Foto extraída de la nota de prensa "En abril entra en vigor el Acuerdo de Escazú y Colombia sigue sin ratificarlo"", Semana (Colombia) edición del 25/01/2021

Breve puesta en contexto

Como se recordará, este tratado es el resultado de nueve rondas de negociaciones realizadas entre el 2014 y el 2018 bajo los auspicios de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina de Naciones Unidas), las cuales contaron con el activo protagonismo de Chile y de Costa Rica.

En la literatura jurídica especializada (Nota 1), se considera que fue una declaración conjunta del mes de julio del 2012 (véase texto completo) suscrita por Chile, Costa Rica, Ecuador, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay la que constituyó el punto inicial de un proceso que culminaría tan solo en marzo del 2018 en el cantón costarricense de Escazú.

Al contrastar esta lista del 2012 con la de los primeros diez Estados en ratificar este instrumento, varias ausencias evidencian la poca consistencia de algunos y su falta de compromiso con la democracia ambiental en la región.

En efecto, Argentina y México se suman a diez Estados que habían ratificado anteriormente este instrumento regional, y que incluyen, en América Latina, únicamente a Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Panamá y Uruguay.

Una fecha de entrada en vigor que se precisa

Más allá de las inconsistencias de unos y otros a través del tiempo, el depósito de ambos instrumentos de ratificación era esperado por la región de América Latina y del Caribe, al permitir fijar de manera exacta la fecha de la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú: la cual se cuenta tres meses después del 22 de enero, al registrarse la ratificación número once.

El Acuerdo de Escazú entrará oficialmente en vigor el próximo 22 de abril del 2021 (véase nota oficial de su depositario), una fecha en la que se conmemora a nivel internacional, el Día Mundial de la Tierra.

Nótese que los aparatos diplomáticos de cuatro otros Estados se esmeraron también en su trámite de aprobación, de manera a depositar su instrumento de ratificación en Nueva York justo al cumplirse el primer año desde la apertura a la firma de este tratado, el 26 de setiembre del 2019: Bolivia, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas así como Uruguay.

Escazú ... sin Costa Rica

Habíamos tenido la oportunidad, en el caso de Costa Rica, de referir a los repentinos argumentos circulados por diversas cámaras empresariales en contra del Acuerdo de Escazú, dados a conocer a partir de octubre del 2020, y que, según todo pareciera indicar, han surtido efecto en algunos sectores políticos (Nota 2).

Cabe precisar que ni en el caso de Argentina, como tampoco en el de México, ni en el de ninguno de los demás Estados que ya ratificaron este instrumento internacional, se mencionó durante el trámite de su aprobación el efecto para las finanzas de la justicia que –supuestamente– conlleva el Acuerdo de Escazú: un verdadero "hallazgo" del Poder Judicial de Costa Rica y utilizado por la Sala Constitucional en dos ocasiones, con un único magistrado (de siete) advirtiendo en sus dos votos salvados su total desacuerdo con el proceder (algo original) de la Sala Constitucional (Nota 3).

Con la segunda decisión de la justicia constitucional costarricense de agosto del 2020 (véase texto completo de la sentencia N°5523-2020), se deberá retrotraer todo el procedimiento de aprobación, iniciado por la Asamblea Legislativa en febrero del 2020 con una aprobación unánime obtenida en primer debate.

El magistrado Paul Rueda, en esta segunda oportunidad, indicó en su voto salvado (cuya lectura completa se recomienda) que:

"Con lo anterior se evidencia, que la postura de la mayoría viene a desconocer estas potestades de la Asamblea y el trámite establecido por interna corporis. A partir de los argumentos expuestos, considero viable que el Plenario consulte al Poder Judicial, subsane la omisión y continúe con el debido procedimiento legislativo, como ocurrió en el sub examine. La tesitura contraria, escogida por la mayoría de la Sala, redunda en un evidente atraso en el trámite parlamentario del proyecto “Aprobación del Acuerdo Regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú)”.

Para reiniciar nuevamente el trámite de aprobación del Acuerdo de Escazú, el Poder Ejecutivo deberá incluir el Acuerdo de Escazú en la lista de proyectos de ley remitidos al Congreso para su conocimiento.

Pese a lo externado recientemente por Costa Rica en la última reunión de Estados signatarios del Acuerdo de Escazú realizada en Antigua y Barbuda (véase nota de la CEPAL), resulta oportuno mencionar que en la reciente convocatoria a sesiones extraordinarias que enlista los proyectos de ley enviados por el Poder Ejecutivo al Poder Legislativo costarricense, no aparece el proyecto de aprobación del Acuerdo de Escazú: véase listado en esta nota de prensa del 27/11/2020 . Ese mismo día, una nota de prensa de tituló de manera muy justa “Pese a dar respaldo, Gobierno excluyó Acuerdo de Escazú de convocatoria a sesiones extraordinarias” (programa radial de Amelia Rueda): una diputada calificó de “vergüenza” tal omisión por parte del Ejecutivo (véase audio incluido en esta nota de prensa del medio CRC891).

A modo de conclusión

Una verdadera campaña de desinformación ha logrado suspender la aprobación del Acuerdo de Escazú en varias latitudes del continente americano (en particular en Chile, Colombia, Paraguay y Perú); así como en Costa Rica, en la que fue antecedida por una Sala Constitucional que vino a complicarla significativamente (cambiando su jurisprudencia anterior con relación a subsanar vicios de procedimientos por parte de la Asamblea Legislativa).

Con relación a esta campaña desinformativa, en nuestra precitada nota señalábamos lo inédito que resulta observar la ausencia de Chile y de Costa Rica entre los Estados que han ratificado este valioso acuerdo regional (Nota 4):

"Esta campaña de argumentos falaces y (hasta fantasiosos en algunos casos) puede ahora incluir un dato real (e insólito): a casi tres años desde su adopción en Escazú, los dos principales promotores del Acuerdo de Escazú no lo han ratificado".

En el caso de Colombia, el asesinato de líderes ambientales y comunitarios recientemente objeto de un comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (véase texto completo de su comunicado del 22/01/2020) evidencia la urgente necesidad de establecer un marco protector como el que, por vez primera en un tratado ambiental internacional, ofrece a los defensores ambientales, el Acuerdo de Escazú.

Nota 1: Véase por ejemplo DE MIGUEL C., "Acuerdo de Escazú: pacto para la economía y democracia del siglo XXI", in PRIEUR M., SOZZO G. y NAPOLI A. (Editores), Acuerdo de Escazú. Hacia la democracia ambiental en América Latina y el Caribe, Santa Fe, Universidad Nacional del Litoral (UNL), 2020, 330 páginas, pp. 20-34, p. 22 (el texto integral de esta reciente obra colectiva está disponible en este enlace); de igual forma véase ASTROZA P., NALEGACH C., "La necesidad de una democracia ambiental en América Latina: el Acuerdo de Escazú", Colección Documento de Trabajo 40/2020, Fundación Carolina, pp. 7-8, cuyo texto integral está disponible aquí.

Nota 2: Véase BOEGLIN N., "Llegaron los mitos": a propósito de los recientes argumentos contra el Acuerdo de Escazú", Portal de la Universidad de Costa Rica (UCR), Sección Voz Experta, edición del 17/12/2020, disponible en este enlace .

Nota 3: Sobre la innecesaria complicación que ha generado la Sala Constitucional en el trámite de aprobación de este tratado regional en Costa Rica, véase la sección “La peculiar situación del Acuerdo de Escazú en Costa Rica” en nuestro breve análisis: BOEGLIN N., “La reciente aprobación del Acuerdo de Escazú por parte del Senado de México: breves apuntes”, DerechoalDía, edición del 18/11/2020, disponible en este enlace, en el que nos permitimos indicar que:

"La total regresión del juez constitucional costarricense con relación a la participación ciudadana en materia ambiental externada en una decisión del 2017 podría explicar su profunda reserva con respecto a un tratado internacional adoptado con posterioridad en el 2018, y que busca precisamente ampliarla y consolidarla".

Nota 4: Véase BOEGLIN N., "Llegaron los mitos": a propósito de los recientes argumentos contra el Acuerdo de Escazú", Portal de la Universidad de Costa Rica (UCR); Sección Voz Experta, edición del 17/12/2020, disponible en este enlace.

(* Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica). (Publicado por Curso de Derecho Internacional. Costa Rica)

Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, UCR.
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