rechazó de manera contundente la “solicitud de desestimación” planteada por el Ministerio Público en setiembre de 2020, y la audiencia para conocer los argumentos de la Fiscalía y del representante legal de Rojas Ortiz, se realizó el 3 de diciembre del año pasado.

El Tribunal Penal fundamentó la resolución en “que no se han agotado las herramientas investigativas disponibles, las cuales deben de evacuarse antes de solicitar la aplicación de los artículos 282 y 299 del Código Procesal Penal”.

“La expresión “debida diligencia”, explica el tribunal, se refiere a las acciones concretas exigidas a los Estados con el objeto de garantizar los derechos humanos y proteger a las personas de violaciones a sus derechos, en relación a la efectividad de las investigaciones y que obligan a la utilización de los medios disponibles para determinar la verdad de lo ocurrido y la identidad de los responsables”. (Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Caso de la Masacre de La Rochela Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C No. 163, párr. 156).