Rajoy y su equipo económico continúan sin convencer a inversores y analistas de la eficacia de sus reformas para corregir desequilibrios y propiciar el crecimiento. Y para colmo de males, persisten las dudas sobre las cifras verdaderas del saneamiento financiero.

La agencia de calificación Standard & Poor's ha rebajado en dos escalones la nota que le otorga a la deuda soberana de España por el "volumen de deuda del país mientras su economía se contrae".

La primera EPA de Rajoy deja 365.900 nuevos parados: 4.000 de media al día. La advertencia es clara, cuando aún faltan varias emisiones de deuda por celebrar para cubrir con financiación externa los ingresos que necesitamos para afrontar gastos.

El Tesoro ha emitido ya más de 60.000 millones de euros en lo que va de año, las dos terceras partes de los 86.000 millones de euros brutos que espera colocar en deuda a medio y largo plazo en 2012. En el conjunto de 2012, el organismo tiene que afrontar vencimientos por valor de 130.344 millones de euros, una cantidad un 8,6% superior a la de 2011, cuando la cifra rondó los 120.000 millones.

Esta necesidad de financiación no pasa desapercibida para los mercados. "Pensamos que los peligros están aumentando en relación a su situación fiscal y flexibilidad, así como a la carga de su deuda soberana, particularmente a la luz del aumento de sus pasivos contingentes que podrían materializarse en los balances del Gobierno", aseguraba la calificadora en su comunicado. Además, la agencia de riesgos S&P argumentó esa degradación, desde la nota "A" o notable de la que gozaba España hasta ahora, por el deterioro de la trayectoria del déficit presupuestario del país y el aumento de las probabilidades de que el Gobierno necesite proveer de mayores ayudas fiscales al sector bancario.

Así, y ya puestos, debido a la rebaja de la nota de su deuda soberana, la agencia de medición de riesgo ha revisado también a la baja las proyecciones del PIB español, ya que ahora prevén que se contraiga el 1,5 % este año y el 0,5 % el que viene. "La economía española se está reequilibrando y las medidas que ha tomado el Gobierno deberían facilitar este proceso", apostilla S&P a modo de consuelo.

Sin embargo, alerta de que "el sistema bancario comercial español ha aumentado bruscamente su dependencia de las fuentes de financiación oficial hasta un nivel considerablemente mayor del que anticipamos en enero". Ese fue el mes en el que la calificadora estadounidense aplicó por última vez una rebaja a la nota de la deuda soberana española, cuando la degradó también en dos escalones, desde "AA-" hasta "A", y lo atribuyó al aumento de la crisis de la zona euro y al aumento de los costes de financiación del sector privado.

S&P ha recordado, y con ello ha puesto de manifiesto los errores que el Gobierno está cometiendo, que el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, anunció en marzo pasado que el objetivo de déficit público de este año en España llegará al 5,8 % del PIB, frente al 4,4 % que estaba previsto, y aseguró que es "poco probable que se alcancen esos objetivos debido al entorno económico y financiero".

La agencia de calificación añadió además que "debido al aumento de los riesgos para la recuperación económica española, también hemos considerado un escenario a la baja que, de producirse, podría llevarnos a volver a rebajar su calificación". Como ha hecho en otras ocasiones, S&P aseguró que a la estrategia de Europa para resolver la crisis de deuda "le falta efectividad", aunque aseguró que el nuevo Gobierno español ha implementado "un paquete completo de reformas estructurales que deberían apoyar el crecimiento en el largo plazo".

Con este panorama, el Gobierno se enfrenta este viernes a un nuevo examen de confianza desde el exterior, al aprobar en Consejo de Ministros el programa de estabilidad y el plan nacional de reformas que tiene que enviar a Bruselas antes de que acabe el mes y que incluye, entre otras cosas, un nuevo cuadro macroeconómico para los próximos tres años (2013-2015). Fuentes de la Comisión Europea han señalado a Europa Press que De Guindos confirmó al comisario europeo de Asuntos Económicos, Oli Rehn, en Washington este fin de semana que España enviaría a tiempo el programa de estabilidad. Asimismo, garantizó al comisario que el plan de reformas contendría suficientes medidas para dejar el déficit en el 3% en el año 2013.

El problema bancario

La situación además se ha complicado por la incertidumbre que sigue despertando el sector bancario. Y eso a pesar de los resultados bancarios, que siguen ofreciendo beneficios cada vez menores por las elevadas provisiones exigidas tanto por el Banco de España como por la autoridad comunitaria bancaria, la EBA. Pero la suerte no acompaña en la bolsa y arrecian la desconfianza sobre si la banca necesitará finalmente ayudas públicas. El último en negarlo fue el consejero delegado de Banco Santander, que habló de la resignación de la banca al tener que cubir con fondos propios la reasignación de fondos para el Fondo de Garantías de Depósitos (FGD), vacío tras garantizar las ayudas para las entidades ya intervenidas. El FMI además ha puesto el dedo en la llaga sobre la lentitud en culminar la reforma del sector financiero.

Y hay otro punto que también despierta recelos. La agencia S&P alertó de que "el sistema bancario comercial español ha aumentado bruscamente su dependencia de las fuentes de financiación oficial hasta un nivel considerablemente mayor del que anticipamos en enero". Las peticiones de financiación de las entidades españolas al Banco Central Europeo (BCE) sumaron 316.343 millones de euros en marzo, cifra que representó un nuevo récord histórico y que casi duplica los 169.802 millones que pidieron el mes anterior. De hecho, se ha triplicado en un año la cantidad pedida por nuestro sistema al organismo central europeo.

Según los datos publicados por el Banco de España, las entidades españolas depositaron en el BCE 88.742 millones de euros en marzo, también la cifra más alta de la que se tiene registro hasta ahora y que cuadruplica los 19.665 millones depositados el mes anterior. Al mismo tiempo, todas las peticiones de fondos hechas en marzo por la banca española suponen algo más de la cuarta parte del total solicitado al BCE desde la zona del euro, que alcanzó los 1,13 billones de euros.