El diputado Wálter Céspedes, del PUSC, denunció a la Ministra Anabelle González por abuso en gastos.
El diputado Wálter Céspedes, del PUSC, denunció a la Ministra Anabelle González por abuso en gastos.

El diputado Céspedes, del Partido Unidad Socialcristiana (PUSC), pidió a la Procuraduría que abra una investigación al Ministerio de Comercio Exterior por una “eventual violación a los principios de razonabilidad, proporcionalidad, ética y probidad en el ejercicio de la función pública, en la autorización y uso de recursos públicos en los viajes al exterior efectuados por la señora Anabel González Campabadal”.

El informe presentado por el legislador señala que González viajó 75 veces al extranjero. En 23 ocasiones a Estados Unidos, donde visitó 8 veces Washington, 3 veces Nueva York, 3 Dallas y 3 Miami, el resto de sus viajes los utilizó para visitar otras ciudades. Además fue 2 veces a México y una a Canadá.

En 15 ocasiones visitó los países de Centroamérica. El Salvador fue el más visitado, en 5 ocasiones. Hizo 8 viajes a Perú, Colombia y Chile. Al Caribe fue poco, solo visitó una vez Jamaica y una vez República Dominicana.

Europa es su principal destino viajó 35 veces y sus ciudades preferidas son Ginebra, donde fue en 13 viajes, París, en 11 ocasiones y Madrid con 9 visitas. También fue a Alemania y al Reino Unido.

En Asia visitó 7 veces la China, en 3 ocasiones la India, 2 veces Japón, una vez Corea y otra Singapur. Sus viajes también la llevaron a Qatar, Dovos, Dubai, Omán y Marruecos

De acuerdo con los atestados que presentó el diputado Céspedes ante la Procuraduría se puede ver que entre el 8 de mayo de 2010 y octubre de 2013, González gastó en esos viajes ¢183.812.077, equivalentes a más de $366.000, de “recursos públicos que pagamos todos los costarricenses, sin que se evidencien resultados positivos o beneficios tangibles para el país, producto de tales viajes y del enorme gasto económico para las arcas del Estado”.

“Por esas razones, entre otras, dijo Céspedes, solicito al señor Procurador de la Ética Pública tener presente que los actos y conductas administrativas ejecutados por la señora Ministra, y que denuncio mediante el escrito, determinan, por sí mismas, no solo una falta grave a los deberes propios de su gestión, sino también una violación a los principios y deberes de probidad y ética pública que deben regir toda actuación que ejecute o desarrolle una Ministra de Estado”.

Céspedes también apeló al incumplimiento de González con el deber de rendición de cuentas a que le obliga el artículo 11 constitucional a los funcionarios públicos “simples depositarios transitorios del ejercicio del poder en nuestro país”.

El legislador solicitó a la Procuraduría de la Ética que inicie una amplia y profunda investigación y que “determine las eventuales responsabilidades de carácter ético, administrativo o civil, que se le podrían imputar” a la funcionaria pública Anabel González Campabadal.

También solicitó “remitir el informe al Ministerio Publico con el fin de que valore las conductas, actos y actuaciones desplegadas por la funcionaria” para que “se determine la eventual responsabilidad penal que  pudiere corresponderle”.

Denuncia adicional

Céspedes denunció que para obtener la información de carácter público que solicitó a COMEX tuvo que interponer dos Recursos de Amparo y esperar 7 meses.

“Como no sabía quién pagaba esos viajes, si era el Gobierno o la Ministra de COMEX de su propio bolsillo, le mandé un oficio WCS-261-05-2013, le solicité que me indicara el costo total de esos viajes, de transporte y de representación que se gastó, pero como no me contestó tuve que esperar 7 largos meses e interponer dos Recursos de Amparo para obtener una respuesta de una Ministra de Estado,  que incumple no solo con su deber constitucional de rendición de cuentas, sino con una disposición de la Sala Constitucional”, afirmó el diputado Céspedes.

Para el legislador, un alto porcentaje de estos recursos públicos se gastaron en promover la  candidatura de González al cargo de Directora de la Organización Mundial del Comercio (OMC), lo que calificó de “abusivo”.

La Procuraduría de la Ética Pública tiene que investigar y recomendar “las medidas correctivas, disciplinarias y legales que correspondan a efecto de que sirvan como ejemplo para evitar que este tipo de situaciones se vuelvan a presentar, a futuro, en el sector público costarricense” concluyó el legislador de PUSC.