(Foto histórica. Manifestación del 15 de setiembre de 1943, Manuel Mora Valverde, Monseñor Víctor Manuel Sanabria y el Presidente Rafael Ángel Calderón Guardia. Atrás el candidato Teodoro Picado Michalski y Luis Demetrio Tinoco).

(Foto histórica. Manifestación del 15 de setiembre de 1943, Manuel Mora Valverde, Monseñor Víctor Manuel Sanabria y el Presidente Rafael Ángel Calderón Guardia. Atrás el candidato Teodoro Picado Michalski y Luis Demetrio Tinoco).

La población era católica en un 90% y la Iglesia era creída y obedecida. El ambiente para las reformas fue preparado por católicos –laicos y presbíteros- a lo largo de los primeros cuarenta años del siglo pasado, inspirados por la carta “Sobre el Justo salario” de Mons. Thiel. En 1901 habían fundado el periódico “La Justicia Social”, del que Jorge Volio fue administrador.

El presidente Calderón Guardia, hijo del médico católico Rafael Ángel Calderón Muñoz (uno de los fundadores del periódico La Justicia Social), siguió sus pasos. También se formó como médico en Bélgica y allí mismo estudió la Doctrina Social de la Iglesia. Su primer gran logro fue crear la Universidad de Costa Rica en 1940, subsanando una inexcusable deficiencia de los liberales, tan ufanos de su reforma educativa.

Posteriormente, fundó la Caja Costarricense de Seguro Social, CCSS, el 1 de noviembre de 1941, un sistema solidario en el cual la salud de todos se consigue con el aporte tripartito del gobierno, los empresarios y los trabajadores, proyecto que recibió el apoyo irrestricto del arzobispo Sanabria. La otra parte de su gran obra, la promulgación del Código de Trabajo y el agregar a la Constitución un capítulo de Garantías sociales, tropezaba con excesivas resistencias provenientes de los capitalistas. Hubo rumores verificados de un inminente golpe de Estado, consecuencia de su posible aprobación.

Así las cosas, Manuel Mora, diputado y jefe del comunismo costarricense, y Mons. Sanabria, acordaron, en junio de 1943, que el partido comunista se transformara en Vanguardia Popular (VP), por cuanto Mora consideró que su accionar político “se enmarcaba sin contradicciones con la política social del presidente Calderón, basada en las encíclicas papales” (sic). Este cambio hizo posible que Sanabria autorizara a los católicos ingresar en el VP y sus sindicatos. A la vez, a Iglesia se reservó el derecho de fundar su propio sindicato: la Central Sindical Rerum Novarum, con el padre Benjamín Núñez como promotor. (Núñez llegaría más tarde a ser hombre de confianza de José Figueres Ferrer).

La finalidad del acuerdo fue facilitar la aprobación del Código de Trabajo y de las Garantías Sociales. En efecto, el gobierno de Calderón no hubiera podido sostenerse con el apoyo de dos organizaciones enemigas en lo ideológico: la Iglesia Católica y el Partido Comunista. Ese acuerdo era vital para los comunistas, pues les daba participación en la reforma social –de contenido doctrinal 100% católico- pues de lo contrario quedaban como irrelevantes. El liderazgo de Calderón Guardia, el apoyo del arzobispo y la movilización masiva efectuada por Vanguardia Popular conformaron una fuerza incontrastable (ver Miguel Picado. “Secretos de un acuerdo. Monseñor Sanabria y Manuel Mora. Junio de 1943”, 2013).

Como un río que recibe afluentes caudalosos creció la oposición al calderonismo. León Cortés, presidente de 1936 a 1940, había contribuido con la victoria electoral de Calderón Guardia, pero se irritó porque el Doctor, lejos de devolverle el favor, se inclinó por la candidatura de Teodoro Picado. Cortés emprendió una campaña de desprestigio contra el calderonismo, interrumpida por su fallecimiento el 3 de marzo de 1946, por causas naturales, en Santa Ana. El relevo lo tomó Otilio Ulate, director de Diario de Costa Rica, dueño de una lengua libre de todo escrúpulo. Se agregó a la oposición el Centro para el Estudio de los Problemas Nacionales, formado por jóvenes lúcidos –entre los que sobresalía Rodrigo Facio- molestos porque la reforma calderonista disminuía sus posibilidades de alcanzar el poder. Se agredía al gobierno de Calderón por nepotismo, corrupción, mala administración y ser aliado del Partido Comunista. La obra social del Doctor no se denigró, pero se calificó de argucia politiquera para perpetuarse en el poder.

José Figueres Ferrer fue expulsado por Calderón Guardia del país el 8 de junio de 1942, a causa de un discurso adverso al gobierno, con lo que se ganó un temible adversario. Figueres pasó sus años de exilio en México, donde preparó el conflicto bélico del 48 y fue uno de los firmantes del Pacto de Caribe (1947), conformados por exiliados dominicanos, nicaragüenses y costarricenses, con el padrinazgo del presidente Arévalo de Guatemala (Víctor H. “Conflicto y reforma en Costa Rica: 1940-1949”, 1991, p.92 Acuña).

Dicho Pacto tenía la misión de derribar a los dictadores Anastasio Somoza (Nicaragua), Tiburcio Carías (Honduras), Leónidas Trujillo (República Dominicana) y otros. Figueres argumentó que el calderonismo era una dictadura de la misma calaña que las mencionadas –mentira evidente- por lo que se debía comenzar por Costa Rica. El apoyo de Arévalo fue vital para el suministro de armamento y tropas extranjeras. Llama la atención que un gobierno progresista en lo social, como el de Arévalo, brindara apoyo a quienes buscaban derrocar a Calderón Guardia y luego a Teodoro Picado, ambos también progresistas. Aunque Teodoro Picado venció por amplia mayoría en las elecciones presidenciales de 1944, la oposición invocó un fraude y nunca lo reconoció como gobernante legítimo.

La oposición al calderonismo cometió actos terroristas de 1945 en adelante. Colocaron bombas en la casa de Calderón Guardia y en la de Manuel Mora, cuyo automóvil fue destruido por una explosión. Se dinamitaban las instalaciones de los servicios públicos sin importar el perjuicio a la ciudadanía, con la única finalidad de provocar el caos. Solo en 1947 hubo 72 actos de terrorismo (Díaz, David. “La vida política, 1808-2000”, en Historia contemporánea de Costa Rica”, Patricia Vega, editora, 2019, p. 56). En julio de 1947 la oposición organizó una huelga de brazos caídos que resultó particularmente violenta en Cartago. Tanto la oposición como el gobierno disponían de bandas de paramilitares para los enfrentamientos callejeros.

El gobierno de Picado trató de favorecer a las clases populares en temas de alimentación, vivienda, tierra y crédito, con un éxito limitado. Por otra parte, estableció un pequeño aumento al Impuesto Territorial e introdujo el Impuesto sobre la Renta, lo que habría molestado a una clase agroexportadora, acostumbrada a no pagar impuestos, lo que alimentó el clima de agitación (Víctor H. “Conflicto y reforma en Costa Rica: 1940-1949”, 1991, p. 49ss).

Durante la administración Picado se aprobó por primera vez un Código Electoral que apartaba al Poder Ejecutivo de la organización de los comicios y del conteo de los votos. Además, un tribunal integrado por tres magistrados, nombrados por los tres poderes, tendría el veredicto sobre las elecciones. En las elecciones de medio periodo para diputados, 1946, el nuevo sistema funcionó bien.

Pero para las presidenciales de 1948 la polarización política enturbió la situación. Uno de los miembros del Tribunal, el señor Benjamín Odio se unió a la lucha armada de Figueres y hubo además un incendio –de origen nunca aclarado- del material electoral que estaba depositado en el Colegio de Señoritas. El Tribunal dio un veredicto, aunque no por unanimidad, basado en los telegramas enviados por los oposicionistas, el cual daba por vencedor a Otilio Ulate por poco más de 10.0000 votos de ventaja.

La falta de unanimidad hizo que correspondiera al Congreso tomar la decisión final. En este, la mayoría de los diputados, conformada por calderonistas y vanguardistas, anuló la elección para presidente de 1948, con lo que la oposición se consideró en el derecho de tomar las armas.