Foto: Ciudadanos tienen derecho a tomar agua que no esté contaminada con bromacil, un agrotóxico peligroso para la salud ambiental, animal y humana. Afiche del Frente Nacional de Sectores afectados por la contaminación de la producción Piñera.
El exdiputado condenado por el delito de falsedad ideológica, Otto Guevara; el pastor evangélico ultraconservador Fabricio Alvarado y hasta el gremio sindical de los empresarios la UCCAEP, se han puesto a repetir esta frase difamatoria que ofende a cualquier persona que se precie de amar la naturaleza y protegerla.
Estos señores ofenden a buena parte de una población nacional que identifica con el cuido de los ecosistemas. Dichosamente la opinión pública está de nuestro lado. En mayo del 2021 una encuesta de opinión sobre la percepción de las instituciones en el país, elaborado por el Centro de Investigaciones y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica (CIEP/UCR), revelaba que las organizaciones ecologistas estamos entre las instituciones con más respaldo por parte la población costarricense.
Muy a pesar de lo que dice el señor ministro entrante, ningún ambientalista ha sido condenado por “ser enemigo de las empresas”. Lo que en realidad si existen son empresas condenadas judicialmente por contaminación, deforestación, por invasiones de Áreas Silvestres Protegidas, por secar y desaparecer humedales, por tráfico de vida silvestre, por desviar cauces de ríos o quebradas, etc. Incluso hay evidencia de que las empresas piñeras deforestaron casi 6.000 hectáreas con total impunidad y hasta la fecha no existe un proceso judicial en su contra y así incontables delitos haciendo fila en los tribunales de justicia de este país aún sin procesar.
Las organizaciones ambientales sabemos lo que significan las palabras del ministro entrante Tattenbach. Este gobierno propiciará un clima de impunidad para los delitos ambiental de las empresas y persecución para defensoras y defensores ambientales. Alertamos a todo el país de esto.
El abogado ambientalista Alvaro Sagot en redes sociales ha reaccionado señalando varias interrogantes al respecto que compartimos:
1) ¿En general hay ambientalistas enemigos del sector privado o ambientalistas enemigos del sector privado que genera daños ambientales?
2) ¿Estará el nuevo ministro avalando y motivando un enfrentamiento?
3) ¿El Estado no es quién debe ser el primero en enfrentar fuertemente, por disposición legal, a las empresas que generan daños ambientales?
Finalmente: 4) ¿Sería el Estado enemigo del sector privado por tratar de aplicar las normas ambientales, que por cierto son las mismas que utilizan los grupos ambientalistas?
