La empresa piñera Agrícola Agromonte fue denunciada por los trabajadores, en huelga desde hace varios días, por incumplimientos en el pago de salarios, persecución sindical y paupérrimas condiciones laborales, a lo que ahora se suma una denuncia por “infringir el artículo 74 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, al sostener un adeudo de ¢929.219.971.99” señala la información de Mora Salazar.

En declaraciones al programa radial Nuestra Voz de Amelia Rueda, de hoy jueves, la Defensora de los Habitantes, Monserrat Solano Carboni, dijo que realizó una visita a la empresa junto con el viceministro de Trabajo, Harold Villegas, este miércoles, donde confirmaron la veracidad de las denuncias laborales y además, el despido de trabajadoras mujeres para no invertir en infraestructura sanitaria.

La Defensora fue enfática al señalar que los derechos laborales no pueden cercenarse bajo la premisa los altos costos de producción y recordó que nuestro país invierte cuantiosos recursos en la promoción de un país respetuoso de los derechos humanos y laborales así como en el respeto al ambiente y que hechos como los que ocurren en esta empresa, radicada en la zona norte, tiran abajo los esfuerzos nacionales.

En el desglose que hace Mora del monto de la deuda señala que Agrícola Agromonte, S.A., Cédula Jurídica 3-101-365303, adeuda a la Caja del Seguro Social ¢72.235.680, a Fodesaf ¢780.523.915.37, al IMAS ¢76.460.376.62 para un total de ¢929.219.972.

“Señor Ministro, como dice nuestro pueblo: usted tiene la papa en la mano, simplemente actúe y por favor, a la mayor brevedad posible”.

“Estoy copiando esta nota al Fiscal General de la República, Jorge Chavarría Guzmán, para que de oficio actúe, porque la retención indebida que hace este patrono al no entregar a la CCSS lo rebajado a sus trabajadores mes a mes de sus salarios, es un robo descarado que es tipificado en nuestra Ley como delito penal” apunta Mora Salazar.

Agrega en su carta que el Ministro Morales Mora debe coordinar con la presidenta ejecutiva de la Caja, María del Rocío Sáenz, para que de inmediato se aplique el artículo 48 de la Ley Constitutiva de la CCSS (cierre de negocio) como medida cautelar.

Le recuerda que como jerarca del Ministerio de Trabajo tiene a su cargo la dependencia técnica permanente del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares(FODESAF) y “puede girar instrucciones inmediatas para que se ejecute el cierre de dicho centro de trabajo” donde “según denuncia de los trabajadores, se viola el ejercicio de libertad sindical, se implementa una campaña de chantaje y presión para que los afiliados del sindicato renuncien y, además somete a los afiliados a condiciones de trabajo más duras como castigo” concluye la misiva de El Cobrador de la Caja.

(roberto.romoxa@gmail.com, http://robertomorasalazar.ticoblogger.com/)