Las gestiones fueron canalizadas a través de la Defensa Pública Agraria y se lograron concretar 43 solicitudes individuales de medidas cautelares que ahora el tribunal tendrá que resolver, informaron los delegados de las familias afectadas.
Aunque el juzgado no se ha pronunciado sobre lo que procederá, el trámite emprendido por los campesinos les da un nuevo respiro para avanzar en las negociaciones con instituciones públicas para atender el estado de necesidad en que se encuentran estas 100 familias, que habitan desde hace muchos años en las fincas que tienen orden de desalojo por una resolución del Tribunal Contencioso Administrativo.
Los campesinos han reiterado sobre la justicia de su reclamo de las tierras que habitan y cultivan y su decisión de agotar hasta el último recurso que esté a su alcance para evitar el desalojo.
Antecedentes del conflicto
Las fincas Chánguena y Térraba (Cuadrante 3), dónde se ubica el reclamo de tierras por parte de 100 familias campesinas, pertenecen a Coopalca del Sur. Esta cooperativa firmó un contrato de arriendo con el empresario bananero Oscar Echeverría Heigold, por un periodo de 20 años (1991 – 2011).
Al parecer la cooperativa Coopalca del Sur está inactiva y por eso no hace valer sus derechos de propiedad sobre las tierras en disputa, y es precisamente por esta razón, por la que los campesinos se quedaron en las fincas trabajando la tierra por cuenta propia.
Mientras tanto, el empresario arrendatario de las fincas solicitó a la Procuraduría General el desalojo de las familias campesinas que ocupan Chánguena y el Cuadrante 3 de Finca Térraba. La demanda pasó a conocimiento del Tribunal Contencioso Administrativo, ahí la juez a cargo del juicio, Lorena Montes de Oca, la misma que tuvo a cargo el larguísimo juicio contra Industrias Infinito –la minera canadiense que quería explotar la mina de oro a cielo abierto en Crucitas de San Carlos- falló a favor del reclamo de Echevería Heigold.
El Cobrador de la CCSS, Roberto Mora Salazar, hizo el estudio del estado de Echeverría Heigold con la seguridad social en el que se señala que, a la fecha, el empresario adeuda casi 408 millones de colones a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) por impagos relacionados con esas fincas, por concepto de cuotas obrero patronales.
Agrega el estudio de Mora Salazar que, en junio de 2002 el Consejo Nacional de Trabajadores (CONATRAB) pide a la Corporación Bananera Nacional (Corbana) la información sobre un incentivo que giró a Echeverría Heigold por $1.7 millones de dólares como parte del $0.02 de impuesto por caja de banano exportada que cobra. De acuerdo con lo informado en esa ocasión el gobierno le transfirió a los productores nacionales un incentivo para que pagaran varias cuentas, entre estas, para que se pusieran al día con las cuotas atrasadas de la CCSS y la seguridad social.
Las otras deudas que mantiene son una por más de cuatro millones con el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf) y 280 mil colones con el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).
El estudio también agrega que a inicios de la década del 90, Echeverría Heigold quedó debiendo unos 6 millones 700 mil dólares (más de 4.000 millones de colones) al extinto Banco Anglo Costarricense.
Los campesinos que reclaman las fincas, afirman que este empresario tiene deudas con ellos por las cuotas obrero patronales que no pagó pero que retuvo de sus salarios por un monto de 359 millones 574 mil 592 colones. Su estado con la CCSS es Patrono inactivo moroso.
